Claves sobre la importancia del debido proceso para inmigrantes detenidos por ICE
Margy O’Herron, investigadora principal en inmigración del Brennan Center for Justice, explica la importancia del debido proceso en casos de inmigración
La Administración Trump endureció las políticas migratorias para aumentar deportaciones. Crédito: David J. Phillip, File | AP
Las actuales políticas migratorias del presidente Donald Trump ha abierto un debate no visto en Estados Unidos en años: la violación al debido proceso, es decir, el respeto a los derechos de las personas a enfrentar un procedimiento legal conforme a las leyes y reglas, dándoles oportunidad de defenderse.
Uno de los casos emblemáticos sobre la violación al debido proceso es el de Kilmar Ábrego García, originario de El Salvador, quien fue detenido, deportado y encerrado en la prisión para terroristas de su país.
Regresó a EE.UU., tras una batalla legal que llegó a la Corte Suprema, luego de que tribunales ordenaron al gobierno facilitar su regreso tras su deportación injusta y aunque actualmente está detenido en Pensilvania, sus abogados pueden ahora defenderlo.
Margy O’Herron, investigadora principal en inmigración del Brennan Center for Justice, explica que el debido proceso es un tema preocupante en la actual administración.
“A veces se escucha que este [el debido proceso] es un derecho que solo tienen los estadounidenses o los inmigrantes legales. Eso no es cierto. Todos tienen derecho al debido proceso. Lo que podría variar es que tus derechos al debido proceso dependen de dónde te encuentres en el país”, indicó la experta.
Agrega que hay variantes en cómo las personas pueden enfrentar sus casos migratorios ante una corte, dependiendo de si fueron detenidas cerca de la frontera, el tiempo que llevan viviendo en el país y otros aspectos esenciales de consideración, incluso si hay o no historial criminal.
En cuanto a la detención de inmigrantes indocumentados, históricamente el debido proceso permitía decisiones para que esas personas incluso se quedaran en el país o, en todo caso, fueran expulsadas de inmediato.
“El gobierno ahora ha decidido que cualquier persona en cualquier lugar del país, si no entró con una visa legal desde el principio, puede ser puesta en deportación acelerada. Así que están cambiando la interpretación de la ley”, indicó O’Herron. “Están metiendo a la gente en la cárcel de inmigración y los mantienen allí hasta que tomen una decisión. […] El cambio de interpretación ha sido impugnado”.
El caso de Ábrego García tuvo un curso positivo para su defensa, pero hay otros que no están en la misma situación y enfrentan violaciones a su debido proceso, como la reciente deportación irregular de Lucía López Belloza, una estudiante universitaria de 19 años que fue detenida en un aeropuerto de Boston –en un viaje por Acción de Gracias– y posteriormente deportada a Honduras, a pesar de la orden de un juez federal que impedía su expulsión, según su abogado.
Una política migratoria más dura
O’Herron está familiarizada con los diversos procesos migratorios, ya que también fue parte del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, trabajando en asuntos de política migratoria, además de haber sido parte de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés).
Agrega que la actual política migratoria está enfocada en las deportaciones y, en el afán de que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) logren las 3,000 detenciones, ha “cambiado de táctica”.
“En lugar de perseguir a quienes consideraban los peores de los peores, es decir, a personas con antecedentes penales, simplemente estaban extendiendo una red muy amplia y persiguiendo a cualquiera que, según ellos, se viera, hablara o actuara como un inmigrante”, lamenta. “Esto representa un cambio enorme con respecto a lo que vimos incluso durante la primera administración de Trump”.
Las operaciones de ICE con tal perfil se ven en varios estados, incluidos aquellos gobernados por republicanos: California, Carolina del Norte, Florida, Georgia, Nueva Jersey, Nueva York, Massachusetts, Maryland, Texas y Virginia, entre otros.
Los señalamientos de una política más dura se demuestran con los datos. Un reciente análisis de CATO Institute indica el 73% de las personas detenidas en operativos migratorios no tienen historial criminal.
La “discrecionalidad” como arma migratoria
Mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que está deteniendo y deportando a “lo peor de lo peor”, las estadísticas revelan que solamente el 5% de los inmigrantes arrestados han cometido delitos violentos, según nuevos datos de CATO.
Un elemento que oficiales de inmigración tienen a su favor es la “discrecionalidad”, es decir, la posibilidad de tomar decisiones con base en su propio juicio. Esta práctica incluye a los fiscales migratorios.
“Un ejemplo son los fiscales del Departamento de Seguridad Nacional. Forman parte del ICE […]. En muchas administraciones, tienen la discreción de decidir si presentar o no un caso. […] En años anteriores, esos casos probablemente no se habrían procesado, porque existe la oportunidad de que esas personas se conviertan en residentes permanentes, y entonces simplemente se permitiría que ese proceso siguiera su curso, en lugar de perseguirlos inmediatamente”, reconoce O’Herron. “Ahora bien, creo que hay un nivel de persecución, y están cambiando la forma en que ven a quienes están en el país ilegalmente. […] Han creado un nuevo requisito de registro, y si no se registran ahora, pueden ser expulsados, así que han cambiado las reglas. Cambian estas reglas sin avisar [y] usan su amplia discreción para decidir a quién perseguir y a quién no”.
O’Herron recordó, sin embargo, que los defensores de inmigrantes han ganado casos importantes en tribunales, donde ha habido más de 200 decisiones contra la Administración Trump, pero no ha sido fácil, sobre todo a partir de que la Corte Suprema delimitó los alcances de una decisión de un juez de Distrito y la correspondiente Corte de Apelaciones, acotándola a su jurisdicción.
“Lo único que añadiré es que el cambio de interpretación ha sido impugnado”, reconoció la experta. “Una [demanda] amplia, tal vez una demanda colectiva, o alguna otra forma de oponerse a esa política”.
Mientras enfrentan los desafíos migratorios actuales, organizaciones civiles recuerdan a los inmigrantes indocumentados solicitar asesoría legal certificada, no de notarios públicos, para tener mejores oportunidades ante un tribunal.
Este artículo fue publicado originalmente en LatidoBeat, una coalición de organizaciones locales líderes de noticias en español, unidas para difundir la rica diversidad de las voces latinas a lo largo de Estados Unidos. Actualmente incluye a La Opinión (Los Ángeles), El Diario (New York), La Raza (Chicago), La Prensa de Houston, La Prensa de Orlando, El Comercio de Colorado y La Noticia (Charlotte).
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