Exmiembros de la Junta en Puerto Rico alertan de colapso financiero tras despidos de Trump, mientras se complica caso por demanda
Congresistas demócratas de origen boricua respaldaron la demanda presentada por tres de los seis miembros destituidos por Trump en agosto
Foto de archivo de una protesta en Nueva York contra la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. Crédito: Mary Altaffer | AP
NUEVA YORK – Para dos exmiembros de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR), uno de ellos despedido el mes pasado por el presidente Donald Trump, existe la posibilidad de que el territorio caiga nuevamente “al borde del colapso financiero” dependiendo a quién el presidente nombre a las seis posiciones vacantes.
Andrew G. Biggs y David A. Skeel Jr. sometieron un artículo de opinión a New York Times (NYT) que fue publicado este miércoles bajo el título “Trump está condenando la economía de Puerto Rico” .
Biggs forma parte del grupo de seis de los siete miembros de la Junta removidos por el presidente a principios de agosto bajo el supuesto argumento de generar ahorros y evitar el despilfarro.
Skeel Jr. presidió la Junta por ocho años hasta que renunció en julio del 2024.
“En medio de los despidos de líderes de agencias federales por parte de Donald Trump, un episodio se ha perdido en la oleada de despidos: la destitución de seis de los siete miembros de la junta de supervisión financiera de Puerto Rico, encargada de los asuntos fiscales de la isla durante casi una década. Dependiendo de a quién designe para reemplazarlos, la medida podría llevar a Puerto Rico de nuevo al borde del colapso financiero”, inician los exintegrantes en el escrito tipo ensayo.
Los financieros proceden a hacer referencia al 2016, cuando la Junta fue impuesta por el Congreso de Estados Unidos en Puerto Rico a través de la ley PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica) y la isla se encontraba sumida en una “catastrófica crisis de deuda” por no poder pagar los decenas de miles de millones de dólares que había tomado prestados.
“Ante el temor de que las demandas de los acreedores sumieran a la isla en una espiral económica desastrosa, el Congreso estableció un proceso de bancarrota que ayudaría a Puerto Rico a reducir su deuda. La ley, conocida como PROMESA, implicó la creación de una junta de supervisión, un panel bipartidista de expertos para representar a Puerto Rico en el tribunal de bancarrota y ayudar a equilibrar el presupuesto del territorio”, continúan.
Según los suscribientes, la Junta ha logrado “grandes avances”.
“Ha completado la mayor reestructuración de deuda pública en la historia de Estados Unidos, reduciendo la deuda del Gobierno a unos $7,400 millones de dólares de, aproximadamente, $34,000 millones. Ha fortalecido el debilitado sistema público de pensiones de Puerto Rico y ha devuelto la situación a la normalidad tras años de déficit”, resaltan en referencia al Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) del gobierno central que fue confirmado en el 2022.
Biggs y Skeel Jr. argumentan que a la Junta le queda por completar la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), la que atribuyen a “décadas de mala administración, daños y negligencia”.
“La fallas en la red son tan comunes que el rapero Bad Bunny las inmortalizó en una canción”, destacan los exmiembros.
El dúo alerta de que, si el grupo de tenedores de bonos disidentes avanza en su reclamo de que se les pague la totalidad de la deuda valuada en, aproximadamente, $12,000 millones, se registrará un aumento “drástico” en las tarifas de energía eléctrica para los abonados de la Autoridad.
“Esto podría requerir un aumento drástico de las tarifas para los consumidores. Sin embargo, las tarifas eléctricas de Puerto Rico ya se encuentran entre las más altas del país, y su ingreso familiar promedio es solo la mitad del de Mississippi, el estado más pobre de la unión. Tras concluir que el pago total supondría una carga para los puertorriqueños y obstaculizaría los esfuerzos para reparar el deteriorado sistema energético, la Junta consideró que la AEE sólo podía reembolsar una pequeña fracción de la suma total”, especifican en referencia a la alternativa que avalaba la Junta ya destituida.
Biggs y Skeel Jr. consideran, al igual que varios políticos y expertos, que muy probablemente Trump nombre a miembros que estén alineados con los intereses de estos bonitas a los que se les ha identificado como “depredadores” o “buitres”.
“Durante años, este grupo de bonistas se ha resistido a los esfuerzos de la Junta por reestructurar la deuda de la AEE, pero se ha mantenido prácticamente en un punto muerto, hasta ahora. La Casa Blanca, que aún no ha reemplazado a los seis miembros destituidos, citó la supuesta ineficiencia de la Junta como motivo de la purga. Sin embargo, como han sugerido figuras como la representante Nydia Velázquez, demócrata por Nueva York, es posible que estos bonistas tengan la confianza del presidente. De ser cierto, este momento presenta una oportunidad para que Trump inunde la Junta con intereses favorables a los acreedores. (Estos bonistas niegan haber persuadido al presidente para que interviniera en su favor)”, afirman.
Para los exmiembros, una “toma de control de la Junta” podría ser aún peor para el territorio.
“Bajo Promesa, los miembros de la Junta tienen el deber legal y fiduciario de representar a las instituciones en quiebra de Puerto Rico y, por extensión, al pueblo puertorriqueño. La Junta debe buscar las condiciones más favorables para la AEE y Puerto Rico ante el juez federal que supervisa el caso. Los propios tenedores de bonos están representados ante el juez, como corresponde. Sin embargo, nombrar a miembros de la Junta que actúen como representantes de los acreedores de la isla convertiría el proceso en una farsa”, plantean.
En ese sentido, mencionan que los bonistas inconformes han argumentado que las deudas de la AEE deberían pagarse con dinero del gobierno de Puerto Rico que no participó en el endeudamiento de la AEE, “lo que constituye un reconocimiento tácito de que la AEE no puede pagar su propia deuda“.
“Obligar a los contribuyentes puertorriqueños a asumir miles de millones que no solicitaron ni deben es injusto y socava recursos cruciales que deberían destinarse a la recuperación económica de la isla”, añaden.
Señalan además que la principal razón por la que la quiebra de la AEE no se ha resuelto es la constante exigencia de los bonistas de que se les pague casi en su totalidad.
En el escrito también mencionan a la activista de derecha y aliada de Trump Laura Loomer, quien había declarado que los miembros de la Junta debían ser despedidos porque habían gastado $2,000 millones en consultores y firmas de asesoría legal, una cifra muy por encima de los $370 millones estimados por el Congreso en el 2016.
Los exintegrantes justifican la suma bajo el argumento de que el cálculo se hizo antes de la serie de desastres naturales que devastaron la red eléctrica de la isla.
“Muchos de esos fondos fueron gastados por el gobierno puertorriqueño en batallas legales infructuosas para intentar aprobar leyes inasequibles. Ese gasto no justifica extraer miles de millones más del pueblo puertorriqueño”, afirman.
Biggs y Skeel Jr. además cuestionan las denuncias de que la Junta fue ineficaz u obstructiva.
“Las reestructuraciones de la Junta le han ahorrado a Puerto Rico más de $55,000 millones en pagos de deuda. Sus medidas de responsabilidad fiscal —la reforma de las prácticas de compras gubernamentales, la congelación temporal de los salarios gubernamentales y la implementación de medidas de transparencia financiera— le han ahorrado a la isla otros $17,000 millones”, manifiestan.
Para los autores, el despido de los miembros de la Junta probablemente sea ilegal o en contra de las disposiciones de PROMESA.
“Bajo PROMESA, el presidente no puede destituir a los miembros de la Junta sin causa justificada, un alto estándar que la administración ni siquiera intentó cumplir. Trump tampoco puede invocar autoridad ejecutiva sobre los empleados federales para despedir a los miembros de la Junta: la Corte Suprema dictaminó en 2019 que la Junta es una rama del gobierno puertorriqueño, lo que significa que sus miembros no son funcionarios federales”, explican.
Los exintegrantes reconocen las constantes críticas de los puertorriqueños contra la Junta por violar la soberanía de la isla. Sin embargo, añaden que estos organismos son comunes en casos de quiebras gubernamentales.
“La Junta de Puerto Rico ha ayudado innegablemente a alejar a la isla de la catástrofe económica. Si las seis destituciones se mantienen, esto pronto podría dejar de ser cierto”, anticipan.
“Si la Junta perdiera su independencia y presionara a favor de los acreedores de la isla en lugar de sus habitantes, Puerto Rico podría verse de nuevo sumido en el atolladero financiero que obligó al Congreso a intervenir hace casi una década. Las consecuencias para los puertorriqueños son casi demasiado deprimentes para imaginarlas”, concluyen.
Este viernes trascendió que otro exintegrante de la Junta, Justin Peterson, en un argumento como “amigo de la corte”, defendió ante el tribunal federal en Puerto Rico los despidos de los miembros del organismo tras la demanda presentada por tres de ellos.
Los abogados de Peterson, quien renunció al ente en el 2023, que incluyen a Ramón Rosario Cortés hacen referencia al artículo en NYT en el recurso de “amicus brief”.
“Los demandantes también alegan que fueron destituidos de sus cargos sin el debido proceso y que, como mínimo, el presidente debe fundamentar la causa. Sin embargo, uno de los demandantes publicó recientemente un artículo de opinión en el New York Times en el que afirmaba que ‘la Casa Blanca? citó la supuesta ineficiencia de la junta como motivo de la purga’. En cualquier caso, los demandantes no tenían derecho a ninguna notificación ni proceso previo a su destitución. El artículo 2121 no prevé ningún tipo de notificación ni audiencia previa a su destitución. Por lo tanto, los demandantes deben invocar su derecho constitucional a un proceso, pero esto requeriría identificar un derecho de propiedad reconocible en sus propios cargos”, lee parte del argumento.
La defensa legal agrega que a diferencia de otras disposiciones sobre causa justificada, el artículo 2121 no limita la “causa” de ninguna manera.
“No se limita a acciones o consecuencias durante el ejercicio del cargo…Tampoco define “causa” como únicamente ineficiencia, incumplimiento del deber o mala conducta (los llamados “factores INM”). Esto otorga al Presidente mayor autoridad de destitución que otras disposiciones de destitución’ impuestas por el Congreso o revisadas por la Corte Suprema”, especifica el recurso.
Biggs, Arthur González y Betty A. Rosa demandaron a la Admistración Trump y le pidieron al tribunal que declare nula sus destituciones.
Congresistas boricuas respaldan demanda de exmiembros de la Junta
Por otro lado, Velázquez, junto a los también representantes demócratas de Nueva York, Alexandria Ocasio Cortez (AOC) y Ritchie Torres indicaron en una declaración escrita conjunta que respaldan la demanda de los tres exintegrantes de la Junta.
“El mes pasado, la administración Trump despidió a seis de los siete miembros de la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico, una medida sin precedentes en los 10 años de historia de la Junta. De la noche a la mañana, estos miembros, que no reciben compensación alguna por sus servicios, fueron destituidos sin causa, a pesar de que la ley PROMESA solo permite la destitución de los miembros de la Junta con causa”, inicia el comunicado.
Los congresistas federales entienden que la acción, que describieron como “arbitraria”, en medio del proceso de reestructuración de la deuda de la AEE, afectará las tarifas de energía de los 1.5 millones de clientes de la isla.
“Como resultado, los procedimientos se han suspendido, lo que impide una reestructuración viable de la deuda. Mientras tanto, actores maliciosos han aprovechado la oportunidad para impulsar la disolución ilegal de la Junta. En lugar de buscar justicia, pretenden desmantelar la única entidad gubernamental que impide el uso de las cruciales reservas de efectivo de la isla para satisfacer las demandas de los bonistas”, advierten.
Al igual que los demandantes, los legisladores entienden que el caso iniciado del 18 de septiembre contra Trump y Sergio Gor, director de la Oficina de Personal de la Casa Blanca, se justifica porque las destituciones fueron ilegales.
“Vivimos un momento de abusos desenfrenados por parte del Poder Ejecutivo, y con la decisión de Trump sobre la Junta de Supervisión Fiscal, los puertorriqueños se han convertido en las últimas víctimas de su campaña contra las instituciones independientes. Apoyamos plenamente la demanda interpuesta por estos miembros, porque creemos en el trabajo que han realizado para detener a los fondos buitres que amenazan el futuro energético de Puerto Rico. Confiamos en que la justicia prevalecerá y demostrará que, como muchas de las acciones del presidente Trump, esta decisión fue insensata e ilegal”, esbozan.
“Si bien existen preocupaciones legítimas con respecto a la Junta, esta nunca fue la manera de abordarlas. Estos miembros deben ser restituidos sin demora para que la AEE pueda finalmente avanzar con su reestructuración y lograr un plan viable que garantice energía asequible a largo plazo para todos los hogares y negocios puertorriqueños”, concluye el trío.
