Jefe del Comando Sur explica al Congreso los ataques cerca de Venezuela en medio de fuerte escrutinio
El almirante Alvin Holsey, quien dejará el mando del Comando Sur, sostuvo una videollamada clasificada con los principales líderes republicanos y demócratas
Legisladores exigen explicaciones sobre los parámetros de la misión en el Caribe. Crédito: Julia Demaree Nikhinson | AP
El almirante Alvin Holsey, quien dejará en los próximos días el mando del Comando Sur de Estados Unidos, sostuvo el martes una videollamada clasificada con los principales líderes republicanos y demócratas del Comité de Servicios Armados del Senado, en medio del creciente escrutinio del Congreso sobre la campaña militar del presidente Donald Trump contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico cerca de Venezuela.
La reunión se produjo mientras legisladores exigen explicaciones sobre los parámetros de la misión y sobre un polémico ataque ocurrido el 2 de septiembre, en el que, según un informe, dos sobrevivientes murieron mientras se aferraban a restos de la embarcación previamente atacada. Así lo reseñó The Associated Press.
La salida anticipada de Alvin Holsey
Alvin Holsey ocupó el liderazgo del Comando Sur por poco más de un año. Su retiro anticipado, anunciado en octubre por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, coincide con un momento de tensiones por la estrategia de Trump, que ha transformado la tradicional labor de cooperación regional en una campaña letal contra barcos sospechosos.
El senador republicano Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados, evitó revelar detalles de la conversación, pero calificó al almirante como “un gran servidor público”. Sin embargo, el comité mantiene firmes sus exigencias: quiere que el Departamento de Defensa entregue videos sin editar de los ataques y las órdenes que los autorizaron.
Wicker indicó que el Pentágono aún revisa si ese material contiene secciones clasificadas.
El ataque del 2 de septiembre
El incidente de septiembre se ha convertido en el punto más sensible de la investigación legislativa. Expertos legales han advertido que el operativo podría haber vulnerado normas sobre el uso de fuerza letal por parte de las fuerzas armadas estadounidenses.
Los senadores también recibieron información según la cual el barco destruido navegaba hacia el sur, presuntamente con rumbo hacia otra embarcación con destino a Surinam, lo que abre nuevas dudas sobre si realmente representaba una amenaza para Estados Unidos.
El demócrata Chris Coons, de Delaware, criticó la misión:
“Están utilizando capacidades militares costosas y sofisticadas para matar a personas que son el equivalente a traficantes de barrio”, dijo, cuestionando además que la operación no haya mostrado avances reales en limitar el tráfico de los cárteles.
El Congreso espera un informe más amplio sobre política exterior y seguridad nacional de manos del secretario de Estado Marco Rubio y del secretario de Defensa Pete Hegseth.
Un operativo que suma 22 lanchas atacadas y 87 muertos
Desde septiembre, la estrategia de Trump ha derivado en la destrucción de 22 embarcaciones y la muerte de al menos 87 personas, según datos presentados a legisladores.
Paralelamente, la Casa Blanca ha intensificado sus amenazas contra Nicolás Maduro, y ha enviado a la región una flota que incluye el portaaviones más grande de Estados Unidos.
La administración sostiene que los narcotraficantes y las drogas representan una amenaza directa a la vida de los estadounidenses, y que por ello se aplican criterios similares a los empleados en la guerra contra el terrorismo.
Este enfoque contrasta con las prácticas habituales de la Guardia Costera, que históricamente ha priorizado la interceptación de embarcaciones, no su destrucción.
Trump defendió el operativo esta semana al afirmar que los dos hombres intentaban “enderezar” la embarcación volcada. Sin embargo, otra versión presentada ante los legisladores contradice esa explicación.
El almirante Frank “Mitch” Bradley, jefe de operaciones especiales que autorizó el segundo ataque, dijo en una sesión a puerta cerrada que dio la orden para evitar que la cocaína transportada fuera recuperada luego por miembros del cártel.
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