Repudio en Puerto Rico a orden administrativa bajo Jenniffer González: designado al DRN archiva casos de suegros de la gobernadora
Truenan contra decisión del nombrado secretario de Recursos Naturales a favor de los suegros de la gobernadora en caso por construcciones ilegales
Jenniffer González Colon, gobernadora de Puerto Rico, cuando juramentó al cargo el pasado 2 de enero. Al lado, su esposo José Yovín Vargas. Crédito: Alejandro Granadillo | AP
Nueva York – Líderes políticos en Puerto Rico, incluyendo del Partido Nuevo Progresista (PNP) al que pertenece la gobernadora Jenniffer González, cuestionaron la decisión del designado secretario del Departamento de Recursos Naturales (DRN), Waldemar Quiles Pérez, de archivar los casos relacionados con construcciones ilegales en La Parguera, en Lajas, que implicaban a los suegros de la primera mandataria.
El senador por acumulación del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández, catalogó como potencialmente ilegal la primera acción tomada por Quiles Pérez.
“Como ladrón en la noche, hoy amanecimos con la noticia de que la PRIMERA ACCIÓN del nominado Secretario del DRNA fue archivar los casos pendientes en contra de los suegros de la Gobernadora. Esta acción no solo tiene vicios de ilegalidad, sino que es inmoral y un claro ABUSO DE PODER. Máxime cuando lo que busca el pueblo de sus servidores públicos, es la protección de sus recursos naturales y no el privilegio personal ni de unos pocos. Si así comenzó esta administración, pues vamos por mal camino OTRA VEZ. Desde el Senado de Puerto Rico, estaremos muy atentos a realizarle todas las preguntas de rigor durante las vistas públicas a este y a todos los nominados para procurar que vengan a servir y NO A SERVIRSE”, planteó el también portavoz del partido en el Senado y expresidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico en una publicación en redes este viernes.
Héctor Ferrer Santiago, portavoz del PPD en la Cámara, argumentó en una conferencia hoy en la que también se encontraba Hernández y otros legisladores del partido, que la acción de la nueva Administración poco después de su entrada refleja abuso de poder y prepotencia.
“Su indiferencia ante los aumentos de luz, agua, peaje, junto con el abuso de poder cuando tomaron la decisión de crear una orden administrativa en la que no solamente legalizan los arriendos y unas casas de familiares de ella misma, pero que también archiva un caso administrativo que está pendiente a adjudicación, es un claro menosprecio a la ley; es un claro menosprecio al país en su acto de cancelar conferencias de prensa para no darle cara y explicación a todo el pueblo de Puerto Rico y adjudicarlo como hace Donald Trump en Estados Unidos”, expuso el líder popular.
Por su parte, Manuel Natal, excandidato a la alcaldía de San Juan por la Alianza entre el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), catalogó como “corrupta” la movida del recién nombrado secretario.
“Entonces la ‘nueva’ administración, que vino a cambiar las cosas de la “pasada” administración, estaba tan y tan adentro/cerca de la ‘pasada’ administración que pudieron colocar un documento para darle inmunidad a la familia de la futura Gobernadora en el escritorio de una jefa de agencia del gabinete del entonces Gobernador. ¿Así o más corruptos?”, compartió Natal por la red social X.
Los legisladores del PIP, Adrián González y María de Lourdes Santiago, también denunciaron la emisión de la orden administrativa que legaliza las estructuras localizadas en los bienes de dominio público en la Zona Marítimo Terrestre de La Parguera por parte del secretario designado del DRN.
“La Orden Administrativa publicada por Quiles no sólo le pone precio a bienes del Pueblo de Puerto Rico que no pueden estar sujetos a la privatización, sino que finaliza ordenando el archivo de los casos relacionados al asunto atendido en la Orden, entre los cuales está la querella presentada por construcciones ilegales contra los suegros de la Gobernadora Jenniffer González Colón. Es evidente la parcialidad del secretario designado, y su acción le inhabilita de plano para ejercer la dirección de la agencia llamada a velar por los recursos naturales de nuestro país”, consideró González Costa.
Santiago catalogó como “escandaloso” y descarado la manera en que inició el gobierno de González. “Un nombramiento de esa calaña no debe siquiera ser considerado por el Senado. A esa acción vergonzosa de Waldemar Quiles se refería evidentemente la Gobernadora cuando sostuvo en una entrevista televisada que ‘ninguna persona (en el DRNA) va a seguir lo que empezó la secretaria’, aludiendo a la querella contra sus suegros. Es una Orden Administrativa de encargo, que retrata de cuerpo entero el carácter del régimen de González Colón”, criticó Santiago.
Leo Diaz Urbina, exrepresentante del PNP y expresidente de ese partido, también tronó contra el designado y la gobernadora al tildar la acción de “irresponsable”.
“Para mí es totalmente irresponsable lo que ha hecho el secretario designado de Recursos Naturales; tratando de sacar de toda responsabilidad sin evaluar esto bajo el debido proceso de ley. Voy más lejos, debió inhibirse del proceso; permitir que otra persona concluyera si hubo violación o no”, señaló Diaz Urbina en una intervención en el programa Primera Pregunta por Telemundo.
“La gobernadora dijo que Pedro Pierluisi le fabricó un caso. Quiero ser claro: yo soy estadista contrario a mis compañeros (en el panel); yo soy estadista. Y la gobernadora dijo que le fabricaron un caso. Quiso decir que Pedro Pierluisi es un corrupto que le fabricó un caso a la gobernadora de Puerto Rico. Ahora, lejos de estar discutiéndose eso, lo que se está discutiendo es que su Gobierno, gobernador, ha encubierto un caso de corrupción. Para mí esto es un caso de negligencia inmensa lo que ha ocurrido aquí y es atribuible a usted. Usted tuvo que suspender hoy una conferencia de prensa por miedo a las preguntas de la prensa. Si ese es el Gobierno que debemos esperar estos cuatro años, yo no quiero pensar que esa es la realidad. Y a los estadistas que se molesten, déjenme decirles algo bien claro, para que no tengan que sufrir una derrota electoral en el 28, es mejor que se hagan bien las cosas desde ahora con la familia de la gobernadora o con los que no sean familia de la gobernadora…porque aquí hubo un proceso político muy importante en el que la gobernadora le atribuyó intención específica al gobernador de que le fabricó un caso. Eso no es cosa menor”, opinó.
El analista le restó peso a las declaraciones de la primera mandataria en el sentido de que los que votaron por ella en las urnas ya adjudicaron el caso en La Parguera.
“La gobernadora dice que el pueblo adjudicó esto en una primaria y en una elección. Gobernadora, no, porque entonces está como Donald Trump, que los casos que se le atribuyen en los tribunales se lo adjudican en las elecciones generales; no, no funciona así gobernadora. No quiero pensar que eso es lo que resta de su gobierno, porque entonces estamos mal”, continuó Diaz Urbina.
De paso, el conductor del programa Nación Z por la estación radial Z93, emplazó a la gobernadora a que retire la designación.
“Mi consejo a Jenniffer González y lo hago de buena fe, gobernadora, es que es usted tiene que tener cuidado, tiene que tener cuidado. Este funcionario tiene que retirarlo de la posición. La imprudencia es crasa lo que ha ocurrido aquí, porque de ahora en adelante todo el mundo va a entender que se beneficia a un partido o a una persona dependiendo de si es PNP (del Partido Nuevo Progresista). Eso es devastador para una Administración a solo ocho días de su juramentación”, puntualizó.
Unas 48 horas antes de que trascendiera la noticia del archivo del caso, González, en entrevista con Rayos X, sostuvo que la secretaria saliente del DRN, Anaïs Rodríguez Vega, supuestamente se prestó para fabricarle un caso, esto en referencia a la pesquisa a sus suegros.
“Ella no debe esperar nada de quien la sustituya porque ya ella no es la funcionaria de la agencia y ella utilizó su cargo para hacer un issue político y un caso de persecución política en mi caso”, alegó la gobernadora.
A preguntas de si el próximo secretario dejaría sin efecto la pesquisa, González dijo: “Quien vaya a ser el funcionario de la agencia tomará las decisiones que tenga que tomar. Pero te estoy diciendo que ninguna persona va a seguir lo que empezó la secretaria, porque ella tuvo claramente un caso político aquí al punto que eso está en los tribunales; está en el proceso de derecho administrativo; eso se va a caer, porque aquí se violentaron simplemente porque eran mis suegros, y eso el pueblo de Puerto Rico lo adjudicó en una primaria y lo adjudicó en una elección general”.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo ayer que podría citar una Comisión Total para que Quiles Pérez explique la razón de la orden administrativa. La citación sería antes de la vista de confirmación en el Capitolio.
En la comisión, todos los miembros de ese cuerpo legislativo pueden participar.
“Nosotros en el Senado de Puerto Rico, antes de la cita de confirmación, lo vamos a traer para que tenga la oportunidad de explicar. Podría ser una comisión total para que todos los senadores tengan la oportunidad de preguntarle, podría ser una vista pública de una comisión que no necesariamente esté atendiendo su nombramiento, eso tiene que ser primero”, declaró Rivera Schatz por la emisora radial NotiUno según cito El Vocero.
Para Schatz, también del PNP, los cuestionamientos a la acción del designado son válidos.
“Pero, me parece a mí que aquí hay un cuestionamiento válido porque a horas de haber sido designado, la primera orden administrativa que emite, va dirigida exclusivamente al tema de Lajas. Y de la manera en que lo redacta, bueno, pues, todo el mundo, o mucha gente, hay un planteamiento de que se trata de una encomienda para exonerar a los familiares de la gobernadora. En primer lugar, yo creo que si el secretario de Recursos Naturales entendía que el caso específico de los suegros de la gobernadora constituía un procesamiento selectivo o se estaba llevando incorrectamente, si ese caso específico él entendía que estaba mal llevado, mal presentado, o era parte de una persecución política, tenía que decirlo, así mismo”, argumentó en entrevista.
A juicio del presidente senatorial, el tema debió evaluarse por medio de un comité que también examinara el resto de casos relacionados con construcciones en la Zona Marítimo Terrestre en Puerto Rico.
“Se hizo un comité para el tema de energía, se hizo un comité para el tema contributivo, se hizo un comité para el tema de permisos, pues creo que el secretario hubiese convocado un grupo de entendidos con la materia, de personas conocedoras del tema, que examinaran la posible, si se puede llamar así, legalización, no de los casos de Lajas, sino de todo Puerto Rico, que se atiendan todos los casos de todo Puerto Rico para ver quién cumple, quién no cumple, a quién hay que sacar, a quién hay que procesar, a quién, merece, la oportunidad de darle una concesión. Y al final del camino, pues, el producto de personas entendidas en la materia, que no tengan ninguna motivación política, por lo menos aparente… Pues el resultado hubiera sido mucho mejor. Ocurre que, si la primera orden administrativa tiene la consecuencia de exonerar a los suegros de la gobernadora que con toda probabilidad, ellos tendrían sus defensas y ellos planteaban que estaban listos para defenderse, pues eso levanta cuestionamientos como los que estamos escuchando. Así que yo creo que se precipitó a horas de haber sido designado”, añadió.
En su primera orden administrativa, la 2025-001, a horas de ser nombrado al puesto por la gobernadora, Quiles Pérez estableció el cobro de derechos para el uso de terreno y agua de dominio público. Además archivó los casos vinculados a la familia de la gobernadora por considerarlos de naturaleza académica.
Según el nombrado, las estructuras construidas sobre terrenos de dominio público en La Parguera no han estado obligadas a pagar cánones al DRNA por concesiones, ni por los usos y aprovechamientos existentes, como ocurre con las marinas y otros muelles privados en la isla.
Quiles Pérez además ordenó el mantenimiento y la reparación de las propiedades en el área y que la División de Bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre notifique dentro de los próximos 120 días a los propietarios para que presenten ante el DRNA declaraciones juramentadas por un ingeniero, arquitecto o agrimensor licenciado sobre la huella existente de las residencias, muelles y estructuras afectadas.
Toda persona debidamente notificada que no cumpla con este requisito se expondrá a una multa administrativa de hasta $500 dólares.
