SNAP para Puerto Rico: proyecto presentado por comisionado residente dispone para transición en un mínimo de 15 años
El H.R.5168 cuenta con ocho coauspiciadores, cuatro republicanos y cuatro demócratas
El comisionado residente Pablo José Hernández Rivera junto a otros miembros del Caucus Hispano del Congreso. Crédito: Mark Schiefelbein | AP
NUEVA YORK – El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, anunció este miércoles la radicación del proyecto H.R.5168 que busca facilitar una transición del PAN al SNAP en la isla en unos 15 años.
A pesar de la lluvia copiosa en la Capital federal esta mañana, el comisionado, otros legisladores, como el demócrata de California, Salud Carvajal; la gobernadora Jenniffer González y representantes de organizaciones que impulsan la seguridad alimentaria se congregaron en el exterior del Capitolio para pedir que se incluya a la isla en el programa SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) al igual que en los estados y en otros territorios como Guam y las Islas Vírgenes.
La legislación bipartidista cuenta con ocho coauspiciadores, cuatro republicanos y cuatro demócratas.
“El hambre no debe tener un “área code” (código de área). El hambre no tiene identificación partidista”, inició Hernández en la conferencia.
“Agradezco a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, que auspició una legislación similar en el pasado Congreso y está aquí en un acto de bipartidismo de nuevo para decir que el hambre no tiene código de área, que el hambre no tiene identificación partidista, que el hambre no es ni demócrata ni republicano, que el hambre no es ni ‘popular’ (del Partido Popular Democrático o PPD) ni del PNP (del Partido Nuevo Progresista o PNP) en Puerto Rico”, insistió el comisionado quien puede presentar proyectos de ley en el Congreso, pero no puede votar en el pleno de la Cámara.
El comisionado residente resaltó la disparidad entre lo que lo que reciben los ciudadanos bajo SNAP versus la asignación que reciben los que residen en Puerto Rico bajo el PAN (Programa de Asistencia Nutricional).
D- SNAP no está disponible en Puerto Rico
“Hoy día, aproximadamente, 38 % de los puertorriqueños, cerca de 1.2 millones de personas reciben el Programa de Asistencia Nutricional (PAN). En el 2022, una familia de cuatro personas recibía un promedio de $350 dólares al mes. Bajo SNAP, ellos habrían recibido cerca de $535 al mes. Más aún, bajo SNAP, en caso de un desastre natural, como un terremoto o huracán, los recipientes de SNAP son elegibles a SNAP por desastre (D- SNAP), un beneficio que no está disponible para Puerto Rico bajo la subvención en bloque actual del PAN”, comparó.
“Puerto Rico le ha dado suficiente a Estados Unidos. Puerto Rico, actualmente, está contribuyendo con EE.UU., especialmente, en asuntos de defensa nacional y Puerto Rico no debe obtener menos; Puerto Rico debe obtener lo mismo que los ciudadanos en territorio continental cuando se trata de programas para combatir el hambre”, añadió el estadolibrista.
Junto a Hernández, se encontraba Joel Toro, originario del pueblo de Río Grande, en Puerto Rico, quien resaltó que muchas de las personas que reciben PAN en la isla también trabajan.
“Muchas veces, algunos piensan que las personas que reciben estos beneficios quieren ser completamente mantenidos por el Gobierno. Eso no es verdad. Somo familias que trabajamos todos los días. Nosotros nos levantamos todos los días a las 6 a.m. a trabajar y hacer lo que tenemos que hacer. El beneficio del PAN que recibimos es un complemento para poder comprar y mantener a nuestras familias”, declaró el recipiente del programa en Puerto Rico.
Toro añadió que, en ocasiones, muchas familias tienen que decidir sobre si comprar alimentos o pagar las facturas.
González también planteó que Puerto Rico recibe menos de lo que recibe un ciudadano promedio de EE.UU. bajo la subvención en bloque del PAN.
“Cuando yo era miembro del Congreso di esta pelea como la está dando hoy el comisionado residente”, expuso la estadista.
La gobernadora destacó que una de las principales diferencias entre los fondos para seguridad alimentaria en la isla es que no aplica el programa conocido como D- SNAP, bajo el que se desembolsan fondos para alimentos en momentos de desastre.
“Déjame decirte una de las principales diferencias entre el programa PAN y el programa SNAP. En el caso de desastre, y estamos hablando de inundaciones, terremotos, huracanes o muchas otras situaciones, nosotros tenemos que tener una declaración de desastre hecha por el presidente, y luego, venir aquí, que se apruebe legislación en la Cámara y en el Senado y que el presidente la firme para poder obtener financiamiento adicional para atender esa situación de emergencia. Si tuviéramos SNAP se le transferiría automáticamente a Puerto Rico”, contrastó.
“Este programa es importante para el desarrollo de las familias; es importante para el desarrollo de la población de adultos mayores en la isla. Actualmente, 1.2 millones de puertorriqueños en la isla reciben este programa (PAN). Estamos hablando de $2. 9 billones anuales de este programa en la isla”, añadió González.
La primera mandataria indicó que, ante el hecho de que en la isla se exporta la mayor cantidad de lo que se consume, hace más pertinente la aprobación de la pieza legislativa.
“Este es un asunto de integridad. Esto es un asunto de tener seguridad alimentaria en la isla. Y cuando vives en una isla en la que se importa más del 90 % de los productos que consumimos, este programa es vital. O creo que como ciudadanos merecemos el mismo acceso al gobierno federal”, describió.
Lo nuevo del proyecto de ley
Según la primera mandataria, la razón que más pesa en la negativa de algunos congresistas en darle paso a la transición es el costo.
Con base en ese argumento, los impulsores del H.R.5168 se basaron en un estudio del Departamento de Agricultura federal que estima que el cambio de PAN a SNAP en Puerto Rico se completaría en, aproximadamente, 10 años.
“Las razones del Congreso para no aprobar esto en el pasado fueron el costo (de la transición). Hay un estudio de USDA (Departamento de Agricultura) del 2022 que dice que un periodo de transición tomaría al menos 10 años”, indicó la gobernadora.
“La diferencia entre este proyecto y los que presentamos antes es que este toma en consideración las recomendaciones del USDA que dicen que a Puerto Rico le tomaría al menos unos 10 años para hacer la transición formal”, explicó.
Lo anterior traería una situación de presupuesto neutro, “por lo que no costará más dinero durante ese periodo de 10 años”.
“USDA en el 2022 hizo un informe con una recomendación de que una transición a 10 años no le costaría más dinero al gobierno federal, así que acogemos la recomendación porque esto va a hacer más posible que se apruebe”, apostó.
“Yo estoy de acuerdo con las nuevas provisiones en la legislación y creo que nos va a ayudar con esa transición en términos de la digitalización, utilizar la tecnología en el Departamento de la Familia”, precisó.
Añadió que trabajan en otros cambios a nivel local para que estén adelantados en el proceso por si se aprueba la medida en el Congreso.
“Yo pienso que eso nos va a acercar al programa”, confió.
El proyecto propone enmendar la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008 para que Puerto Rico transicione a SNAP y para otros fines.
La pieza legislativa fue referida al comité de Agricultura de la Cámara, presidida por el republicano de Pennsylvania, Glenn “GT” Thompson.
En varias ocasiones, Thompson ha indicado que la isla no está preparada para la transición en términos de los requisitos laborales.
El año pasado, el legislador excluyó la transición de su proyecto de reautorización de la Ley Agrícola.
Este mes, el Congreso volverá a reevaluar la también llamada “Farm Bill” que es donde debe incluirse la transición de Puerto Rico a SNAP.
Los ocho congresistas que coauspician la nueva legislación son Don Bacon, republicano de Nebraska; James P. McGovern, demócrata de Massachusetts; Michael Lawler, republicano de Nueva York; Darren Soto, demócrata de Florida; Brian K. Fitzpatrick, republicano de Pennsylvania; Nydia Velázquez, demócrata de Nueva York; María Elvira Salazar, republicana de Florida; Chrissy Houlahan, demócrata de Pennsylvania.
El estudio al que hace referencia la gobernadora es uno que confirma la viabilidad para la implementación del SNAP del USDA en Puerto Rico.
El cronograma de implementación dependerá en gran medida de la fase de planificación, en particular del desarrollo e implementación de los sistemas de datos del SNAP.
El informe señala que el costo total estimado durante el período de implementación es de $341 a $426 millones.
El costo estimado de administrar el SNAP en Puerto Rico es de $249 a $414 millones anuales, y el costo de los beneficios es de unos $4,500 millones anuales (ambos costos expresados en dólares de 2031).
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