Puerto Rico: cuestionan vínculos de nuevo miembro de Junta de Control Fiscal con firma de consultoría McKinsey
Luis Ubiñas fue socio de McKinsey & Company, señalada por conflicto de interés porque asesoraba a la Junta al mismo tiempo que ayudaba al organismo federal a revisar y evaluar contratos con compañías que eran sus clientes
Luis Ubiñas, expresidente de Ford Fundation, fue uno de los nominados por el presidente Biden esta semana para formar parte de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. Crédito: Mark Lennihan | AP
Nueva York- Sectores dentro y fuera de Puerto Rico cuestionaron los nombramientos de miembros a la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) anunciados este miércoles por la Administración Biden, y no vislumbraron cambios en el enfoque del organismo federal inmerso al momento en la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo Título III de la Ley PROMESA.
Ayer, la Casa Blanca informó de tres designaciones al organismo creado bajo la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA) aprobada en el Congreso de Estados Unidos.
La Junta es el ente impuesto por las autoridades federales para administrar las finanzas de Puerto Rico desde el 2016 como parte del proceso de quiebra en el territorio.
La Junta está compuesta por siete miembros nombrados por el presidente y un miembro exoficio nombrado por el gobernador de Puerto Rico.
El empresario puertorriqueño Luis Ubiñas es el nuevo miembro de la Junta, y llenará la vacante que dejó el exdirector de la Compañía de Fomento Industrial, Antonio Medina.
Adicional, el gobierno de Biden anunció la redesignación del exjuez de quiebras Arthur González y de la líder educativa Betty Rosa.
Se va David Skeel, presidente de la Junta de Control Fiscal
El anunció se dio a la par con la noticia de que el presidente de la Junta, David Skeel, abandonará el cargo tras ocho años en el mismo.
Skeel decidió no aspirar a un tercer término.
Skeel era uno de los integrantes originales de la Junta, y en el 2020 sustituyó a José Carrión III en la posición.
En declaraciones escritas citadas por Microjuris, Skeel se atribuyó haber reducido la deuda de Puerto Rico y estabilizar las finanzas.
El experto en derecho corporativo continuará en labores hasta que Biden designe a su sustituto y el nombramiento se haga efectivo.
“Estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos al reducir la deuda y estabilizar las finanzas de Puerto Rico. La estabilidad no es suficiente; debemos continuar nuestro trabajo para completar la recuperación de Puerto Rico y devolverle nuestras responsabilidades al gobierno electo. Sé que la Junta de Supervisión cumplirá con el mandato de PROMESA de garantizar la responsabilidad fiscal a largo plazo, restaurar el crecimiento económico sostenible y brindarle al pueblo de Puerto Rico las oportunidades que se merecen”, compartió Skeel.
“Nunca, en mi vida profesional, había hecho nada que considere tan significativo como mi trabajo para el pueblo de Puerto Rico”, puntualizó.
Las críticas al nombramiento
Sin embargo, no todos comparten la postura del saliente presidente.
Por ejemplo, Rolando Emmanuelli, abogado experto en quiebra que representa a la Unión de Empleados de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) en el caso por la deuda de la AEE, tildó de “verdugo” a Skeel por las medidas de austeridad impuestas por la Junta que dirigió durante los pasados años, y su impulso a la privatización.
“El Procónsul Skeel fue uno de los más activos verdugos de las pensiones, capataz de la privatización de la AEE y el arquitecto de los malos acuerdos de reestructuración que obligan al pueblo a pagar los desmanes de las clases políticas rojas y azules que quebraron el país y lo convirtieron en una colonia totalmente disfuncional. Se va dejando el sistema eléctrico en su peor estado y en una incertidumbre que augura años de quiebra permanente. Gracias por nada Sr. Skeel”, compartió en una publicación en la red social X.
De paso, cuestionó el nombramiento de Ubiñas, ya que es exsocio de McKinsey & Company, firma de consultoría que ha sido señalada por conflicto de interés, ya que asesoraba a la Junta al mismo tiempo que ayudaba al organismo federal a revisar y evaluar contratos con compañías que eran sus clientes.
“La puerta giratoria en acción. Ubiñas es ex-socio de McKinsey, la desprestigiada firma de sabelotodos que tiene señalamientos de conflictos de intereses por doquier. Asesora a Puerto Rico y a la Junta y es responsable del pantano financiero en el que estamos”, planteó Emmanuelli.
Actualmente, el Departamento de Justicia federal encabeza un caso criminal contra la empresa por sus servicios a productores de opioides.
Por su parte, el economista José Caraballo Cueto anticipó más medidas económicas severas contra los puertorriqueños que seguirán pagando los platos rotos de pasadas administraciones.
“El renombramiento de Rosa y González, así como el nombramiento de Ubiñas, no provocarán cambios profundos en la Junta Fiscal. La salida de Skeel sí, pues es el Presidente; y quien lo sustituya, puede quizás ser más generoso con los bonistas de la AEE, que es la única deuda pendiente. El ser generoso con los bonistas implica ser severo con la población de PR que es la que paga los platos rotos”, indicó a El Diario el profesor universitario, quien fue abordado en dos ocasiones para formar parte de la Junta y rechazó las ofertas.
El exportavoz hispano de Barack Obama y Nancy Pelosi, Federico de Jesús, planteó que, en lugar de reconfigurar la Junta, las autoridades federales deberían estar desarticulando el organismo y facilitando su salida de la isla.
“En enero, el presidente Biden nombró a un exejecutivo de Wall Street a la Junta de Control Fiscal. Esta semana nombró a un exsocio de la firma McKinsey, la firma que tiene conflictos de intereses tan severos que el Congreso tuvo que aprobar una ley de la congresista Nydia Velázquez para darle mayor transparencia a las contrataciones de la Junta. Ya el pueblo está cansado de la austeridad, los conflictos y la imposición antidemocrática y colonial de esa Junta y es hora que el Congreso le ponga fecha de salida”, dijo el consultor de grupos de la diáspora en Washington D.C.
De Jesús se refiere a ley PRRADA o la “Ley de Exactitud de Divulgación en Puerto Rico”, que obliga a las partes vinculadas al proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico a divulgar posibles conflictos de intereses previo a cobrar por servicios relacionados con el proceso.
Biden convirtió a PRRADA en ley pocos días después de que la jueza Laura Taylor Swain certificó el Plan de Ajuste de la Deuda del gobierno central de Puerto Rico, que redujo a unos $33,000 millones la obligación.
Cuestionan a la Junta por nuevo presupuesto para la AEE
Poco antes de estos nombramientos, la Junta volvió a ser centro de cuestionamientos públicos tras anunciar que impondrían su versión del presupuesto a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para el año fiscal 2024-2025, ya que el presentado por el gobierno de Puerto Rico contempla un déficit de unos $59.2 millones.
Se suponía que el gobernador Pedro Pierluisi tenía hasta las 11:59 p.m. de ayer para someter la versión enmendada del presupuesto de la corporación, según el reporte de El Vocero. De acuerdo con el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, el documento original está en incumplimiento con la Ley PROMESA.
Mujica planteó que los gastos para GenCo (activos de generación manejados por Genera PR), HydroCo (operador de embalses, hidroeléctricas y sistemas de riego) y HoldCo (a cargo del proceso legal y administrativo) están por encima de las asignaciones determinadas por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP).
La posibilidad de una asignación mayor de fondos para la AEE ocurre en medio de un reforzamiento en las denuncias de ciudadanos, activistas y sindicatos debido a los recientes apagones masivos en la isla bajo LUMA Energy, compañía privada encargada desde hace tres años opera el suministro y transmisión de energía eléctrica.
Las interrupciones en el servicio se reportan a pesar de aumentos consecutivos en la tarifa eléctrica desde la entrada en vigor del contrato en el verano del 2021.
Los nombrados por Biden a la Junta de Control Fiscal
Arthur J. González
Cuenta con un doctorado de Fordham University School of Law y una maestría en impuestos de New York University School of Law.
Sus primeros pasos como abogado fueron en la Oficina del Asesor Jurídico Principal del Servicio de Rentas Internas (IRS). González fue fideicomisario asistente en el Distrito Sur de Nueva York del Departamento de Justicia. Inició sus labores como juez en el 1995 en la Corte de Quiebras para el Distrito Sur. Con el paso del tiempo se convirtió en juez presidente.
Tras su retiro en marzo de 2012, pasó a ser alto miembro en New York University School of Law. Antes de empezar su carrera legal, González fue maestro en las escuelas de NYC por 13 años.
Betty A. Rosa
Rosa fue nombrada en febrero de 2021 como comisionada de Educación y presidenta de University of New York.
Rosa cuenta con maestría y doctorado en Administración, Planificación y Política Social de Harvard University. Además completó otras dos maestrías; una en Administración y Supervisión, la otra en Educación Bilingue de City College of New York y Lehman College, respectivamente. También obtuvo un bachillerato en psicología de City College of New York.
Luis Ubiñas
Ubiñas se ha desempeñado en el sector empresarial, gubernamental y sin fines de lucro.
Aparte de haber sido socio de McKinsey & Company, fue presidente de Ford Foundation. Laboró, bajo la Administración Obama, en Export-Import Bank e International Trade Commission. Por los pasados años ha sido inversor, asesor y miembro de junta.
Al momento, Ubiñas es director de Statue of Liberty-Ellis Island Foundation, entidad que recientemente anunció un proyecto de $100 millones para Ellis Island National Museum of Immigration. Ubiñas también formó parte de la Junta Asesora de United Nations Fund for International Partnerships y New York Public Library.
Ubiñas se graduó de Harvard College y de Harvard Business School.
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