Gobernadora de Puerto Rico firma resolución que elimina cargo de $300 a clientes de LUMA con placas solares
LUMA Energy se opuso bajo el alegato de que la eliminación expone a la red eléctrica a condiciones de inestabilidad
Foto de archivo de paneles solares. Crédito: Shutterstock
NUEVA YORK – La resolución que firmó la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, para eliminar el cargo de $300 a clientes con sistemas fotovoltaicos (placas solares) de menos de 25 kilovatios de capacidad también ordena al Negociado de Energía (NEPR) a completar un nuevo Reglamento de Interconexión.
“Esta Resolución Conjunta 5-2026 le impone al Negociado de Energía la responsabilidad de revisar su reglamento para evitar estos cargos de $300 retroactivos y segundo que no se le pasen al resto de los consumidores en sus facturas. El resto de los clientes que no tiene el sistema fotovoltaico menores de 25 kv no tienen que pagar estas conexiones. Le corresponde ahora al Negociado establecer el nuevo reglamento para que el operador en este caso LUMA autorice esas conexiones”, especificó la gobernadora en un comunicado este miércoles.
En términos del desarrollo del reglamento, la resolución dispone que, una vez aprobada la misma, “el NEPR reanudará los procesos administrativos en los casos consolidados NEPR-MI2019-0009 y CEPR-MI-2018-0008 para llevar a cabo talleres participativos con entidades interesadas, guiados por una firma o entidad reconocida por su alta pericia y sustancial experiencia previa…”.
La acción de González se tomó tras una reunión ayer mismo con el “Zar de Energía”, Josué Colón; la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Mary Carmen Zapata; miembros de la Asociación de Almacenamiento Solar y de Energía (SESA), entre ellos el presidente PJ Wilson y el director ejecutivo Javier Rua Jovet; así como asesores legislativos para discutir el impacto de la medida.
La resolución contó con el apoyo de legisladores de los partidos de minoría. El recurso legislativo, de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes Carlos, “Johnny” Méndez, y el representante Víctor Parés Otero, fue respaldado por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Proyecto Dignidad.
LUMA Energy, compañía privada encargada de la red eléctrica en la isla, manifestó mediante declaraciones escritas su oposición a la medida.
A juicio del consorcio, que el mes pasado fue demandado por la Administración González con el fin de que el tribunal declare nulo el contrato de operación y mantenimiento, eliminar el cargo en zonas con alta penetración de energía renovable expone a la red eléctrica a condiciones de inestabilidad y limita la capacidad de evaluar de manera responsable la integración de nuevos sistemas de energía distribuida.
“Prescindir de estos análisis técnicos incrementa significativamente el riesgo de fluctuaciones de voltaje, fallas operacionales e interrupciones de servicio que pueden afectar a comunidades completas”, argumentó la compañía por medio de un comunicado.
Según la compañía, “el cargo reconoce la necesidad del pago para los estudios suplementarios que son necesarios para identificar limitaciones en el sistema y definir las mejoras necesarias que permitan integrar generación distribuida de forma segura y ordenada”.
LUMA afirmó que no se beneficia económicamente del cargo.
“De otra parte, la pérdida de estos ingresos supone un impacto al presupuesto que pudiera trastocar otros avances que el sistema necesita”, agregó la empresa.
El cargo del estudio de interconexión suplementario es un pago de $300 que los clientes de sistemas de energía solar debían cubrir para estudios técnicos adicionales con el propósito de integrar de forma segura la generación distribuida a la red eléctrica.
El Reglamento Número 8915, conocido como “Reglamento para Interconectar Generadores con el Sistema de Distribución Eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica y Participar en los Programas de Medición Neta”, de enero de 2017, estableció el cargo.
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