Gobernadora de Puerto Rico dice que no peligran fondos federales tras despidos en Departamento de Educación de EE.UU.
El Departamento de Educación federal amaneció cerrado el miércoles por las órdenes del presidente para despedir a cerca de la mitad del personal
Sede del Departamento de Educación en Washington D.C. Crédito: José Luis Magana | AP
Nueva York – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, dijo que los recientes despidos en el Departamento de Educación de Estados Unidos (DE) no tendrán impacto en el desembolso de fondos federales de esa agencia para la isla.
“Esta acción no va a afectar el desembolso de fondos federales que recibimos directamente del Departamento de Educación. Incluso, en ese comunicado de prensa que se anuncia la reducción, explícitamente dice, quiero leer esta español, que ellos van a continuar cumpliendo y proveyendo los servicios bajo los programas de ley que caen bajo el Departamento, incluyendo fondos asignados por fórmula que Puerto Rico recibe, préstamos estudiantiles que se reciben también en las universidades, las becas Pell, fondos para educación especial y subvenciones competitivas”, indicó en una conferencia de prensa este miércoles.
En cuanto al impacto en el personal en Puerto Rico, González no pudo precisar, ya que al momento se desconoce cuántos empleados se encuentran bajo la nómina federal.
“Lo único que tenemos que ver es si hubiera empleados pagados por la plantilla del Departamento de Educación (federal). Así que le hemos pedido al secretario que nos dé esa información. Para propósitos de eso, la reunión que el secretario de educación de Puerto Rico tuvo en la visita de la semana pasada a Washington, se reunió con la secretaria (de Eduación federal), Linda McMahon y se discutieron muchas de estas cosas y que no van a estar imponiendo restricciones o condiciones en el uso de fondos”, expuso.
La primera ejecutiva se refiere al intercambio entra McMahon y Eliezer Ramos Parés la semana pasada en el marco de la Cumbre de Igualdad y Estadidad de Puerto Rico en Washington D.C.
Ramos Parés, por su parte, añadió que no entraría en especulaciones sin contar con información oficial y detallada. “Sin embargo, reconocemos y agradecemos la labor de los funcionarios con quienes hemos trabajado a lo largo de los años para fortalecer la educación pública en la isla. Han sido colaboradores valiosos, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuras gestiones”, planteó el funcionario citado por El Vocero.
“La idea (detrás de las propuestas de Trump) es que el dinero en vez de que tengan que pasar por la burocracia del Departamento de Educación federal, pase directamente al estado. En el caso nuestro, lo recibiría el Departamento de Educación en Puerto Rico (DEPR)”, argumentó la gobernadora.
González dijo que aún no hay consenso en el Congreso para avanzar con una legislación que lleve al cierre del DE.
“En la vista de confirmación de la secretaría de Educación, Linda McMahon, ella dijo que estaba consciente que no se podía eliminar el Departamento de Educación sin que hubiera un proyecto de ley en el Congreso. Así que, en términos de mayoría del legislativo en la Cámara, que es donde más apretado está, estamos hablando de dos (votos) de diferencia, y ya hay republicanos que se han manifestado en contra de eliminar el Departamento de Educación”, sostuvo desde el Coliseo de Puerto Rico donde anunció que esa sala de espectáculos será la primera de América con intérpretes permanentes de lengua de signos.
En la Cámara de Representantes, hay al menos dos propuestas de ley de republicanos a los fines de abolir la agencia, que fue creada mediante legislación y firmada por el presidente demócrata Jimmy Carter en el 1979.
Diversos sectores dentro y fuera de Puerto Rico han alertado sobre los efectos nocivos de un cambio de esta magnitud en la agencia.
En el caso de Puerto Rico y contrario a lo que alega la gobernadora, la Asociación de Maestros (AMPR), una de las organizaciones más vocales en el debate, ha insistido en que los cambios propuestos por la Administración Trump podrían afectar los servicios que se brindan a estudiantes en el territorio, ya que cerca del 50% del presupuesto a nivel local proviene de fondos federales.
De acuerdo con la evaluación de la Asociación, en Puerto Rico peligraría el financiamiento para programas de educación especial, servicios de comedores escolares, educación técnica y ocupacional, educación de adultos e institutos tecnológicos, servicios de tutorías, transportación y contratación de personal. También podría verse afectado el mantenimiento de las escuelas, avisaron.
Los líderes del gremio sostuvieron que, de una forma u otra, las medidas que impulsa el gobierno federal tendrían impacto en los cerca de 240,000 estudiantes del sistema de instrucción pública.
Oficinas del Departamento de Educación cerradas
Ayer, las oficinas del Departamento de Educación federal amanecieron cerradas tras las órdenes del presidente para despedir a cerca de la mitad de su personal.
El reporte de EFE señala que, en la sede en Washington, solo se veía a guardias de seguridad y algunos manifestantes.
El día antes, empleados recibieron un correo electrónico interno en el que se les pedía que abandonaran sus posiciones antes de las 6 p.m. En el mensaje, filtrado a medios en EE.UU., también se indicaba que las oficinas estarían cerradas “por razones de seguridad”.
En el comunicado del DE emitido el martes, se confimar que iniciaron trámites para reducir la fuerza laboral que impactarían a cerca del 50% de la plantilla.
“El personal del Departamento impactado será puesto en baja administrativa empezando el viernes, 21 de marzo”, señala el parte de prensa.
“La reducción de hoy refleja el compromiso del Departamento de Educación con la eficiencia, la rendición de cuentas y en asegurar que los recursos son dirigidos a donde son más importantes: maestros, estudiantes, padres y maestros”, declaró McMahon. “Yo aprecio el trabajo de los servidores públicos dedicados y sus contribuciones al Departamento. Esto es un paso significativo para restaurar la grandeza del sistema de educación de EE.UU.”, agregó.
El documento procede a mencionar el compromiso con programas como las becas Pell y los que incluyen fondos para estudiantes con necesidades especiales en los que hizo hincapié la gobernadora de Puerto Rico.
El anunció añade que todas las divisiones dentro del Departamento Estaban están siendo impactadas por la reducción, con algunas que requieren una reorganización significativa para servir mejor a estudiantes, padres, educadores y contribuyentes.
De 4,133 trabajadores a 2,183
Tras la medida tomada por la Administración Trump, de 4,133 trabajadores, quedaron unos 2,183. La reducción incluye cerca de 600 empleados que aceptaron renunciar voluntariamente durante las pasadas siete semanas, especifica el comunicado.
De esos, 259 se acogieron al Programa de Renuncia Diferida y 313 aceptaron el Pago de Incentivo por Separación Voluntaria.
Según el DE, todos los empleados afectados recibirán salario completo y beneficios hasta el 9 de junio, así como una indemnización sustancial por despido o beneficios de jubilación en función de su antigüedad
Associated Press reseñó que unos 240 de los despidos anunciados correspondían a la Oficina de Derechos Civiles (OCR) de la agencia.
Organizaciones hispanas cuestionan recortes
Luego de que transcendieran los recortes en DE, diversas organizaciones, incluyendo las que representan a las comunidades latinas, alertaron de los efectos colaterales que podrían tener, particularmente, en las poblaciones estudiantiles más vulnerables.
Janet Murguía, presidenta y CEO de UnidosUS, afirmó que la acción de la Administración Trump es una “miope, temeraria y destructiva”.
“La acción de la Administración Trump para esencialmente destripar el Departamento de Educación es otra decisión miope, temeraria y destructiva que engaña el bienestar futuro de los estadounidenses. El sistema de educación pública es uno de los grandes logros de este país y una razón clave para el éxito de la nación. Poner en peligro la educación de millones de niños estadounidenses – las generaciones de las que depende nuestro futuro- es inexplicable e inexcusable”, planteó la activista mediante un comunicado.
Murguía emplazó al Congreso a que tome acción para proteger los programas y servicios de los que dependen todos los estadounidenses para prosperar.
“El Departmento hace posible los servicios cruciales que son provistos a estudiantes con discapacidades, supervisa financiamiento federal vital que ayuda a estudiantes de inglés a alcanzar competencia académica y proveé importantes inversiones a escuelas en áreas de alta pobreza, incluyendo ayuda para asegurar que niños no pasen hambre. Sin la expertís de servidores públicos en el Departamento de Educación que administren esos fondos federales, millones de estudiantes de las ciudades más grandes a los pueblos rurales más remotos enfrentarán grandes retos que los pondrán aún más por detrás de sus compañeros”, añadió, al tiempo, que destacó que uno de cada cuatro estudiantes en EE.UU. es hispano.
La CEO de UnidosUS concluyó con el dato de que una de las encuestas de la entidad, en 2024, arrojó que un 60% de los votantes hispanos considera que el financiamiento adecuado para la educación publica es uno de los asuntos que esperan que funcionarios atiendan.
Por su parte, Voto Latino denunció que la reducción de personal en DE pone en peligro el futuro de más de 18 millones de estudiantes latinos en EE.UU.
De acuerdo con la entidad, los recortes afectarán directamente a universitarios que dependen de becas y préstamos federales para costear su educación.
En el caso de los hispanos, datos del 2022 citados por la organización, apuntan a que unos 3.8 millones de estudiantes estaban matriculados en educación superior. De esos, casi el 75% recibía algún tipo de ayuda financiera.
Por otro lado, Voto Latino alertó que las medidas del gobierno federal complicarían el panorama de inseguridad alimentaria en comunidades vulnerables. En esa dirección, mencionaron que, más de seis millones de niños latinos, dependen del Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) gratuitos o a precios reducidos
En cuanto a la población de alumnos con discapacidades, destacan que el Departamento debe asegurar que cuentan con el apoyo y el acomodo que necesitan. En el sistema de educación pública, hay, aproximadamente, 1,125,000 estudiantes con necesidades especiales.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Educación de Florida, Andrew Spar, resaltó que las acciones de Trump y su equipo tendrían particular efecto en estudiantes de bajos ingresos.
“Todos los estudiantes se benefician de los programas administrados por el Departamento de Educación de EE. UU., especialmente aquellos de bajos ingresos y sus familias en comunidades rurales, suburbanas y urbanas, así como los estudiantes y familias que califican para subvenciones o préstamos federales para acceder a formación profesional o asistir a universidades de 2 y 4 años, y los estudiantes con discapacidades”, expuso mediante un comunicado.
Según el líder educativo, “esto (los despidos) reduce la capacidad de los educadores para apoyar a los niños a través de Programas de Educación Individualizada (IEP), elimina recursos esenciales para estudiantes en situación de indigencia, genera aún más desventajas para los estudiantes en áreas rurales, limita el acceso a oportunidades de educación superior y mucho más”.
“Como niño con dislexia, tuve un IEP que me proporcionó el apoyo necesario para tener éxito en la escuela y en la vida. Ese programa, posible gracias a la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) y ejecutado por el Departamento de Educación de EE. UU., cambió mi vida, al igual que sigue haciéndolo para innumerables estudiantes”, añadió sobre
Más de 1.4 millones de estudiantes, equivalente al 50% de la población estudiantil del estado, depende de los programas de Título I, que proporcionan especialistas en lectura y reducen el tamaño de las clases para estudiantes en situación de pobreza.
Los opositores a los planes de Trump enfatizan en que, cualquier acción para limitar el financiamiento para programas de este tipo, estaría en violación de leyes como IDEA.
El estatuto establece que a estos niños se les debe proveer una educación pública gratis y apropiada con énfasis en servicios de educación especial o diseñados para cumplir con sus necesidades.
IDEA básicamente establece la manera en que los estados y las agencias públicas deben intervenir y atender a esa población que supera los 8 millones a nivel nacional. Adicional, bajo la ley, el Departamento de Educación federal debe monitorear si los estados están cumpliendo con sus disposiciones.
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