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YouTube pagará $24 millones a Trump para resolver demanda por cuenta suspendida

Donald Trump presentó demandas dudosas y expertos legales dijeron que los casos posiblemente fracasarían, pero las empresas prefirieron pagar de todas maneras

Trump se burló en línea y aseguró que la prohibición de 2021 era "ilegal", pero no lo era, y la disputa era un caso civil, no penal.

Trump se burló en línea y aseguró que la prohibición de 2021 era "ilegal", pero no lo era, y la disputa era un caso civil, no penal. Crédito: Jeff Chiu | AP

YouTube acordó pagar $24.5 millones de dólares para resolver una demanda vinculada con la suspensión de la cuenta del presidente Donald Trump luego de los disturbios en el Capitolio el 6 de enero perpetrados por los seguidores del republicano.

El acuerdo “no constituirá una admisión de responsabilidad o culpa” por partes relacionadas, de acuerdo con una presentación del lunes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California.

El mandatario demandó a YouTube, Facebook, y en ese entonces el llamado Twitter (ahora X) a mediados de 2021, luego de que las mencionadas compañías suspendieran sus cuentas en sus plataformas por preocupaciones relacionadas con la incitación a la violencia.

La cuenta del republicano fue restablecida en 2023, pero todavía así, procedió a demandar a YouTube y a su empresa matriz, Google (de Alphabet). Esta semana, el caso se resolvió con un acuerdo.

“YouTube anunció el lunes que llegaría a un acuerdo por más de 24 millones de dólares en una demanda interpuesta por el presidente Donald Trump, sumándose así a una creciente lista de acuerdos con empresas tecnológicas y de medios que han recaudado millones de dólares para los proyectos de Trump. … Un aviso de acuerdo por la demanda de Trump contra YouTube detalla que 22 millones de dólares se destinarán a la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca”, informó NBC News.

Tras anunciarse el acuerdo, Trump se burló en línea y aseguró que la prohibición de 2021 era “ilegal”, pero no lo era, y la disputa era un caso civil, no penal.

Desde que Trump ganó su segundo gobierno en el mes de noviembre de 2024 y volvió a la Casa Blanca en enero de este año, las empresas tecnológicas han estado resolviendo sus querellas con el primer ejecutivo.

Meta, la empresa matriz de Facebook, dijo en enero que pagaría $25 millones de dólares para resolver su demanda. Al mes siguiente, X del magnate sudafricano, Elon Musk, acordó pagar aproximadamente $10 millones de dólares por su caso relacionado con Trump.

En el mes de agosto, varios senadores demócratas, incluyendo Elizabeth Warren, de Massachusetts, mandaron una misiva al director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, indicando su preocupación por un probable acuerdo con el mandatario.

Los senadores explicaron en la carta que les preocupaba que tal acción fuese parte de un “acuerdo de quid pro quo para evitar la plena responsabilidad por violar las leyes federales de competencia, protección al consumidor y laborales, circunstancias que podrían resultar en que la empresa infrinja las leyes federales contra el soborno”.

El profesor de la Facultad de Derecho Carey de la Universidad de Maryland, Mark Graber, declaró en The Wall Street Journal: “Hay una razón para llegar a un acuerdo, pero tiene poco que ver con la ley. La doctrina actual de la Corte Suprema es muy clara: las empresas privadas no están obligadas a conceder a nadie el derecho de acceso”.

No obstante, agregó, que las grandes empresas reguladas por el gobierno republicano tienen una motivación corporativa para resolver estas disputas: “Si eres Meta o Google, $25 millones de dólares son dinero de bolsillo. Probablemente, valga la pena $25 millones de dólares en dinero de bolsillo para solucionar esto”.

Esa precisión ayuda a entender por qué ha habido tantos acuerdos de este tipo en respuesta las débiles demandas de Trump, incluyendo lo que pagó Meta, de X, de Paramount Global por $16 millones de dólares y de ABC/Disney también de $16 millones de dólares.

En cada caso, Trump presentó demandas dudosas, y los expertos legales ofrecieron comentarios que sugerían que los casos posiblemente fracasarían. No obstante, las empresas prefirieron emitir cheque de ocho cifras de todas maneras.

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