Jueza federal frena plan de deportaciones aceleradas impulsado por Trump
Donald Trump prometió organizar una operación masiva que alcanzara hasta 1 millón de deportaciones anuales en un segundo mandato

Agentes de ICE han arrestado a inmigrantes en los pasillos de cortes de inmigración. Crédito: Olga Fedorova | AP
Un juez federal en Washington bloqueó de manera temporal la ampliación de las deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados dentro de Estados Unidos, medida con la que el presidente Donald Trump buscaba acelerar la expulsión de personas sin documentos en su regreso a la Casa Blanca.
La decisión representa un revés para los planes de Trump, quien prometió organizar una operación masiva que alcanzara hasta 1 millón de deportaciones anuales en un segundo mandato.
La jueza federal de distrito Jia Cobb, designada por el expresidente Joe Biden, cuestionó que el gobierno defendiera el uso ampliado del procedimiento conocido como “deportación acelerada”, que permite expulsar a migrantes sin la revisión de un juez de inmigración, reseñó AP.
En su fallo de 48 páginas, Cobb señaló que la postura del Ejecutivo ponía en riesgo las garantías constitucionales:
“El gobierno sostiene un argumento verdaderamente sorprendente: quienes ingresaron al país ilegalmente no tienen derecho a ningún proceso bajo la Quinta Enmienda, sino que deben aceptar cualquier gracia que el Congreso les conceda. Si eso fuera cierto, no solo los no ciudadanos, sino todos estarían en riesgo”.
El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que la resolución “ignora las claras facultades del presidente” tanto en la Constitución como en la legislación federal.
En un comunicado, la agencia insistió en que la prioridad de Trump es “arrestar y deportar a los peores entre los peores” y defendió que la medida responde a la ley, los hechos y el sentido común.
Antes de esta expansión, la deportación acelerada solo se aplicaba a migrantes capturados a menos de 160 kilómetros de la frontera y con menos de 14 días en el país. La administración buscaba llevarla también al interior de Estados Unidos para incluir a quienes no pudieran probar más de dos años de residencia.
El fallo de Cobb no cuestiona la constitucionalidad del estatuto en la frontera, pero sí su aplicación masiva dentro del país. La magistrada advirtió que priorizar la rapidez podría generar errores graves:
“Aplicar el estatuto a un grupo enorme de personas que no han sido previamente objeto de una deportación acelerada obliga al gobierno a garantizarles debido proceso. Priorizar la velocidad por sobre todo lo demás inevitablemente llevará a eliminar erróneamente a personas a través de este proceso truncado”.
La decisión se suma a otro dictamen reciente en el que Cobb detuvo temporalmente los planes de ampliar las expulsiones rápidas contra inmigrantes que habían ingresado legalmente bajo el programa de libertad condicional humanitaria, fallo que podría beneficiar a cientos de miles de personas.
Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, han impulsado estas demandas, alegando que la deportación acelerada deja a miles de personas sin acceso a un juez ni tiempo suficiente para pedir asilo.
Mientras tanto, indicó AP, reportes señalan que desde mayo agentes de ICE han estado arrestando a inmigrantes en los pasillos de cortes de inmigración después de que jueces desestimaban sus casos a petición del gobierno. Esas detenciones han derivado en la reanudación de procesos de deportación, pero bajo la vía rápida.
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