Gobernadora se reunió con administrador de EPA para Puerto Rico: ¿qué se discutió?
Jenniffer González le habló a Michael “Mike” Martucci sobre las medidas que propone para atender el problema de falta de generación eléctrica
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, junto al zar de Energía, Josué Colón; y el administrador de la Región 2 de EPA, Michael “Mike” Martucci. Crédito: La Fortaleza | Cortesía
Nueva York – Michael “Mike” Martucci, el administrador de la Región 2 de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA), que incluye a Puerto Rico, se reunió este lunes con la gobernadora Jenniffer González, durante una visita en la isla, para discutir, entre otras cosas, las medidas propuestas por la Administración del territorio para atender el problema de generación eléctrica.
Como parte de su estancia, el exsenador del estado de Nueva York, acudió junto a González y miembros de su gabinete a la Central de San Juan, para inspeccionar el funcionamiento de las plantas generatrices.
“Durante su visita de dos días, discutiremos múltiples alternativas para fortalecer y garantizarle a nuestra gente seguridad energética a corto, mediano y largo plazo, así como el estatus de los distintos otros programas que EPA tiene activos en Puerto Rico. Nuestra administración está comprometida con actuar con sentido de urgencia en temas críticos e importantes como el sistema energético”, dijo la gobernadora a través de un comunicado de prensa divulgado ayer.
Según el gobierno oficialista, el intercambio es parte de la estrategia de preparación de cara a la temporada alta de demanda eléctrica, cuando usualmente se agrava el problema de los apagones.
Durante la jornada, al administrador de la Región 2 se le mostró los generadores temporales que autorizó FEMA (Agencia federal para el Manejo de Emergencias) inicialmente hasta el 2025, para aumentar la flota tras el huracán Fiona. Se supone que el funcionamiento de los equipos se extienda hasta el 2027.
González convocó una reunión con el componente energético de la isla en el marco de la visita de Martucci. En el grupo se encontraba el zar de Energía, Josué Colón; el secretario de la gobernación Francisco Domenech; Mary C. Zapata Acosta, directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE); Gabriella Boffelli, directora ejecutiva a de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico; y representantes de LUMA Energy y Genera PR.
Por su parte, en unas declaraciones incluidas en el comunicado, Martucci indicó que busca asegurar el efectivo uso de fondos federales asignados a Puerto Rico.
A mediados del mes pasado, González dijo que le había solicitado al administrador de la EPA, Lee Zeldin, que incluyera a la isla en la revisión de 31 medidas que, entre otras cosas, buscan desregularizar aspectos como la protección del agua y el aire con el fin de adelantar la política de Trump en pro de combustibles fósiles como el gas natural.
Entre las medidas anunciadas se encuentran reconsiderar los estándares de emisiones de las centrales eléctricas y reconsiderar las normas sobre aguas residuales para centrales eléctricas de carbón y otras.
Grupos y organizaciones que trabajan por la justicia ambiental y la preservación de los recursos naturales insisten en que el gas natural no es la solución al problema energético en el archipiélago, por varias razones, que van desde sus efectos contaminantes, la inestabilidad del mercado, y la dependencia al modelo centralizado que no garantiza una respuesta inmediata y resiliente ante eventos como huracanes. También plantean que Puerto Rico tiene la capacidad de generar buena parte de la energía mediante la instalación de sistemas solares distribuidos en techos sobre la que los ciudadanos tienen un control más directo.
Por otro lado, las medidas tomadas por la Administración Trump para reducir el gasto público han tenido efecto en los fondos que reciben organizaciones o entidades por parte de agencias como EPA.
Por ejemplo, medios estadounidenses han reportado que organizaciones que se benefician del Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero (GGRF) han experimentado impedimentos para acceder a sus cuentas.
El Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero fue establecido bajo la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de la pasada administración con una inversión de $27,000 millones. La intención era beneficiar a comunidades de bajos ingresos, que incluyen a algunas de Puerto Rico, para reducir las emisiones y la contaminación del aire.
Bajo la orden ejecutiva firmada por Trump que declara una emergencia energética nacional se le puso una pausa a leyes como IRA para ver si cumplen con la política pública de la Administración.
La semana pasada, la EPA presentó mociones para rechazar las alegaciones de tres organizaciones sobre bloqueos de fondos bajo National Clean Investment Fund (NCIF), Clean Communities Investment Accelerator (CCIA) y Solar for All programs que se nutren del GGRF para proyectos de energía limpia en todo el país.
El Gobierno alega que no está evitando que los demandantes provean servicios, y que la EPA solo ha terminado los contratos bajo los que el Gobierno provee reembolsos por esos servicios.
En Puerto Rico, el gobierno federal, bajo la Administración Biden, había encaminado varias partidas de fondos para distintos propósitos a través de la EPA.
En el caso de GGRF, en abril de 2022, se aunció que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) fue seleccionada para recibir $156.1 millones de la EPA a través de Solar for All.
Los fondos se supone que se utilizaran para desarrollar programas de energía solar.
En octubre pasado, la EPA anunció una asignación $1.8 millones para que la Autoridad de Puertos de Puerto Rico encaminara tecnología de cero emisiones, redujera la contaminación del aire y promoviera la justicia ambiental en las comunidades portuarias.
No está claro cuál es el estatus de estos fondos al momento.
Zeldin anunció, el pasado 6 de febrero, el nombramiento de Martucci como administrador de la Región 2 de la EPA con el fin de implementar las prioridades de la Administración y atender las necesidades de la región que, además de Puerto Rico, incluye Nueva Jersey, Nueva York, las Islas Vírgenes de EE. UU. y ocho naciones indígenas reconocidas por el gobierno federal.
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