SNAP y otros asuntos: ¿cómo beneficia a Puerto Rico el paquete de presupuesto federal y la extensión de Farm Bill en el Congreso?

Republicanos y demócratas lograron un acuerdo para evitar un cierre gubernamental que incluye la extensión de la Ley Agrícola o “Farm Bill”

Ley de presupuesto en el Congreso

El acuerdo de presupuesto entre republicanos y demócratas en el Congreso evitará el cierre gubernamental en EE.UU. Crédito: Scott Applewhite | AP

Nueva York – El gobierno de Puerto Rico y grupos de interés tendrían unos nueve meses para seguir presionando en el Congreso por una transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al de SNAP (Asistencia Nutricional Suplementaria) luego de que legisladores alcanzaran anoche un acuerdo sobre el paquete de presupuesto para evitar un cierre gubernamental, que incluye la extensión de la Ley Agrícola o “Farm Bill”.

Si para la medianoche del viernes, demócratas y republicanos no aprueban el pacto de financiación, agencias e instrumentalidades del gobierno podrían cerrar por falta de fondos.

Esta tarde trascendió que debido a la inconformidad de varios líderes republicanos con el contenido del acuerdo, incluyendo la del presidente entrante Donald Trump, se podrían tener que hacer cambios a la legislación o incluso impulsar una nueva, según reportó El Nuevo Día.

El proyecto de ley de poco más de 1,500 páginas que todavía debe ser ratificado prolonga el presupuesto hasta el 14 de marzo, cuando el presidente entrante Donald Trump haya asumido el poder.

El paquete presentado incluye $100,000 millones de dólares en ayuda de emergencia por desastres, y otros $30,000 para apoyar a agricultores bajo el mismo renglón.

En el caso de la Ley Agrícola, que contiene las disposiciones para programas de asistencia nutricional como SNAP, su vigencia se extendió hasta septiembre de 2025, luego de que la más reciente ampliación caducara el 30 de septiembre pasado.

A partir de ahora, el mayor reto lo enfrentan los representantes de los sectores interesados en la transición, ya que deberán convencer a los republicanos, que tendrán mayoría en ambos cuerpos a partir de enero, sobre la importancia de que Puerto Rico se inserte en el programa.

Los portavoces de los republicanos en los comités de Agricultura tanto en Cámara como en Senado, Glenn “GT” Thompson (Pennsylvania) y John Boozman (Arizona), respectivamente, no favorecen el cambio de programas, particularmente por la asignación adicional de fondos que implicaría para Puerto Rico. En el caso del presidente del comité de Agricultura en la Cámara, este ha insistido en que el territorio no está preparado o no cuenta con la infraestructura para un cambio de programas.

Sergio Marxuach, del Centro para la Nueva Economía (CNE) ve complicado, aunque no imposible, convencer a los republicanos de la necesidad de la transición.

“La extensión hasta septiembre del año que viene nos da nueve meses de oportunidad para tratar de convencerlos. Ahora mismo yo creo que la respuesta sería, ‘eso no va a pasar’. Pero, de aquí a nueve meses, quién sabe, y con esfuerzos coordinados del gobierno de Puerto Rico, de entidades sin fines de lucro, que estamos involucrados en esto, la industria de alimentos, organizaciones en Estados Unidos que atienden el problema del hambre e inseguridad alimentaria…a lo mejor se puede lograr algo. No creo que debemos derrotarnos nosotros mismos de entrada. Que va a ser díficil, sí va a ser difícil…Convencer a los republicanos particularmente en el Senado va a ser difícil, como todos los asuntos de Puerto Rico. Por lo menos en la Cámara tenemos un representante que, aunque no vote, lleva la voz cantante en los asuntos de Puerto Rico (comisionado residente). En el Senado no hay nadie. Dependemos de la ayuda que nos den senadores en cuyos estados tengan una comunidad grande de puertorriqueños”, planteó el director de Política Pública de CNE a El Diario.

El enfoque del cabildeo debe estar centrado en el impacto positivo de la transición en los estados por el efecto económico en cadena, a juicio del experto.

“Gran parte de ese dinero que se utiliza en Puerto Rico, irónicamente, se gasta en comida que viene de estados mayormente republicanos. Pollo de Arkansas, cerdo de Iowa…Al final del día, mucho de ese dinero de SNAP se gasta en productos de comida que vienen del mismo EE.UU.”, expuso.

En un comunicado tras el anuncio del acuerdo, Boozman se refirió a la asistencia económica para que agricultores pueden batallar contra el aumento en la inflación y el alto costo de insumos, entre otros aspectos. Pero no hizo alusión al debate de SNAP para la isla.

“Agricultores, prestamistas agrícolas y líderes de comunidades rurales claramente comunicaron la necesidad de ayuda de emergencia para sobrevivir a los condiciones actuales del mercado.Las consecuencias de ignorar las crudas realidades que enfrenta Estados Unidos rural sería devastador para las familias agrícolas, la agricultura de EE.UU. y nuestra seguridad alimentaria nacional. La actualización de Farm Bill con una mejorada red de seguridad habría minimizado la necesidad para asistencia económica de emergencia. Desafortunadamente, el Senado falló en siquiera considerar la nueva Farm Bill este año. Nosotros debemos redoblar nuestros esfuerzos y aprobar una Ley Agrícola bipartidista de 5 años. Yo espero trabajar con el presidente del comité de Agricultura de la Cámara “GT” Thompson para lograr esta meta compartida”, argumentó Boozman.

Por su parte, Chuck Schumer, portavoz de los demócratas en el Senado, indicó estar complacido con el resultado de las negociaciones que se tradujeron en el acuerdo bipartidista libre de recortes y “píldoras venenosas”.

Según el líder de la mayoría en el Senado, los demócratas aseguraron varias de sus prioridades como millones de dólares para cuidado infantil, entrenamiento de fuerza laboral y puestos de empleo, asistencia para la reconstrucción del Key Bridge y asistencia adicional para desastres, entre otras.

“Por supuesto que esta legislación no incluye todo por lo que los demócratas han presionado, y ciertamente seguirán peleando, y algunas cosas no pudimos añadirlas para nada, pero logra un número de prioridades para los trabajadores de EE.UU. y mantendrá el Gobierno abierta”, expuso.

La ayuda de emergencia necesaria para desastres como huracanes, así como el paquete de apoyo a los agricultores habrían complicado y retrasado el acuerdo, según indicó Mike Jonhson, líder de la mayoría republicana en la Cámara.

De hecho, republicanos como Eric Burlison de Missouri catalogaron de basura el contenido de la resolución continua (CR).

Actualización – La basura de CR ha sido divulgada a último minuto. Más de 1,500 páginas. La fecha límite es el viernes. ¿Cómo alguien puede leer y entender esta cosa completa, menos votar por la misma en buena consciencia?”, cuestionó el legislador en un mensaje en la red social X.

Johnson había prometido entregar el proyecto de ley durante el fin de semana, pero no fue hasta ayer que informó que estaba finiquitado y que sería presentado.

En un mensaje por la misma red, el presidente de la Cámara Baja planteó que, a pesar de un gobierno dividido, “la Cámara pasó legislación CONSERVADORA importante”.

Johnson mencionó legislación para mayor seguridad en la frontera, políticas energéticas, y para evitar el voto por parte de indocumentados.

“Con una mayoría republicana en AMBAS cámaras en el próximo Congreso, y el presidente Trump de vuelta en la Casa Blanca, finalmente podremos convertir nuestra prioridades en ley”, apostó.

Aunque siete representantes demócratas liderados por Raúl Grijalva enviaron una carta a los líderes de los comités de Asignaciones para que se destinaran fondos adicionales para mejorar la red energética en la isla, no hay información que apunte a que se concedió esa solicitud.

Por otro lado, el paquete incluye unos $30,000 millones en financiamiento para la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) que impactaría el Fondo de Ayuda para Desastres (DRF) que reportaba, para mediados de año, un déficit de unos $6,000 millones. Esa partirda forma parte de los $100,000 para desastres naturales.

Este asunto implica a Puerto Rico, ya que con este dinero se financia la respuesta por desastres en estados, territorios y naciones tribales.

Si ese problema no se resuelve, nuevas obligaciones para proyectos de obra permanente en Puerto Rico estarían en riesgo.

Otra asignación destacada del paquete son los $2,000 millones en financiamiento para Small Business Administration (SBA) o Administración de Pequeñas Empresas, luego de que trascendiera que su programa de préstamos para desastres del que se benefician negocios y dueños de hogares, se quedó sin fondos durante la pasada temporada de huracanes.  

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