Fallo de juez federal en Puerto Rico contra FEMA podría traducirse en más fondos para proyectos de energía renovable
En violación a la ley NEPA, la agencia no consideró alternativas de energía renovables para la isla como solución a la crisis
El huracán María en Puerto Rico en el 2017 dejó claro la necesidad de avanzar en proyectos de energía renovable. Crédito: Dennis M. Rivera | AP
NUEVA YORK – Ingrid Vila, directora de la organización Cambio PR, estimó que el fallo de un juez federal en Puerto Rico contra FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) por no considerar alternativas de energía renovables para la isla como solución a la crisis podría traducirse en una redirección de fondos federales para proyectos de este tipo en el archipiélago.
“Creemos que fue un gran triunfo para las comunidades y los sectores que hemos estado reclamando el que la energía renovable se considere como alternativa de generación, algo que el gobierno de Puerto Rico no ha estado haciendo y tampoco FEMA en los procesos de fondos federales que estaba otorgando para ese sector”, dijo la ingeniera ambiental en entrevista con El Diario.
La experta matizó con el argumento de que los encargados de FEMA no han sido claros de qué manera están respondiendo a la decisión del juez Jay A. García-Gregory dictada el 2 de octubre pasado.
“El impacto de eso o cuál va a ser el impacto real, todavía no hemos visto cuál va a ser la determinación de FEMA a nivel administrativo para adoptar o ajustar la forma en la que maneja los asuntos para atender esta determinación del tribunal, pero entendemos que pueden haber oportunidades para que esta decisión impacte cómo se están tomando las decisiones a nivel del gobierno local de Puerto Rico”, anticipó.
La activista expuso que el pleito se basa en esencia en el alcance de la NEPA o Ley Nacional de Política Ambiental que obliga a las agencias federales a evaluar los impactos ambientales de acciones propuestas previo a su ejecución.
“La ley NEPA sirve de base para la reglamentación ambiental también en Puerto Rico, así que estamos muy atentos a cómo FEMA responda a esta determinación del tribunal, y estamos mirando a ver cómo entonces podemos replicar algo similar para la adopción local”, añadió.
“¿Eso implicaría que se redirigiera dinero para proyectos de energía renovable?, porque si hay unas asignaciones por parte del Congreso para unos fines particulares (reparación y modernización de la red eléctrica) y se da esta decisión…”, indagó este medio.
“El dinero que está asignado a Puerto Rico para el sector energético, no está establecido que tiene que utilizarse para combustibles fósiles. Simplemente establece que tiene que ser para la transformación de la red eléctrica, y esto es algo que nosotros solicitamos aclaración de FEMA. El Congreso, en su momento, también nos ayudó en eso, para que FEMA aclarara si el dinero asignado a Puerto Rico podría utilizarse para energía renovable distribuida, a lo que FEMA respondió que sí, que era una determinación del gobierno de Puerto Rico que podría definir cómo quería utilizar el dinero. Por ende, el que el tribunal haya determinado que el gobierno federal tiene que considerar la energía renovable como alternativa, abre la puerta a que el dinero asignado pueda utilizarse y pueda redirigirse hacia la energía renovable porque es una vía de menor impacto en comparación con lo que está proponiendo el gobierno local y federal con los combustibles fósiles”, respondió.
Cambio PR forma parte de la coalición “Queremos Sol”, cuyo enfoque es impulsar la energía solar distribuida en techos como vía de sostenibilidad y resiliencia energética.
La decisión del juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Puerto Rico con fecha del 30 de septiembre señala que FEMA incumplió con la referida ley al no contemplar la energía solar en tejados y otras formas de energía renovable distribuida como parte de la reconstrucción poshuracanes en Puerto Rico. La sentencia además ordenó a FEMA a preparar una declaración de impacto ambiental en la que incluya las fuentes renovables como alternativa a los combustibles fósiles.
En específico, el memorándum y orden de García-Gregory sostiene que la mayoría de los puertorriqueños depende de una infraestructura eléctrica que se basa principalmente en combustibles fósiles, la que “ha demostrado ser inadecuada, poco fiable y extremadamente vulnerable a los fenómenos meteorológicos, cuyos efectos serán más graves en el futuro debido al cambio climático”.
El juez alertó en el documento que, si los fondos de FEMA siguen destinándose a infraestructuras basadas en combustibles fósiles, “es poco probable que Puerto Rico disponga de los recursos necesarios para apostar por alternativas de energía renovable en un futuro próximo”.
El magistrado además estableció que el historial demuestra “claramente” que las alternativas de energía renovable eran “razonables y viables”.
La demanda fue presentada por el Centro para la Diversidad Biológica y ocho grupos comunitarios de Puerto Rico: Alianza Comunitaria Ambiental del Sureste, Campamento Contra las Cenizas en Peñuelas, Casa Tallaboeña de Formación Comunitaria y Resiliencia, Comité Caborrojeño Pro Salud y Ambiente, Comité Dialogo Ambiental, Comité Yabucoeno Pro-Calidad de Vida, El Puente de Williamsburg y Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas.
En el caso están en disputa fondos federales para desastres que datan del huracán María que azotó la isla en el 2017. Unos $12,000 millones fueron asignados por el Congreso de Estados Unidos a Puerto Rico, dinero que FEMA está utilizando principalmente para la reconstrucción del sistema eléctrico con base en combustibles fósiles.
Las entidades cuestionaron que las prioridades de FEMA no van en la dirección de mitigar los efectos del cambio climático, mientras promueven la desigualdad en términos de justicia ambiental para las comunidades más afectadas por estas decisiones.
Un informe del Departamento de Energía de EE.UU. (DOE) y de laboratorios nacionales divulgado en el 2024 nombrado PR100 reveló que Puerto Rico podía alcanzar la meta de 100% de energía renovable para 2050 a través de recursos distribuidos como la energía solar en techos y la solar/eólica a gran escala si se realiza la inversión necesaria para mejoras en la red eléctrica.
Parte del argumento de las organizaciones es que FEMA no ha procedido acorde con la Ley 17 de 2019 (Ley de Política Pública Energética) que establece el objetivo anterior.
Cabe señalar que la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, presentó un proyecto de administración que se convirtió en ley para eliminar las metas intermedias de energía renovable contenidas en la Ley 17.
El mes pasado, 15 congresistas enviaron una carta al alto mando de FEMA en la que le piden cumplir con el fallo de García-Gregory.
“Esta decisión representa una importante oportunidad para que las actividades de recuperación y resiliencia ante desastres de FEMA en Puerto Rico cumplan con la legislación ambiental federal y promuevan un futuro energético más sostenible, equitativo y resiliente al cambio climático para el archipiélago”, plantearon los políticos en la misiva.
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