Republicanos en la Cámara de Representantes han presentado ya dos proyectos para desmantelar el Departamento de Educación federal
El presidente de EE.UU., Donald Trump, prepara una orden ejecutiva para los mismos fines
Sede del Departamento de Educación en Washington. Crédito: José Luis Magana | AP
Nueva York – Al menos dos proyectos de ley están siendo impulsados por republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para iniciar un proceso para desmantelar el Departamento de Educación federal como lo ha propuesto el presidente Donald Trump.
El más reciente fue el reintroducido por el representante de Kentucky, Thomas Massie.
Massie hizo el trámite el pasado 31 de enero y volvió a presentar el H.R.899 “Para terminar con el Departamento de Educación” en dos años o para el 31 de diciembre de 2026.
La medida fue referida a la Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara.
El proyecto de ley en Congress.gov no incluye un resumen del mismo y la entrada se limita a indicar que el Servicio de Investigación Congresional empezará a analizar la legislación una vez el texto esté disponible.
Un comunicado referente a la medida en la página web de Massie señala que “burócratas no elegidos en Washington D.C. no deberían estar a cargo del desarrollo intelectual y moral de nuestros niños”.
Massie añadió: “Comunidades estatales y locales están mejor posicionados para moldear un currículum que cumpla con las necesidades de los estudiantes. Las escuelas deben ser responsables. Los padres tienen el derecho de escoger la oportunidad de educación más apropiada para sus hijos, incluyendo enseñanza en el hogar, escuela pública o privada”.
El representante argumentó que la idea de desmantelar el Departamento se remonta a la presidencia del republicano Ronald Reagan en los 80 cuando propuso que algunas de las actividades tanto de esa oficina como del Departamento de Energía (DOE) continuaran de manera independiente o en otras áreas del gobierno.
A juicio del entonces presidente, al eliminar el Departamento de Educación menos de dos años después de su creación, no solo reducía el presupuesto, pero aseguraba que las necesidades y preferencias locales, en lugar de los intereses de Washington, determinaran la educación de los estudiante.
La negativa de los demócratas en el Congreso impidió el avance del plan.
Al momento, la legislación de Massie cuenta con 30 coauspiciadores, todos republicanos.
La segunda medida ante la consideración de la Cámara de Representantes federal para eliminar el Departamento de Educación es el H.R. 369 presentado por el republicano de North Carolina David Rouzer.
Al igual que la anterior, la legislación se encuentra bajo la evaluación del Comité de Educación y Fuerza Laboral luego de que fuera presentada el 13 de enero pasado.
La entrada tampoco incluye un resumen de la medida y se encuentra en espera de un análisis del Servicio de Investigación Congresional.
El fin del proyecto es “Proveer para la eliminación del Departamento de Educación y otros propósitos”.
El documento legislativo no tenía coauspiciadores hasta este jueves.
En declaraciones a The Carolina Journal, Rouzer sostuvo que el dinero que sería dirigido a los estados para la administración de las escuelas podría usarse para aumento de salario a los maestros, entre otros fines.
“La educación debe ser manejado a nivel estatal y local sin interferencia del gobierno federal. Este proyecto de ley toma los fondos asignados al Departamento de Educación y lo devuelve a los estados para usar en aumentos para maestros, nuevas escuelas y lo que sea que cada escuela a nivel individual necesite para mejorar la educación”, planteó el republicano al tiempo que destacó la medida previa que introdujo para la eliminación del Departamento nombrada la Ley de Recuperación de la Educación Estatal (States’ Education Reclamation Act).
Orden ejecutiva de Trump para eliminar el Departamento de Educación
Medios estadounidenses reportaron esta semana que Trump trabaja en una orden ejecutiva para despegar con el proceso para desmantelar el Departamento.
Dos fuentes familiarizadas con el proceso revelaron a la cadena CNN que el documento presidencial ordenaría a la secretaria de Educación elaborar un plan para reducir el alcance y operaciones de la agencia.
A esto se sumaría la presión por parte de Trump al Congreso para que le den paso a legislación en esa dirección.
Para que avance cualquier esfuerzo para desmantelar la oficina federal se necesita acción congresional en la línea de las mencionadas en este reportaje.
En declaraciones este martes a reporteros en la Casa Blanca, Trump dijo que su intención es dejar sin trabajo a la secretaria designada de Educación, Linda McMahon, esto en referencia a su intención de quitarle poderes al Departamento de Educación a nivel federal.
Aún McMahon, quien sirvió como la encargada de la Administración de Pequeños Negocios (SBA) bajo el primer mandato del presidente, no ha sido confirmada por el Senado para la posición.
La capacidad de McMahon, una exejecutiva de World Wrestling Entertainment o WWE, para liderar el Departamento ha sido puesta en duda en particular porque no cuenta con bagaje educativo ni ha trabajado en escuelas.
McMahon sirvió en la Junta de Educación de Connecticut, pero renunció a a la posición. Hartford Courant reportó que había mentido en su resumé sobre sus credenciales académicas.
Alegadamente, la designada cuenta con un bachillerato en francés, pero indicó en un cuestionario que se había graduado de educación.
Organizaciones como NEA (Asociación Nacional de Educación) han planteado que McMahon no tiene las aptitudes para la posición ya que no está comprometida con la enseñanza pública porque supuestamente no conoce el sistema. En esa dirección argumentan que su principal meta es promover “vouchers” que reducirían los recursos para escuelas públicas y beneficiaría a las privadas.
Señalan además que las políticas que promueve están alineadas con el Proyecto 2025.
Potenciales efectos en Puerto Rico
Cualquier decisión que se tomé con relación al Departamento de Educación en Estados Unidos tendría efecto en territorios como Puerto Rico que, bajo la administración pasada de Pedro Pierluisi, encaminó varios esfuerzos para descentralizar el sistema de instrucción pública para facilitar el manejo de fondos federales y reducir la bucocracia.
Algunos conocedores del tema como Robert Luebke, director del Centro for Effective Education en John Locke Foundation, anticipan que un cambio de esta magnitud pondría en riesgo fondos para programas como Título 1, por ejemplo, que es el más grande para escuelas públicas y también aplica a Puerto Rico.
Para líderes como Víctor Bonilla, presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), la propuesta de Trump hay que tomarla con cautela.
En entrevista el mes pasado con El Diario, el representante del magisterio argumentó, sin embargo, que la idea de quitarle poderes al Departamento de Educación a nivel federal no se distancia del todo de la propuesta de descentralización que encaminó la Administración Biden con las locales a partir del 2023.
“A nosotros nos impactó la noticia y nos hizo pensar el (plan) de que iba a eliminar el Departamento de Educación federal. Después nombra una persona que no tiene los atributos para dirigir el Departamento de Educación. Pero viendo el plan que tiene de enviar a los estados presupuesto, es lo mismo que perseguía IDEAR (Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional) …de que el Departamento de Educación se convirtiera en una SEA (Agencia de Educación Estatal) y los LEA (Agencias Locales Educativas) debían estar mirando y trabajando con el presupuesto de acuerdo con las necesidades de cada escuela. No sé cómo la gobernadora pudiera mirar lo que pretende el presidente Trump con lo que entendemos que verdaderamente significa descentralizar…”, expuso Bonilla quien formó parte de la junta de IDEAR.
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, una aliada de Trump, no se ha comprometido con el proyecto de descentralización, y dijo que el mismo se encuentra bajo evaluación por el secretario de Educación de la isla (DEPR), Eliezer Ramos Parés.
Los fines principales del proceso de descentralización son garantizar una mayor participación ciudadana dentro del DEPR y promover un sistema de rendición de cuentas y transparencia en el uso de fondos, proceso que se estaría manejando más directamente a nivel de región y no de la agencia a nivel central.
