¿Cómo Trump piensa quitarle fondos a ciudades santuario como Nueva York a partir del 1 de febrero?
Amenaza una vez más con retirar el financiamiento a jurisdicciones que limitan su cooperación con el gobierno federal en la aplicación de leyes migratorias
El gobernador de Illinois, JB Pritzker (en el centro), habla mientras el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y la de Nueva York, Kathy Hochul, permanecen sentados cerca en una audiencia en la Cámara de Representantes federal sobre ciudades santuario. Crédito: Julia Demaree Nikhinson | AP
NUEVA YORK – Bajo el argumento de que las ciudades santuario protegen a “criminales” y promueven el fraude, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con retirar fondos a estas jurisdicciones.
El republicano dijo este martes que, a partir del 1 de febrero, frenará el financiamiento federal a las demarcaciones que limitan su cooperación con el gobierno federal en términos de ejecución de ley migratoria.
“A partir del 1 de febrero, no realizaremos ningún pago a las ciudades o estados que se declaren santuario, porque hacen todo lo posible para proteger a los delincuentes a expensas de los ciudadanos estadounidenses”, declaró Trump desde un evento en Detroit Economic Club en Michigan.
“Y esto genera fraude, delincuencia y todos los demás problemas que conlleva. Por lo tanto, no vamos a realizar ningún pago a nadie que apoye las ciudades santuario”, añadió.
Las expresiones del presidente estadounidense se dieron luego de que trascendiera la noticia de un fraude millonario en el estado de Minnesota relacionado con programas de cuidado infantil financiados con fondos federales que beneficiaban principalmente a miembros de la comunidad somalí.
A raíz de la controversia, la Administración Trump anunció ayer que pondrá fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes de ese país.
En su mensaje contra las jurisdicciones santuario, Trump aprovechó para mencionar el alegado fraude.
“También hemos suspendido los pagos relacionados con presuntos estafadores en Minnesota, de los cuales hay muchos”, afirmó Trump. “Es un gran estado. Era un gran estado. Ahora lo está destruyendo ese gobernador estúpido”, añadió en referencia a Tim Walz.
El anuncio de Trump también se reportó una semana después de que Renee Good fuera baleada fatalmente por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis.
La potencial suspensión de financiamiento federal a las llamadas “ciudades santuario” podría enfrentar escollos en los tribunales como ya ha ocurrido previamente. De hecho, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, dijo ayer que “serán implacables” en la lucha por recuperar “cada dólar que ha sido retenido por la Administración Trump”. “Esos fondos pertenecen al pueblo de Chicago, no al presidente”, añadió el alcalde.
En esa ciudad de Illinois, por ejemplo, hay varias ordenanzas activas para limitar la cooperación local y la federal en asuntos migratorios.
La ordenanza de “Ciudad Acogedora” de Chicago (Welcoming City Ordinance) prohíbe a los agentes de policía participar en operaciones federales de control migratorio. Además, los funcionarios municipales no están autorizados a preguntar a los residentes sobre su estatus migratorio ni negar servicios municipales bajo esa premia.
En agosto del año pasado, un juez federal en San Francisco, California, determinó que la Administración Trump no puede negar fondos a Boston, Chicago, Denver, Los Ángeles y otras 30 ciudades y condados por sus políticas santuario.
William Orrick extendió la orden preliminar que impedía al Gobierno suspender o condicionar el uso de fondos federales para las mencionadas jurisdicciones.
Recientemente o el pasado 9 de enero, otro juez federal de Nueva York frenó temporalmente la decisión de Trump y su equipo de suspender subsidios para programas de cuidado infantil en cinco estados, incluyendo Minnesota.
Aunque Arun Subramanian no se pronunció sobre la legalidad de la paralización, dictaminó que los estados cumplían con los requisitos legales para mantener el “statu quo” en cuanto a la financiación durante al menos dos semanas, mientras continúan los argumentos legales.
La guerra de Trump contra las ciudades santuario
La guerra de Trump contras las jurisdicciones santuario inició formalmente con una orden ejecutiva el 28 de abril del 2025 que fue nombrada “Proteger a las comunidades estadounidenses de los extranjeros delincuentes”.
El decreto estableció que el Departamento de Justicia (DOJ) y el de Seguridad Nacional (DHS) deberán emprender todas las acciones legales y medidas de cumplimiento necesarias para poner fin a lo que el Gobierno considera son violaciones de leyes federales.
Aparte de publicar una lista de los “estados y jurisdicciones locales que obstaculizan la aplicación de las leyes federales de inmigración”, las agencias deberán notificar a cada jurisdicción santuario sobre su incumplimiento de la aplicación de las leyes federales de inmigración y cualquier posible violación de la legislación penal federal.
De acuerdo con la orden, “la Administración (de Joe Biden) anterior permitió la entrada ilegal de millones de extranjeros a EE.UU. sin ningún control. Los riesgos resultantes para la seguridad pública y la seguridad nacional se ven agravados por la presencia y el control territorial de cárteles internacionales y otras organizaciones criminales transnacionales a lo largo de la frontera sur, así como por terroristas y otros actores malintencionados que pretenden perjudicar a Estados Unidos y al pueblo estadounidense. Esta invasión en la frontera sur exige que el Gobierno Federal tome medidas para cumplir con su obligación hacia los estados”.
La Casa Blanca planteó que algunos funcionarios estatales y locales “continúan utilizando su autoridad para violar, obstruir y desafiar la aplicación de las leyes federales de inmigración”, lo que representa una “insurrección ilegal” contra la “supremacía de la ley federal” y la obligación del Gobierno Federal de defender la soberanía territorial de Estados Unidos.
“Más allá de los riesgos intolerables para la seguridad nacional, tales intentos de anulación a menudo violan las leyes penales federales, incluidas las que prohíben la obstrucción de la justicia (18 U.S.C. 1501 y ss.), el encubrimiento o la contratación ilegal de inmigrantes indocumentados (8 U.S.C. 1324), la conspiración contra Estados Unidos (18 U.S.C. 371) y la conspiración para obstaculizar la aplicación de la ley federal (18 U.S.C. 372)”, lee el decreto.
En agosto, el DHS publicó una lista de, supuestamente, más de 500 jurisdicciones “identificadas por tener políticas, leyes o regulaciones que impiden la aplicación de las leyes federales de inmigración”.
Una lista actualizada en octubre señala que la recopilación es una inicial.
La enumeración consta de 33 jurisdicciones.
Las políticas santuarios, aunque varían en aplicación dependiendo de la demarcación, tienen amplio alcance.
Por ejemplo, restringen la capacidad de la policía estatal y local de realizar arrestos por violaciones civiles de inmigración federal o para detener a individuos por órdenes judiciales de inmigración civil. También prohíben los acuerdos “287(g)” mediante los cuales el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) delegan a agentes policiales locales para hacer cumplir la ley federal de inmigración.
De acuerdo con la ley federal, el Gobierno no puede obligar a los funcionarios estatales y locales a ejecutar órdenes de detención migratoria, ya que la aplicación es responsabilidad exclusiva del gobierno federal. La cooperación debe ser opcional
La Corte Suprema también ha indicado que la aplicación de la ley migratoria es responsabilidad exclusiva del gobierno de EE.UU.
Un informe de American Inmigration Council titulado “Políticas de santuario: una visión general”, especificó que “las acciones federales destinadas a obligar a las jurisdicciones locales a aplicar la ley migratoria probablemente sean inconstitucionales”. El reporte hizo referencia a la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que indica que gobierno federal “no puede emitir directivas que requieran a los estados abordar problemas particulares, ni ordenar a los funcionarios estatales, o a los de sus subdivisiones políticas, que administren o apliquen un programa regulatorio federal”.
El escrito también expuso que, contrario a lo que muchos creen, las políticas santuario no evitan que los indocumentados sean detenidos, tampoco la deportación o el enjuiciamiento por actividades delictivas.
“La policía estatal y local aún aplica las leyes penales estatales y locales contra los inmigrantes acusados de cometer un delito en jurisdicciones santuario”, resaltó el análisis.
Las agencias policiales estatales y locales pueden colaborar con agencias como ICE a través de acuerdos bajo el programa 287(g).
La iniciativa permite que una agencia policial aplique ciertos aspectos de la ley de inmigración estadounidense a través de la identificación y procesamiento de extranjeros sujetos a deportación con cargos penales pendientes o activos.
Bajo el programa, efectivos policiales pueden aplicar facultades de inmigración limitadas bajo la supervisión de ICE durante sus funciones habituales, así como notificar y ejecutar órdenes de arresto administrativas contra extranjeros sujetos a deportación que se encuentren en su cárcel.
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