Juan Dalmau insiste en cancelación de contratos de LUMA Energy y Genera PR como parte de plan de gobierno de la Alianza
Para avanzar un proceso de cancelación, se tiene que probar que LUMA Energy y Genera PR están incumpliendo con las disposiciones de sus respectivos contratos
Juan Dalmau y Ana Irma Rivera Lassén son los candidatos a la gobernación de P.R. y comisaría residente por la Alianza. Crédito: AP
Nueva York – El candidato a la gobernación bajo la insignia del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) pero en alianza con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Juan Dalmau, insistió en que, de prevalecer en las elecciones, buscará cancelar los contratos tanto de LUMA Energy como de Genera PR, compañías privadas encargadas de la transmisión y generación de energía eléctrica en la isla, respectivamente.
Dalmau dijo que buscará una conversación con los representantes de ambas entidades que lleve a un proceso consensuado en respuesta al incumplimiento de las cláusulas contractuales bajo las que se guían estas empresas.
“Sobre la mesa, en esas conversaciones, va a estar el inventario de los incumplimientos de ambas entidades con respecto a sus obligaciones contractuales. El incentivo es evitar que esto se convierta en un proceso contencioso, en los cuales, al final del camino, ellos perderían, no solo judicial, sino económicamente, por el costo de representación legal. La idea sería que nos sentemos a la mesa y activemos las cláusulas contractuales con respecto a la disolución”, expuso Dalmau a medios de prensa en una conferencia este miércoles.
Para avanzar en un proceso de cancelación, entre otras cosas, se tiene que probar que LUMA Energy y Genera PR están incumpliendo con las disposiciones de sus respectivos contratos con el gobierno de Puerto Rico. La Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) debe iniciar el proceso a través de un aviso de incumplimiento. Expertos en el tema han indicado que un trámite de este tipo podría tomar años y que las empresas pueden, no solo responder a las alegaciones, incluso corregir lo que se le está señalando y el proceso no culminar en la cancelación. También han manifestado que cualquier acción de este tipo tiene que darse acorde con lo que establece el contrato sobre el particular. Además, la cancelación implicaría el pago de penalidades o ‘termination fee’ (tarifa de terminación) que en el caso de LUMA podrían ascender a hasta $120 millones, sin considerar otros costos como de transferencia y ajuste por inflación.
Actualmente, LUMA opera bajo un contrato temporal debido a que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aún no ha reestructurado su deuda bajo Título III. Si se fuera a activar un proceso de cancelación en esta fase, el alegato general podría ser que la empresa no está cumpliendo con sus obligaciones materiales o en proveer el servicio que prometieron. Una vez entre en vigor el contrato oficial, si se aprueba un plan de ajuste para la corporación, se activarían las métricas de desempeño para evaluar a LUMA y ver si está cumpliendo o no.
Dalmau consideró que la negativa de las empresas no sería impedimento para la cancelación y que hay prueba suficiente para encaminar un proceso de este tipo.
“LUMA tiene una obligación de mantenimiento, desganche, actualización de materiales, de subestaciones y, sin embargo, eso no ha ocurrido. Cuando han tenido que hacer brigadas, por ejemplo, para desganche o mantenimiento, han pedido más dinero de lo que el contrato dispone para esas obligaciones. Es un ejemplo por lo cual se podría, entre otros, encausar a LUMA. En el caso de Genera, recientemente en vistas públicas, reconocieron que están dando unos servicios para actualizar las plantas de generación y, sin embargo, no ha sido suficiente porque vuelven y se caen los sistemas. Ahí, está el historial”, agregó el candidato quien estuvo acompañado de la candidata a la comisaría residente Ana Irma Rivera Lassén.
Los 10 puntos del programa conjunto de la Alianza
La intención de cancelar los contratos de alianza público-privada forma parte de los 10 puntos del programa de gobierno conjunto de ambas colectividades anunciado ayer.
La propuesta en la que insistieron los líderes de la Alianza responde al descontento generalizado por el pobre desempeño de ambas empresas que se evidencia, sobre todo, en los apagones recurrentes.
En una conferencia previa en la que anunciaron la reforma de política pública energética que implementarían en Puerto Rico de ganar las elecciones, Dalmau, explicó que el primer paso sería ordenar a la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas la designación de un equipo de expertos que recopilará material sobre los incumplimientos y notificará a las compañías. Esto, de acuerdo con el líder pipiolo, serviría de base para activar las cláusulas por violaciones a las disposiciones contractuales.
Posteriormente, se convocaría a los directivos tanto de LUMA Energy como de Genera PR para negociar una salida ordenada en un plazo que no supere los seis meses. Si el caso es que no se llega a un acuerdo, cuando se cumplan los términos establecidos en los convenios, las autoridades gubernamentales cancelarían los contratos por incumplimiento. A la par, presentarían un recurso legal en el que se argumente que los contratos son contrarios al orden público y nulos.
La tercera parte del plan de los miembros de la Alianza es establecer un nueva administración en la Autoridad compuesto tanto por personal de la corporación como de LUMA, para garantizar que se sigan brindando los servicios mientras se establece mediante acción legislativa un modelo público de gobernanza.
Aparte del tema de LUMA Energy y Genera PR, el plan de objetivos programáticos compartidos incluye la meta de eliminar la corrupción para instaurar un gobierno honesto y eficiente.
“Para lograr un gobierno honesto hay que prevenir, identificar y penalizar todo acto de corrupción gubernamental, incluyendo reformar el financiamiento de campañas para evitar el inversionismo político en los contratos gubernamentales”, indicaron los líderes de la Alianza mediante un comunicado.
También destacaron la necesidad urgente de descolonizar a Puerto Rico mediante la convocatoria a una Asamblea Constitucional de Estatus como mecanismo procesal para que el pueblo ejerza su derecho a la libre determinación.
“Luego de un proceso de negociación y diálogo y una campaña educativa sobre las opciones descolonizadoras acordadas, el pueblo tomará la decisión en una votación vinculante”, lee otro de los puntos de la propuesta conjunta.
Los partidarios de la Alianza además creen en impulsar un sistema universal de salud para Puerto Rico que garantice el acceso a servicios de calidad que no esté controlado por las aseguradoras y con énfasis en la prevención de enfermedades.
En cuanto a la educación, se comprometieron restituir el presupuesto a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y garantizar su autonomía.
“Construiremos un sistema educativo fuera del control partidista que fomente la participación protagónica de los actores escolares, provea una educación integral, y apoye el desarrollo intelectual, físico y emocional de cada estudiante, con capacidad de análisis crítico”, añadieron sobre este particular.
Otros asuntos de prioridad compartidos son: desarrollo económico sostenible y eliminación de la Junta de Control Fiscal; defensa de nuestros recursos naturales mediante la planificación urbana sostenible, incluyendo las playas y zonas costeras; la defensa de los derechos humanos de modo que se respete la dignidad, intimidad e igualdad de todas las personas, independientemente de su raza, sexo o género, orientación sexual o identidad de género, etc.
Los representantes de la Alianza además planean derogar el Código Electoral de 2020, “luego de un proceso de diálogo para acordar los lineamientos de un nuevo ordenamiento electoral plenamente democrático”.
Adicional, proponen un modelo de seguridad pública solidario, transparente, ágil y efectivo, que a la vez promueva una política salubrista sobre el problema del uso y abuso de sustancias controladas.
“El PIP y el Movimiento Victoria Ciudadana han identificado diversos aspectos comunes en sus respectivos programas de gobierno, para responder, mediante la promoción y protección de los derechos humanos, a las necesidades del pueblo de Puerto Rico. Hemos recogido esas visiones comunes en cuanto a los problemas y las soluciones que reclama el país en unas 10 propuestas con las que ambos partidos están comprometidos, así como lo están también diversos sectores de la sociedad civil del país. Es preciso encaminar al gobierno por una nueva ruta de honestidad y eficacia, al servicio del pueblo”, planteó Dalmau sobre el contenido del plan.
Añadió que el documento fue creado por expertos en las distintas áreas que saben como ejecutar.
“Estas propuestas surgen de personas que conocen de primera mano, ya no solo en términos teóricos, en términos de su activismo y ejecución por tantos años, el que podamos ejecutar estas ideas de acuerdo a las necesidades que tiene el pueblo de Puerto Rico”, agregó el también secretario general del PIP durante la conferencia.
Por su parte, Rivera Lassén describió el programa como un punto de partida para alcanzar un gobierno inclusivo.
“El Programa de Gobierno de la Alianza presentado es el comienzo de lo que tenemos planeado para los próximos cuatro años de gobierno honesto y administración sana y eficaz. Nuestro punto de partida, como siempre, es la solidaridad y la inclusividad, desarrollando estas propuestas concretas que lograrán un desarrollo económico sostenible para Puerto Rico sin tener que sacrificar otros asuntos importantes como el ambiente y los derechos humanos. Este Plan de Gobierno encaminará a Puerto Rico hacia un futuro justo y le devolverá al pueblo de Puerto Rico, tanto aquí como en la diáspora, la esperanza que ha perdido”, argumentó.
Para lograr estas metas, se requiere mayoría en las principales entidades gubernamentales en Puerto Rico, incluyendo la Legislatura. Sobre esto, Dalmau dijo: “En la Alianza, el PIP y Victoria Ciudadana han postulado candidatos y candidatas a todos los puestos electivos. Nosotros podemos hacer un nuevo modelo de gobierno con una mayoría legislativa y una mayoría en las alcaldías, con la comisaría residente y con la gobernación. Todos los candidatos y candidatas están comprometidos con los puntos comunes que recogen nuestras aspiraciones como colectividades”.
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