Hombre de Perú es acusado de múltiples cargos por defraudar a varios hispanos en EE.UU.
Las autoridades solicitaron la extradición del peruano para que sea juzgado en Florida, donde llevó a cabo la mayoría de los fraudes
El Departamento de Justicia y el Servicio de Inspección Postal (USPIS) anunció que un residente de Lima, Perú, fue extraditado a Estados Unidos y procesado en un tribunal federal en Miami, donde está acusado de facilitar esquemas de fraude perpetrados por numerosos centros de llamadas que defraudaron a varias víctimas en Estados Unidos.
David Cornejo Fernández, de 36 años, enfrentará cargos federales de fraude electrónico, extorsión y conspiración. Las autoridades informaron que Cornejo fue arrestado el 17 de mayo por las autoridades peruanas mientras se llevaba a cabo la solicitud de extradición de Estados Unidos.
En febrero de 2023, se presentó una acusación federal de seis cargos contra el acusado en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Florida y se hizo pública tras la extradición del acusado a los Estados Unidos. El acusado ha sido acusado de conspiración, fraude electrónico y extorsión.
Defraudó a hispanos del 2012 al 2019
Cornejo proporcionó líneas telefónicas basadas en Internet, servicios de suplantación de identificación de llamadas y capacidades de grabación a centros de llamadas fraudulentos desde noviembre de 2012 hasta junio de 2019, dijo USPIS en un comunicado.
Cornejo proporcionó a sus cómplices en Perú la tecnología para realizar llamadas fraudulentas y extorsivas a hispanos vulnerables en los Estados Unidos, dicta la sentencia.
“El sistema de justicia estadounidense no tiene límites cuando se trata de llegar a los estafadores que se aprovechan de las poblaciones más vulnerables de nuestra nación, entre las que se incluyen los ancianos y los inmigrantes recientes”, dijo el fiscal federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida.
Prometían premios a las víctimas
Los delincuentes le decían a las víctimas que habían sido seleccionadas para recibir un premio, como por ejemplo una tableta que contenía un curso de inglés y la mayoría de las víctimas expresaron interés en recibir los premios.
Las víctimas hispanas debían realizar grandes pagos para recibir los premios, cuando algunos de ellos se negaban, los delincuentes los amenazaban diciendo que enfrentarían graves consecuencias, incluidos procedimientos judiciales, arresto o daño a su estatus migratorio, si no pagaban lo que les exigían.
A las víctimas que no hicieron caso, Cornejo y sus cómplices los llamaban y se hacían pasar por abogados, funcionarios judiciales, agentes federales y oficiales de policía para amenazar e intimidar a las víctimas para que hicieran los pagos.
Amenazaban a los hispanos si no pagaban
Cornejo proporcionó a sus cómplices el software y les dio la capacitación para hacerse pasar de manera convincente por funcionarios del gobierno y extorsionar a las víctimas para que hicieran los depósitos de dinero, informó USPIS.
El acusado también colocó grabaciones en las líneas telefónicas entrantes de sus cómplices que parecían ser grabaciones de tribunales, departamentos de policía y agencias federales de Estados Unidos, incluido el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Estas grabaciones realzaron la aparente legitimidad de las llamadas amenazantes y se utilizaron para extorsionar a hispanos vulnerables en el Distrito Sur de Florida y en todo Estados Unidos.
Si resulta culpable enfrenta 20 años
“La División de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia perseguirá y procesará a los delincuentes transnacionales que buscan aprovecharse de los consumidores estadounidenses vulnerables”, dijo el Fiscal General Adjunto Principal Brian M. Boynton, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia.
Y agregó: “Agradezco a la República del Perú, incluida la Policía Nacional del Perú, por su ayuda para extraditar a esta persona para que enfrente cargos aquí en los Estados Unidos”.
Si es declarado culpable, David Cornejo se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia después de considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
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