¿En qué consiste la propuesta de “Queremos Sol” para que la AEE salga de LUMA y Genera y vuelva a ser una corporación pública?

Nueva York – El comité propuesto por la organización “Queremos Sol” como parte de una transición de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a manos públicas nuevamente estaría compuesto por expertos de distintos sectores que harían recomendaciones a la legislatura de Puerto Rico sobre las vías para reestructurar la entidad.

El llamado Comité Independiente de Transición Energética (CITE) forma parte del plan que desarrollaron los integrantes de la coalición para que Puerto Rico alcance las metas de energía renovable propuestas.

¿Por qué la AEE debe volver a manos públicas?, según Queremos Sol

Maritza Maymí, portavoz del grupo, explicó que, a grandes rasgos, la propuesta se divide en dos partes, y que la creación del comité está ligado al aspecto de gobernanza.

“Si se cancelara el contrato de LUMA, tiene que haber una transición para recobrar ese sistema. Tiene que crearse una ley habilitadora nueva que pueda restructurar la Autoridad, y entonces la propuesta que se planteó en estos días del comité de transición es un comité que tendría como responsabilidad evaluar la información que presente Genera, por ejemplo, sobre presupuesto, su uso, la infraestructura que están utilizando, etc., y que ese comité haga recomendaciones a la Legislatura, al gobierno de Puerto Rico sobre la manera en la que se puede reconstruir esa entidad pública…”, indicó la profesora en entrevista con El Diario.

Como resultado de las constantes interrupciones en el servicio y los retrasos en la reparación y modernización de la red eléctrica, el llamado para que se cancelen los contratos de LUMA y Genera se ha generalizado.

Queremos Sol ha liderado buena parte de los esfuerzos en esa dirección, y ha presentado sus recomendaciones para retomar la corporación.

“La propuesta se elaboró después de las experiencias de los huracanes Irma y María y se presentó en el 2018. Grupos comunitarios y ambientales diversos y expertos en el tema se reunieron y elaboraron esta propuesta que tiene dos partes. Una es la parte técnica, que es la de la instalación de sistemas solares en techos con baterías y que esa red sea distribuida, porque uno de los problemas principales acá en Puerto Rico es que la red siempre va a estar vulnerable mientras esté centralizada. Si la energía se produce en dos o tres focos, que es lo que ocurre en este momento, requiere muchas millas de cablería y de postes y torres de transmisión y distribución, que eso fue precisamente lo que destrozó María…La propuesta de Queremos Sol lo que busca, por un lado, es que la energía se produzca donde mismo se consume, y por eso en los hogares eso le da más resiliencia a la gente, porque no dependen de que le llegue la energía, sino que se está produciendo desde su propio techo”, abundó Maymí.

La AEE se encuentra bajo control privado con LUMA Energy y Genera PR, quienes manejan la transmisión y distribución de la energía, y la generación, respectivamente.

El contrato de LUMA mediante alianza público privado con el gobierno de Puerto Rico entró en vigor oficialmente en el 1 de junio 2021, mientras que el de Genera el 1 de julio pasado.

Los activistas sostienen que un elemento esencial como la energía eléctrica no debe estar privatizado, ya que el fin primordial de estas compañías es el lucro y no el servicio a la ciudadanía ni la rendición de cuentas.

Por otro lado, Queremos Sol cuestiona que, a pesar de que las autoridades locales y federales esbozan el discurso de la transición a energía renovable bajo leyes como la 17 del 2019 (Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico), las acciones y la asignación de fondos han ido dirigidas a mantener la centralización del sistema bajo empresas privadas y a desarrollar infraestructura para la operación con gas natural.

Alcance del Comité Independiente de Transición Energética (CITE)

El consejo que impulsa Queremos Sol estaría conformado por expertos en distintos ámbitos dentro de la industria energética para promover las ideas de participación, transparencia e inclusión.

“¿Quiénes compondrían ese comité? Expertos en el tema energético, cuya finalidad sea el bien público. Por ejemplo, hay que tener representación del sector comunitario, esencialmente de aquellas comunidades que han sido históricamente impactada por la quema de combustibles fósiles en Puerto Rico…; tendríamos representantes de los sectores ambientales que tienen pericia en el tema energético; tendríamos representantes del sector privado empresarial; expertos en energía eléctrica de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Mayagüez, preferiblemente, en ingeniería eléctrica. Sería un grupo de personas que representan a distintos sectores de la sociedad que tienen expertis en la materia y que pueden contribuir al desarrollo de una ruta de cómo recobrar ese sistema”, precisó.

“”Este Comité representaría el primer paso hacia la transformación en la gobernanza de una nueva empresa pública a cargo del sector energético. Será responsabilidad del CITE evaluar la información que se presenta en el proceso de transición y presentar recomendaciones para adoptar en el
corto plazo. Las recomendaciones deben estar alineadas con los postulados de
gobernanza para comenzar la operación efectiva de una nueva empresa pública que ofrezca un servicio confiable, asequible, justo, democrático y basado en la eficiencia, la energía renovable distribuida, el almacenamiento de energía y otras alternativas a la generación fósil y centralizada”, detalla el texto de “Queremos Sol: Nueva gobernanza para la sostenibilidad energética y ambiental”.

Una manera de atajar problema de politización de la AEE

A juicio de Maymí, esa es la manera de atajar el problema de politización que afecta a la Autoridad desde hace décadas, y que, ha llevado a la entidad a una quiebra de la que aún no ha podido salir.

“El problema principal del asunto energético es la politización del mismo. Por muchas décadas, la Autoridad y su precursora, la de Fuentes Fluviales, estaban para dar un servicio y garantizar un servicio público de energía a los campos del país, porque había una necesidad de servir a la gente y de promover el desarrollo económico. En la medida en que se fue politizando, las personas que estaban a cargo de ese sistema, en lugar de ser personas de carrera, profesionales; ahí es que empiezan los problemas. Precisamente, por eso es que la propuesta de Queremos Sol tiene una promesa de gobernanza que es distinta. No serían los gobernadores de turno los que estén haciendo nombramientos, serían diversos sectores sociales los que harían nombramientos”, analizó.

“Pero en términos del organigrama de la Autoridad, ¿quién va a estar arriba realmente si volviéramos a un modelo público? Hay una junta de gobierno, ¿esta junta de gobierno seguiría existiendo o cuál sería su funcionamiento?”, indagó El Diario.

“Según el plan de gobernanza de Queremos Sol, habría una junta de gobierno que no se tendría que llamar así, pero es como una junta administrativa que es donde se toman las decisiones de política pública y de gestión de la Autoridad. Ese sería el órgano máximo de esa corporación pública que nosotros proponemos que se llame una corporación pública de energía renovable (Compañía de Energías Renovables y Servicios Eléctricos / CERSE), para que en su nombre esté claramente cuál es la dirección energética que se quiere promover en el país. Esa constitución de esa junta de gobierno sería semejante a ese comité de transición que tendría representantes de varios sectores. (Los miembros de) la junta de gobierno serían seleccionados por esos sectores; eso es lo que nosotros recomendamos. Obviamente para que esto ocurra tiene que haber un proyecto de ley, un debate público, y eso podría cambiarse, pero esta es nuestra propuesta?”, abundó la entrevistada.

La idea detrás del proceso es que la mayoría de los miembros de esa junta no sean funcionarios públicos, aunque incluiría dos miembros ex officio nombrados por el gobernador o gobernadora.

“Lo que estamos proponiendo es una junta de gobierno que tenga plena participación ciudadana, y que hay decisiones que se toman, que ahora las toma una junta, que tendrían que ser para consideración ciudadana. Por ejemplo, en el caso de contratos que sean de más de $5 millones, que se hagan consultas públicas sobre el uso de esos recursos”, agregó.

“Quien gobierne solo nombrará dos funcionarios ex officio. Los demás miembros de la junta serán representantes de sectores escogidos por estos: (4) las comunidades impactadas por la infraestructura eléctrica y grupos ambientales (a través del Consejo Ciudadano), (1) los trabajadores, (1) el sector privado y (1) la academia. La Junta de Gobierno será la que designe el/la directora Ejecutivo(a). Todos los miembros de la junta deberán poseer cualificaciones/experiencia directamente relacionadas con la energía y el ambiente. Se requerirán consultas ciudadanas más amplias o referéndums antes de que la junta pueda tomar ciertas decisiones, incluyendo, por ejemplo, la firma de contratos que excedan los 5 años”, especifica el documento de la propuesta.

“¿Cómo se determinaría el recurso humano o el tránsito de empleados, ya sea los que salieron versus los que están con LUMA, y que inversión de dinero implicaría?”, indagó El Diario.

“LUMA tiene muchos empleados que han traído de fuera, canadienses y de Estados Unidos; que de hecho, ese es uno de los problemas que la empleomanía que tienen estas compañías tanto LUMA como Genera. Son personas que no conocen nuestra topografía; no conocen el sistema eléctrico. Pero, hay empleados que tiene LUMA que transicionaron de la Autoridad de Energía Eléctrica hacia allá. Nosotros no vemos ningún problema con que las personas que están capacitadas para operar el sistema, reingresen a laborar”, respondió.

“Las personas que están capacitadas, tienen la pericia, y pueden aportar al sostenimiento del sistema, definitivamente, debe haber cabida”, recalcó.

“¿Ese proceso se determinaría a través de esa nueva ley de la corporación o como se tendría que hacer ese proceso?”, planteó este periódico.

“Yo entiendo que sí debe habilitarse por ley, y de hecho, como parte del proceso de transición; no es que sacas los empleados de uno y entra otra gente. Es una transición, tiene que haber una combinación de los dos elementos”, contestó.

Cuando LUMA entró a operar el sistema de transmisión y distribución, empleados que estaban adscritos a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) no aceptaron la oferta de empleo de la compañía, y renunciaron.

Para mayo del 2021, unos 600 empleados de la AEE habían salido de la corporación tras rechazar los procesos de traslados a otras agencias gubernamentales propuestos por LUMA.

“Uno de los problemas que hubo en el proceso de privatización es que precisamente uno de los objetivos políticos era deshacerse de la unión, la Utier principalmente, que era la que agrupaba a esos trabajadores que operaban el sistema energético; precisamente, se hizo con clara intención de que esos trabajadores no pasaran a la nueva empresa privada.Ellos iban a perder todos sus beneficios adquiridos hasta ese momento; iban a perder sus pensiones; iban a perder el seniority. Es muy difícil tú decirle a un empleado, ‘yo te voy a dar trabajo’, y vas a hacer lo mismo que estabas haciendo, en el mismo lugar, con el mismo equipo, ‘pero lo que tu cotizaste de tu pensión, lo vas a perder’, ‘los años de servicio que ya tú tienes los vas a perder’…Hay que entender la decisión de los empleados que decidieron no transicionar al sector privado; y, por otro lado, porque muchos de esos empleados también estaban bajo la fuerte convicción de que el sistema energético tenía que ser público”, sostuvo Maymí.

Actualmente, los empleados de la Utier batallan a nivel federal por la permanencia de su convenio como parte del pleito por la quiebra de la Autoridad y el pago a los bonistas bajo Título III.

Las penalidades si se cancela contrato con LUMA

Otro asunto sobre el que han alertado expertos en el tema del contrato de LUMA con el gobierno de Puerto Rico es que, de iniciar un proceso de este tipo, se le tendrían que pagar cientos de millones de dólares a la empresa en penalidades por la terminación.

Sobre esto, la profesora argumentó que es más lo que se está perdiendo con LUMA que lo que implicaría el pago por penalidades.

“Ahí entonces hay que sopesar, y eso es partiendo de la premisa que la opción sería cancelar y no rescindir el contrato; porque si se rescinde, no hay penalidad alguna que pagar porque el contrato es nulo. Si fuera cancelación…vamos a pensar que hubiese que pagar una penalidad de ciento y pico de millones de dólares…hay que sopesar. Ahora mismo en Puerto Rico hay $12,000 millones de dólares de fondos federales para restablecer y reconstruir el sistema energético de Puerto Rico. Ahora LUMA está diciendo que se van a gastar $1,000 millones en poda de árboles nada más…Esta gente, cuatro años después de iniciar ese contrato, no han hecho ninguna obra capital de mejoras; no han podido estabilizar el sistema. Vamos a sopesar, vamos a dejar que esa gente siga gastando los millones de dólares que se les pagan todos los años para operar el sistema, pagando la millonada a sus oficiales administrativos, cuando Puerto Rico no está recibiendo ningún beneficio de eso. Entonces, tú dices, ¿cómo pierdo menos?”, puntualizó.

Queremos Sol también propone revisar estructura del Negociado de Energía

La propuesta de Queremos Sol además dispone para revisar la estructura y propósito del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), ente regular de la industria en la isla, para que funcione
como un organismo autónomo responsable de cocrear, administrar y fiscalizar la reglamentación y planificación necesaria para lograr un sistema eléctrico democrático y sostenible y basado en la energía renovable distribuida. El plan también contempla reducir a un máximo las contrataciones de consultores y abogados externos y promover la transparencia y rendición de cuentas para hacer pública
de manera oportuna e inmediata información relevante del sistema eléctrico.

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