Puerto Rico: Junta de Control Fiscal demanda a Administración Pierluisi para anular ley que extendió beneficios de medición neta
El programa de medición neta es esencial para avanzar con las metas de energía renovable en la isla
Robert Mujica fue director de presupuesto del Estado de Nueva York antes de formar parte de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. Crédito: Hans Pennink | AP
San Juan – La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico anunció este viernes que presentó una demanda contra el gobernador, Pedro Pierluisi, para anular la Ley 10-2024 y así permitir que el Negociado de Energía continúe operando libre de influencia política.
El ente fiscal, creado por el Congreso estadounidense para supervisar las finanzas públicas de la isla y reestructurar su multitudinaria deuda, radicó la demanda en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Puerto Rico.
Según el comunicado, “la independencia del Negociado de Energía es un elemento clave de la transformación energética de Puerto Rico“, que sigue sufriendo apagones debido a la mala gestión y a la destrucción de la red eléctrica causada por el huracán María en 2017.
La nota señaló que la Ley 10 socava la autonomía del Negociado de Energía y, al hacerlo, interfiere con la experiencia del Negociado para “servir a los deseos de intereses particulares”.
“El Gobierno de Puerto Rico creó y fortaleció el Negociado de Energía para supervisar el sistema energético después de años de mala gestión política que llevaron a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a la bancarrota y dejaron a Puerto Rico con una red eléctrica en ruinas”, dijo el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, Jr.
“Crear un Negociado de Energía independiente fue la decisión correcta”, agregó.
El impacto en el programa de medición neta
Al llevar a cabo esta acción, la JSF aseguró que no busca ponerle fin a la medición neta, como alegan los defensores de la Ley 10, ni pretende imponer cambios al programa de medición neta.
Esta acción busca únicamente eliminar “las restricciones corrosivas y peligrosas motivadas políticamente sobre el Negociado de Energía, que amenazan con socavar el progreso que el Negociado de Energía ha logrado en los últimos años en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, indicó el comunicado.
La JSF aseveró que invalidar la Ley 10 no cambiaría los términos para aquellos clientes de la AEE que ya han instalado paneles solares.
“La energía renovable es un elemento clave de la transformación energética de Puerto Rico, y la medición neta es una herramienta muy importante para hacer que los paneles solares en los techos sean más accesibles y asequibles. Sin embargo, determinar qué es lo que le conviene al interés público no debe dejarse en manos de intereses particulares”, dijo Mujica.
