Climate Power alerta sobre impacto por freno en fondos bajo leyes IRA e Infraestructura en los estados y Puerto Rico por órdenes de Trump
Los decretos de Trump para reducir el gasto público están teniendo un impacto directo en organizaciones y compañías ligadas al sector de energías renovables
Paneles solares en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York. Crédito: Mary Altaffer | AP
Nueva York – Un portavoz de la organización Climate Power señaló que las recientes acciones tomadas por la Administración Trump mediante orden ejecutiva, como la paralización de fondos bajo leyes como la de Reducción de Inflación (IRA), afectan a estados y a territorios como Puerto Rico en cuanto al avance de proyectos de energía renovable y se traducen en la pérdida de empleos.
A juicio de Luis Sánchez Armas, quien forma parte de Climate Power En Acción, división que se enfoca en comunidades latinas, el presidente Donald Trump se excede en sus poderes, ya que los fondos para estatutos como el mencionado fueron aprobados por el Congreso de Estados Unidos bajo la Administración Biden-Harris.
“Con sus órdenes ejecutivas, el presidente ha tratado de parar mucho de este dinero, lo que iba a las industrias y a todo lo que son carros eléctricos, paneles solares, energía eólica. Esto es dinero que ya fue dado por el Congreso y el presidente no puede parar eso. Significa que si de verdad quiere parar completamente estas leyes tiene que esperar hasta que el Congreso apruebe un presupuesto nuevo para el Gobierno y ahí va a ser la batalla…Pero se supone que el presidente no pueda detener eso”, insistió en entrevista con El Diario.
El activista medioambiental añadió que, en muchos casos, los decretos de Trump para reducir el gasto público y el tamaño del gobierno están teniendo un impacto directo en organizaciones y compañías ligadas al sector de energías renovables.
“Si ya recibieron los fondos, no se los pueden pedir de vuelta. Pero hay fondos que ya estaban procesados y que iban a llegar a las organizaciones y ahorita sí están parados”, expuso el líder del tercer sector.
Añadió que las medidas de reducción de fondos de Trump sobre las que no se tiene mucha información, la que existe es confusa y cambia constantemente, afectan a su vez los servicios que se brindan a las comunidades más vulnerables, particularmente de minorías, que tienden a sufrir más directamente los efectos del cambio climático y otros retos medioambientales.
“Estamos viendo que, en el caso de la EPA (Agencia de Protección Ambiental), algunas industrias podrán contaminar sin preocupación. Hay lugares donde se estaba tratando de poner paneles solares y eso se está parando…Estaban tratando de poner esta energía limpia en lugares rurales y pobres. Así que esto era algo casi vital para estas comunidades”, planteó Sánchez Armas.
Información en la página del Departamento del Interior del 3 de febrero señala que la orden 3418 del secretario alinea a esa agencia con la política energética de Trump que, entre otras cosas, impulsa la exploración y producción energética en tierras y aguas federales para cumplir con las necesidades de los ciudadanos y solidificar a Estados Unidos como líder global de energía y lograr dominio energético.
“La orden asegura la consistencia del Departamento con la Orden Ejecutiva 14154, “Desatando la Energía Estadounidense” (“Unleashing American Energy”) poniendo fin inmediatamente a todas las acciones tomadas con respecto las Ordenes Ejecutivas revocadas por el presidente Trump y revisando las acciones de todas las agencias que potencialmente socaven el desarrollo de fuentes de energía domésticas”, lee el comunicado del secretario Doug Burgum.
El titular del Interior además encomendó una revisión de todas las asignaciones provenientes de la Ley de Reducción de Inflación (IRA) y de la Ley de Infraestructura y Empleos (IIJA) para asegurar que se ajustan con las políticas de “dominio energético” de la Administración Trump.
“Adicional a la revisión de políticas de desarrollo energético onerosas, la orden también instruye a una revision de toda la minería nacional y el procesamiento de minerales no combustibles para restaurar el dominio mineral crítico de Estados Unidos y toma pasos para priorizar una actualización de la lista de minerales críticos de la Servicio Geológico de Estados Unidos y acelerar el mapeo geológico en curso del país”, especifican desde el Departamento.
Por otro lado, un reporte con información recopilada por miembros del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes federal apunta a que la orden ejecutiva energética de Trump significa la “congelación ilegal de casi todos los fondos del Departamento de Energía federal (DOE)”.
De acuerdo con el documento, la Administración Trump ha paralizado todos “los anuncios y acciones de adquisiciones” y “acciones de financiamiento”.
El impacto de la ley IRA y de Infrestructura en Puerto Rico
Bajo IRA, a Puerto Rico se le asignaron fondos para varios proyectos, programas y exenciones, esto con el fin de facilitar la transición a sistemas de energía renovable.
Algunos que aplicaban a Puerto Rico eran el Crédito Fiscal Federal Para la Energía Solar (ITC), Ley de Reembolso por Viviendas Eléctricas de Alta Eficiencia” (HEEHRA), Programa de Energía Rural para América (REAP) y el Programa Proporcionando Energía Limpia y Asequible (PACE).
En el caso de la Ley de Infraestructura, los fondos son principalmente para proyectos viales (carreteras y puentes). Sin embargo, también había partidas para mejorar la infraestructura de agua y subvenciones para internet de alta velocidad, entre otras.
Otra sección del documento legislativo, titulada “Congelación de Programas para la Red Eléctrica Debilita la Red contra Fuegos Forestales, Clima Extremo y otros Desastres Naturales”, detalla que $4 millones habían sido asignados a Puerto Rico bajo el DOE a través de la Ley de Infraestructura.
El reporte congresional, divulgado el pasado 13 de febrero y dividido en siete “asuntos” clave, arrojó, además, que la paralización del programa de reembolsos de energía doméstica bajo IRA está aumentando los costos energéticos familiares. En el caso de Puerto Rico, el financiamiento bajo este renglón era de $85 millones.
La evaluación, encabezada por las demócratas Marcia Carolyn Kaptur y Rosa Luisa DeLauro, de Ohio y Connecticut, respectivamente, añade que la congelación de los programas de préstamos del DOE ha eliminado trabajos e inversiones energéticas que también impactan a Puerto Rico.
Para Sánchez Armas, uno de los principales efectos de estas medidas tiene que ver con empleos.
“Uno de los impactos más directos es que habían muchas empresas que contaban con miles de millones de dólares para crear estas nuevas industrias. Lo que estamos viendo es que están diciendo que van a parar sus operaciones o cortar sus programas porque son industrias nuevas que no quieren tomar esos riesgos, y eso significa que trabajos que esperábamos que iban a empezar a salir en estos lugares, ya no van a existir…Ese es uno de los impactos que vemos más directamente”, afirmó el entrevistado.
Sánchez Armas añadió que, en el caso de energía renovable, las empresas tienden a ser de nueva creación y los proyectos a largo plazo.
“La mayoría son empleos a largo plazo, porque, como son industrias nuevas, lo que están tratando de hacer es crear estas bases para todas las partes. La mayor parte de todos empleos son para baterías para carros eléctricos (por ejemplo)”, resaltó.
Según el último informe de Climate Power sobre el auge de las energías limpias, actualizado el mes pasado, en menos de dos años y medio desde la aprobación de la ley IRA, se anunciaron más de 400,000 nuevos puestos de empleo en el sector y más de $422,000 millones de dólares en inversiones en 48 estados y Puerto Rico.
En referencia al estudio, el activista destacó que muchos de los estados que perderán esta inversión y empleos son republicanos.
“La gente que va a perder estos empleos y estas industrias son (mayoritariamente) distritos o estados republicanos, y lo que queremos demostrarle al Congreso es que, si cortas esto, vas a impactar a tu gente, la que votó por ti y que te llevó al Congreso o te dio poder. No se trata de solo darle gusto a Trump, sino que vas a afectar a tu propia gente”, manifestó.
Sánchez Armas no descartó, que, tras bastidores, varios republicanos, incluyendo gobernadores, estén cuestionando las acciones de la Administración por lo que implican a nivel económico.
“No puedes ignorar la gran inversión económica que viene con estas industrias; especialmente en lugares como Georgia. Si cortas estos fondos, significa que millones de dólares se van a ir del estado, tal vez a otro o al extranjero, o tal vez estas industrias mueren. Yo sí creo que sería un problema grande”, puntualizó.
El mencionado informe de la organización precisa que 405 proyectos de energía limpia y 216,322 empleos, se encuentran en distritos del Congreso representados por republicanos. De los 10 estados con más puestos de trabajo en energías limpias, la mitad tienen gobernadores republicanos, añade el documento.
Cabe señalar que esta semana, el gobernador de Pennsylvania, el demócrata Josh Shapiro, demandó al gobierno federal por limitar el acceso de agencias estatales a más de $3,100 millones en fondos para programas entre los que se encuentran de energía solar.
La partida en disputa incluye $156 millones para el programa “Solar for All” de la ley IRA.
A juicio del portavoz de Climate Power En Acción, la ofensiva de Trump contra grupos medioambientales y agencias como la Administración de Protección Ambiental (EPA), responde a los intereses comerciales de quienes financiaron su campaña.
“Hemos visto que grandes empresarios de empresas petroleras y de gas le metieron $400 millones de dólares a su campaña…Y por eso creo que está yendo tras la EPA. Al fin del día, Trump es republicano. Los republicanos, así sean populistas, les importa las ganancias de los ricos, de las grandes empresas. El ve las empresas de petróleo como algo fundamental para Estados Unidos, y eso implica también ir en contra de las protecciones ambientales, y la EPA, muchas veces, va en contra de esas empresas porque sabemos que si alguien vive cerca de una petrolera es más probable que tenga problemas de asma, que en cierto momento tenga cáncer o cualquier clase de problema de salud. La EPA está chequeando todo eso y tratando de poner barreras. Si acabas con eso, las empresas pueden hacer lo que quieran y en donde quieran. Lo triste es que suelen estar más cerca de barrios pobres, latinos o afroamericanos y nos impacta más que a otras personas”, analizó.
Al argumento de que, desde los estados se pueden hacer cumplir las leyes medioambientales, y que no necesariamente es requisito la existencia de la EPA, dijo: “Si es un estado como California que tiene una economía que es la quinta más grande del mundo, tal vez pueda hacer algo. Vemos que, cuando ponen regulaciones sobre la contaminación por autos, como compran tantos carros, la industria le hace un poco más de caso…Pero, la contaminación nos afecta a todos, no solo a California…Así que es difícil que otros estados puedan hacer eso”.
Casi 400 empleados transitorios de EPA han sido despedidos. Trabajadores que llevaban en la agencia menos de un año han estado recibiendo notificaciones de terminación de empleo acorde con la política pública de la Administración Trump.
