Concejo desafía al alcalde: promulgan leyes que quita sanciones a ambulantes sin licencia y mejora salarios de ‘groceries deliveries’

El Concejo Municipal desafió nuevamente al alcalde Eric Adams y levantó el veto, es decir promulgó dos leyes, a pesar de la negativa del ejecutivo municipal de firmarlas. La primera ley derogará las sanciones penales por delitos menores para los vendedores ambulantes, la segunda extenderá las protecciones que actualmente disfrutan los deliveristas de restaurantes a los repartidores de comestibles de los supermercados.

Hace unos días, la mayoría demócrata de la cámara legislativa local votó a favor de anular los vetos del alcalde Adams a las leyes 47-B, 1133-A y 1135-A. 

“Al trabajar junto a los trabajadores y pequeños empresarios de nuestra ciudad, el Concejo se convierte una vez más en líder para promover la equidad salarial y un sector de reparto sostenible. A la vez que protege a nuestros residentes de los abusos de la administración Trump. La anulación por parte del Concejo de los vetos insensatos del alcalde, permite promulgar estas leyes que benefician y protegen a la clase trabajadora”, aseveró la presidenta del Concejo, Adrienne Adams. 

Las explicaciones

La explicación que dio el alcalde Adams, para no dar el visto bueno a estas legislaciones es que a su criterio y de su equipo, despenalizar por completo a los vendedores ambulantes sin licencia, podría ser “injusto”, para los dueños de negocios establecidos.

Además, refiere riesgos para la salud pública y la seguridad, si se permite la venta ambulante sin un marco más estricto.

Esto sucede mientras en vecindarios de Queens, como Jackson Heights y Corona asociaciones de comerciantes y vecinos pelean por lo que describen como una “explosión” de la economía informal en las calles.

Más de 20,000 vendedores de comida operan en los cinco condados de la Gran Manzana, se estima que el 75% lo hace sin licencia ni permiso, debido en gran parte a la limitación de permisos disponibles que la Ciudad ha impuesto durante décadas.

En cuanto a la legislación que equipara a los ingresos de los trabajadores de las apps de restaurantes con los de los supermercados, es rechazada por el mandatario municipal, bajo la lógica económica de que al imponer un salario mayor para los “grocery delivery”, las empresas lo trasladarían al consumidor, lo que elevaría el costo de los comestibles.

En defensa

El proyecto de ley que protege a los vendedores ambulantes de sanciones penales cuando estén ejerciendo sus labores sin una licencia, fue una recomendación de la Junta Asesora de Vendedores Ambulantes, e incluye a diversas partes interesadas que representan a organizaciones comunitarias, propietarios, tiendas minoristas, pequeños negocios, así como al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y otras agencias municipales. 

El argumento de los concejales es que los antecedentes penales tienen graves consecuencias colaterales en la educación, el empleo y las oportunidades de vivienda, así como en el estatus migratorio, de estos trabajadores. En 2023, NYPD emitió más de 1,000 multas por venta ambulante ilegal, y casi el 80 % fueron recibidas por neoyorquinos negros y latinos, a pesar de representar solo el 50 % de la población de la ciudad.

Asimismo, el Concejo Municipal aprobó el pasado mes de julio una serie de legislaciones que exige a las empresas de aplicaciones como Instacart y Shipt, pagar a los deliveristas de supermercados un mínimo de 21,44 dólares por hora, para igualar el aumento que recibieron en abril, otros trabajadores de aplicaciones de entrega de restaurantes como Uber Eats y DoorDash. 

Los datos compartidos por el Concejo para defender la puesta en marcha de esta norma, es que el aumento del salario a esta fuerza laboral, que se mueve a través de aplicaciones, no aumentó significativamente los costos de los alimentos y los negocios están en auge, con un gasto récord registrado durante el primer trimestre de este año. 

“Cuando pides comestibles por una aplicación, no aparecen por arte de magia en tu puerta”, comentó la concejal Sandy Nurse, patrocinante principal de esta iniciativa.

Pequeños comerciantes: “Es injusto”

Por su parte, voceros sindicales de los pequeños comerciantes formales cuestionaron nuevamente el avance de estas legislaciones, advirtiendo que se debe buscar un punto de equilibrio para no afectar a los emprendedores familiares, como los bodegueros, que pagan impuestos, renta, servicios y por cualquier detalle operativo son sancionados económicamente.

“Creo que nuestros legisladores deberían buscar siempre un punto intermedio. Es ridículo y absurdo pensar que este tipo de leyes no tiene efectos negativos. Entendemos que hay trabajadores honestos que debemos apoyar. Eso no puede pasar, por afectar a todo el sistema económico. Siempre pagan los consumidores. Por su puesto que esto afecta los precios. Y ni hablar de los comerciantes, que tienen al frente personas ofreciendo su misma mercancía, a veces 50% más barata”, esgrimió Francisco Marte Presidente de la Asociación de Pequeños Comercios y Bodegas de NY.