Grupos ambientales se apuntan victoria en tribunal federal de Puerto Rico en caso contra FEMA y fondos para red eléctrica
Un juez determinó que FEMA violó la ley NEPA al no considerar alternativas renovables para la isla como solución a la crisis energética
Un damnificado por el huracán María en Toa Baja, Puerto Rico, intenta reparar un poste del tendido eléctrico. Crédito: Ramon Espinosa | AP
NUEVA YORK – Un juez federal en Puerto Rico falló parcialmente a favor de un grupo de organizaciones ambientales al determinar que FEMA (Agencia Federal para Manejo de Emergencias) violó la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) por no considerar alternativas renovables para la isla como solución a la crisis energética.
La decisión emitida el 30 de septiembre por el juez Jay A. García-Gregory establece que, si se continúa destinando la mayoría de fondos FEMA a proyectos basados en combustibles fósiles, se le hará más difícil a Puerto Rico contar con los recursos para avanzar hacia la energía renovable.
El documento judicial indica además que la mayoría de los puertorriqueños depende de esa infraestructura, “que ha demostrado ser inadecuada, poco confiable y extremadamente vulnerable a los fenómenos meteorológicos, cuyos efectos serán más severos en el futuro debido al cambio climático”.
El fallo también le ordena a FEMA a preparar una Declaración de Impacto Ambiental que considere la energía renovable distribuida como alternativa a los combustibles fósiles.
“Cualquier decisión de financiamiento para restablecer el servicio eléctrico en Puerto Rico afectaría significativamente la calidad del entorno humano, especialmente considerando que, como la propia FEMA reconoce, las fallas de estos sistemas (de servicios públicos) pueden causar lesiones, pérdida de vidas…”, lee parte de la decisión de García-Gregory
“Esto es suficiente para requerir la elaboración de una Declaración de Impacto Ambiental (EIS), especialmente porque el tribunal coincide en que la Evaluación Ambiental Programática de Servicios Públicos y la Determinación de Impacto No Significativo (FONSI) que la acompaña no ofrecieron explicaciones adecuadas, simplemente ofreciendo declaraciones concluyentes no respaldadas por estudios, análisis ni datos sobre por qué FEMA desestimó los comentarios presentados por los demandantes y emitió una determinación de impacto no significativo”, agregó el juez.
El juez coincidió en que varios factores justifican la elaboración de una EIS. “La decisión de la agencia es significativa, ya que afectará a la gran mayoría de Puerto Rico. La dependencia continua de la infraestructura energética existente afectará la salud y la seguridad públicas, considerando los frecuentes cortes de energía causados por el envejecimiento de la infraestructura. Los proyectos también probablemente afectarán parques, áreas ecológicamente críticas y especies protegidas, considerando que las líneas de transmisión atraviesan algunas de estas áreas/hábitats”, estipuló.
Para García-Gregory, seguir dependiendo de la infraestructura actual, puede presentar riesgos inciertos o desconocidos para el medioambiente.
“También podría sentar un precedente para futuras acciones con efectos significativos: si los fondos de FEMA continúan canalizándose hacia infraestructura basada en combustibles fósiles, es poco probable que Puerto Rico cuente con los recursos para buscar alternativas de energía renovable en el futuro cercano”, señaló en el memo.
Las nueve organizaciones demandantes, algunas con presencia en Estados Unidos, alegaron, entre otras cosas, que los demandados violaron la NEPA al no considerar alternativas de energía renovable distribuida, no participar en los comentarios públicos que proponían alternativas de energía renovable, no examinar adecuadamente los daños ambientales asociados con la reconstrucción de la red de combustibles fósiles, y basarse en medidas de mitigación indefinidas o promesas de niveles futuros como sustitutos de un análisis exhaustivo de los impactos ambientales.
Alegaron, además, que FEMA se negó a preparar una declaración para los proyectos propuestos, y no realizó una revisión adicional de la NEPA a la luz de nueva información significativa.
El juez no estuvo de acuerdo en que la impugnación de los demandantes a FEMA para que prepare una Declaración de Impacto Ambiental para la Evaluación Ambiental Preliminar (PEA) de Instalaciones Públicas se basa en el argumento de que FEMA no consideró adecuadamente alternativas razonables de energía renovable para reconstruir la infraestructura energética de la isla.
“La PEA de Instalaciones Públicas sí considera una alternativa de energía renovable: el uso de microrredes. Pero, lo que es más importante, el propósito de la PEA de Instalaciones Públicas no abarca la restauración ni el reemplazo de la infraestructura energética de la isla, y los demandantes no identifican cláusulas en la PEA de Instalaciones Públicas que limiten el restablecimiento del suministro eléctrico en instalaciones gubernamentales a la electricidad generada con combustibles fósiles”, consideró García-Gregory.
Por otro lado, el tribunal resolvió que la PEA identifica adecuadamente los posibles impactos ambientales y proporciona información suficientemente específica sobre las medidas de mitigación para contrarrestar dichos impactos.
“En consecuencia, el tribunal considera que los demandantes no han demostrado con una preponderancia de la evidencia que FEMA violó la NEPA al no preparar una Declaración de Impacto Ambiental (EIA) en relación con la PEA de Instalaciones Públicas”, concluyó el jurista.
La demanda fue radicada en el 2023 por Center for Biological Diversity junto a ocho organizaciones comunitarias en Puerto Rico: Alianza Comunitaria Ambiental del Sureste, Campamento Contra las Cenizas en Peñuelas, Casa Tallaboeña de Formación Comunitaria y Resiliencia, Comité Caborrojeño Pro Salud y Ambiente, Comité Dialogo Ambiental, Comité Yabucoeno Pro-Calidad de Vida, El Puente de Williamsburg y Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas.
El caso hace referencia directa al uso por parte de FEMA de los fondos de ayuda por desastre asignados tras el huracán María, en 2017 (unos $12,000 millones), para proyectos enfocados en combustibles fósiles y modernización de la red. Para los representantes de las entidades, los proyectos de FEMA también atentan contra leyes como la de Política Energética de Puerto Rico de 2019, que establece que la isla debe alcanzar un 100% de energía renovable para 2050. Por otra parte, el informe PR100 de 2023 del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) concluyó que Puerto Rico contaba con un potencial de energía renovable suficiente para satisfacer la totalidad de sus necesidades eléctricas.
Para Federico Cintrón Moscoso, director de programas de El Puente de Williamsburg – Enlace Latino de Acción Climática en Puerto Rico, la decisión es una prueba más de que se puede resolver la crisis energética en la isla mediante alternativas como energía solar distribuida.
“Esta decisión rompe con la idea errónea de que solo hay una manera de transformar el sistema eléctrico y, por el contrario, reconoce que la alternativa que hemos promovido durante años —un sistema renovable y distribuido— es viable y debe considerarse seriamente al asignar fondos públicos”, indicó el activista a través de un comunicado este viernes. “El hecho de que FEMA no considerara la alternativa solar violó la ley y allanó el camino para la reconstrucción del mismo sistema obsoleto basado en combustibles fósiles que nos llevó a esta crisis en primer lugar. Por lo tanto, esta decisión reconoce nuestro derecho a un sistema energético accesible y limpio, según lo estipulan nuestras leyes locales y las aspiraciones colectivas”, agregó.
“Los fondos de recuperación ante desastres representan una oportunidad única para transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico y servir al interés público, garantizando que miles de personas no mueran, principalmente por falta de acceso a la electricidad, como ocurrió tras el huracán María”, reafirmó Ruth Santiago, líder comunitaria y abogada que forma parte de Comité Diálogo Ambiental.
Por su parte, Howard Crystal, director legal del programa de justicia energética de Center for Biological Diversity, catalogó el fallo como una gran victoria para las comunidades puertorriqueñas.
“Esta es una gran victoria para las comunidades puertorriqueñas que han sufrido durante mucho tiempo una red eléctrica inestable y contaminada, y que desean sistemas de energía solar en azoteas confiables y seguros para el clima”, dijo Crystal.
Sigue leyendo:
Administración Trump cancela más de 220 proyectos de energía renovable en 16 estados demócratas
(Entrevista) Nueva directora de El Puente en NY busca que boricuas unifiquen su voz en favor de esa y otras comunidades latinas
