¿Cómo son los fraudes de notarios públicos contra inmigrantes? (podcast)
Además de pérdidas económicas, los inmigrantes pueden enfrentar serios problemas legales ante fraudes de notarios públicos
Debido a un fraude de notario públicos, un inmigrante podría perder la oportunidad de obtener incluso una Green Card. Crédito: USCIS | Cortesía
Entre $6,000 y $25,000 dólares, además de problemas con autoridades migratorias, puede costar a un inmigrante aceptar los servicios de asesoría de notarios públicos para trámites ante la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
Esto debido a que los notarios públicos no son abogados y no pueden ofrecer asesoría legal sobre trámites, a menos que tengan una acreditación pública del Departamento de Justicia o trabajen en colaboración con abogados certificados.
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Un reportaje de South Side Weekly y Type Investigations reveló el esquema fraudulento de los notarios públicos en Estados Unidos, que aprovechan la confusión entre inmigrantes de América Latina en cuyos países un notario es un abogado certificado.
En EE.UU., indica el reporte, los notarios públicos no son abogados y no pueden ofrecer asesoría legal o representar a una persona ante autoridades, salvo llenar formularios bajo instrucciones de la persona interesada y certificar la firma de un documento en particular.
“Algunos negocios, que por lo demás son preparadores de impuestos o notarios públicos legítimos, pueden tergiversar los servicios que están legalmente autorizados a ofrecer, eludiendo la línea entre hablar sobre opciones de inmigración y ofrecer asesoramiento legal para el que no tiene licencia”, señala la investigación.
Eso deriva en fraudes, como explicó al podcast ‘El Diario Sin Límites’ la periodista Alma Campos, una de las autoras del reportaje.
“Nosotros nos encontramos casos bastante fuertes… encontramos dos casos de mujeres que entre 2022 y 2023 cobraron miles de dólares a personas que buscaban ayuda con inmigración”, dijo. “Una víctima pagó entre $6,000 y $25,000 dólares y cuando ella empezó a preguntar por el avance de su caso, estas personas la amenazaron con que si hablaba con alguien la podían deportar”.
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