Las agencias federales más impactadas por despidos de Trump en pleno cierre de gobierno
Este viernes, entraron en vigor más de 4,000 despidos en agencias como el Departamento del Tesoro y el de Salud y Recursos Humanos
Sede del Departamento del Tesoro en Washington D.C. Crédito: Patrick Semansky | AP
NUEVA YORK – Agencias federales como el Departamento del Tesoro (USDT) y el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) son dos de las más afectadas por los despidos encaminados por la Administración Trump en la coyuntura del cierre de gobierno.
Este viernes, el presidente Donald Trump y su equipo iniciaron los despidos de más de 4,100 trabajadores cuyo fin, entre otros, sería ejercer presión sobre los demócratas para que cedan a la propuesta republicana para reabrir el Gobierno.
“Las RIFs (reducciones de fuerza laboral) han empezado”, anunció por la red social X Russell Vought, encargado de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca.
Un oficial sénior del Gobierno indicó a The Hill que el aviso es una “instantánea” y que se avecinan más RIFs.
La información además consta en un documento judicial sometido por la Administración a la jueza de distrito de California, Susan Illston, como parte de una demanda encabezada por American Federation of Government Employees (AFGE) poco antes del cierre gubernamental.
La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, División de San Francisco, ordenó a Trump y a su equipo, que es la parte demandada, a suministrar la información sobre el alcance de los despidos.
AFGE y la AFL-CIO disputan en la demanda los despidos en medio del cierre gubernamental por entender que son ilegales, sin precedente y un abuso de poder.
Este viernes, las uniones le solicitaron a la corte que frene temporalmente los RIFs.
“Es vergonzoso que la administración Trump haya utilizado el cierre gubernamental como excusa para despedir ilegalmente a miles de trabajadores que prestan servicios esenciales a comunidades de todo el país”, dijo Everett Kelley, presidente de AFGE, en un comunicado.
Añadió: “Estos trabajadores se presentan a diario para servir al pueblo estadounidense, y durante los últimos nueve meses solo han recibido crueldad y crueldad por parte del presidente Trump. Todos los ciudadanos estadounidenses deberían estar indignados”.
Kelley argumentó que los trabajadores federales están cansados de ser utilizados como balón político.
“Los trabajadores federales están cansados de ser utilizados como peones para obtener beneficios políticos y personales de líderes electos y no electos. Es hora de que el Congreso haga su trabajo y negocie el fin de este cierre de inmediato”, pidió el líder sindical.
En un escrito en oposición a la moción de los demandantes para la orden de restricción temporal, el Departamento de Justicia (DOJ) señala que en el USDT se enviaron notificaciones de despidos a, aproximadamente, 1,446 empleados.
En el HHS, entre 1,100 y 1,200 habrían sido despedidos.
En el Departamento de Educación (ED) y en el Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) los despidos ascenderían a más de 400 en cada agencia.
En el caso del Departamento de Comercio (DOC), la cifra sería de 315; en el Departamento de Energía (DOE) se habrían despedido a 187 y en el de Seguridad Nacional (DHS), a 176.
De acuerdo con el documento, en la EPA (Agencia de Protección Ambiental), entre 20 y 30 personas habrían sido cesados.
En sus argumentos en oposición a un freno temporal a los despidos, el Gobierno plantea supuestos perjuicios relacionados con las RIF, como la “posibilidad de una alteración radical de los lugares de trabajo” y un aumento de la carga de trabajo para aquellos empleados que no están incluidos en la RIF o reciben una RIF revocada.
Tambíen cuestionan el supuesto “daño intangible por discriminación política” que sufrirían los empleados que recibieron notificaciones de RIF basadas en su supuesta afiliación política.
“Estos perjuicios especulativos y posteriores no pueden justificar una medida cautelar de emergencia. Como se ha señalado, las propias RIF —que, según los demandantes, causarían la alteración de los lugares de trabajo o el aumento de la carga de trabajo— podrían subsanarse mediante sentencia firme en un foro competente, en ausencia de la reparación preliminar extraordinaria que solicitan los demandantes”, expone la Administración Trump.
Los demandantes añaden que una orden de restricción temporal (TRO) no debería emitirse basándose en presuntos daños a empleados que no están sujetos directamente a las remociones.
“Si los empleados que enfrentan RIF no tienen derecho a una medida cautelar en equidad (y no lo tienen), otorgar una medida cautelar basada en daños más remotos y atenuados a otros empleados, basándose en la especulación de que podrían verse indirectamente afectados por la separación de algunos empleados, sería un revés para la equidad”, señalan los demandados.
Sobre el alegato de discriminación política como causa de los despidos, los abogados del Gobierno sostienen que la afirmación se basa en especulaciones y citas dispersas.
“Los documentos de orientación que impugnan los demandantes no contemplan la discriminación contra personas por su afiliación política. Sin pruebas de que el daño ‘intangible’ que describen sea inminentemente probable, los demandantes no pueden demostrar un daño irreparable”, lee el documento judicial.
El Departamento de Justicia añade que los demandantes ni siquiera explican el tipo de reclamación por discriminación política que su supuesto daño, de haber sido realmente sufrido, respaldaría.
“Y, en cualquier caso, dicho daño no sería irreparable porque, como se mencionó anteriormente, la MSPB (Junta de Protección de Sistemas de Mérito de EE. UU.) puede indemnizar a los empleados despedidos injustamente mediante la reincorporación, el pago retroactivo y los honorarios de los abogados”, afirman.
Por otro lado, el escrito matiza con el argumento de que los documentos de la OMB y la OPM (Oficina de Manejo de Personal) brindan orientación y sugerencias para que las agencias las consideren al responder a un lapso en las asignaciones, y contemplan expresamente que serán necesarias medidas adicionales para implementar cualquier RIF. “La mayoría de las agencias demandadas no han emitido una acción final como resultado de esos documentos. Y, como reconocen los documentos, corresponde a las agencias decidir si implementarán alguna RIF y cómo hacerlo en respuesta a la interrupción de las asignaciones”, mencionan.
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