Gobierno de Trump se niega a entregar datos de vuelos con deportados venezolanos a El Salvador
El gobierno sostiene que los vuelos de deportación de venezolanos a El Salvador despegaron antes de que la orden judicial que pretendía frenarla fuera emitida
Un migrante mira por la ventana de un avión que transportaba migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela, el lunes 24 de febrero de 2025. Crédito: Cristian Hernandez | AP
El Gobierno de Donald Trump rechazó este martes proporcionar información sobre dos de los vuelos utilizados en la deportación de más de 200 venezolanos a El Salvador, argumentando que no violó la orden de un juez federal que exigía su retorno a Estados Unidos.
Pese al mandato del juez James Boasberg, del Distrito de Columbia, tres vuelos aterrizaron en territorio salvadoreño el sábado, entregando a los deportados —a quienes el Gobierno identifica como miembros del Tren de Aragua— a las autoridades locales, que los encarcelaron.
Según documentos presentados ante la corte, la Administración Trump sostiene que los vuelos en cuestión despegaron antes de que la orden judicial fuera emitida por escrito, por lo que no habría existido incumplimiento.
Para ejecutar la deportación, Trump recurrió a la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que no se aplicaba desde la Segunda Guerra Mundial y que permite expulsar a ciudadanos extranjeros sin necesidad de una audiencia judicial.
El juez Boasberg había solicitado al Departamento de Justicia un informe detallado sobre el operativo, incluyendo información de los vuelos que despegaron antes de las 19:25 hora local del sábado, cuando la orden fue formalizada por escrito.
No obstante, el Gobierno respondió que proporcionar más detalles sería “inapropiado” y defendió que la orden verbal del juez, emitida minutos antes, no era legalmente vinculante.
En un nuevo intento por frenar el proceso, la Administración Trump apeló la causa y pidió la recusación de Boasberg, alegando un “ejercicio inapropiado de competencias”.
En el escrito judicial, también se argumentó que la publicación de información adicional sobre el operativo podría comprometer la seguridad nacional y las relaciones exteriores.
Con información de EFE.
Sigue leyendo:
