Departamento de Justicia cita a Walz y a otros funcionarios por presunta obstrucción a operativos migratorios

El Departamento de Justicia emitió este martes seis citaciones del gran jurado a altos funcionarios de Minnesota como parte de una investigación para determinar si autoridades estatales y locales obstruyeron la aplicación de la ley federal durante la amplia operación migratoria en el área metropolitana de Minneapolis–St. Paul, informó The Associated Press.

Las citaciones, que solicitan diversos registros oficiales, fueron enviadas a las oficinas del gobernador Tim Walz, el fiscal general Keith Ellison, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, la alcaldesa de St. Paul, Kaohly Her, así como a funcionarios de los condados de Ramsey y Hennepin, según una persona familiarizada con el proceso.

De acuerdo con AP, la pesquisa se centra en determinar si funcionarios de Minnesota obstaculizaron la aplicación de las leyes federales de inmigración a través de declaraciones públicas, lo que podría constituir una violación de la ley de conspiración.

El alcalde Frey y el gobernador Walz, ambos demócratas, calificaron la investigación como una maniobra intimidatoria con fines políticos. El pasado 3 de febrero, la oficina de Frey recibió una orden para entregar una extensa lista de documentos, incluidos registros sobre la cooperación, falta de ella, con las autoridades federales de inmigración.

“No deberíamos vivir en un país donde la gente tema que las fuerzas del orden federales sean utilizadas para hacer política o silenciar voces locales con las que no están de acuerdo”, declaró Frey.

Por su parte, la alcaldesa de St. Paul, Kaohly Her, inmigrante hmong y también demócrata, afirmó que no se dejará intimidar por estas acciones y que defenderá a su comunidad.

Las citaciones se producen mientras la administración del presidente Donald Trump solicita a un juez federal que rechace la demanda presentada por Minnesota y sus principales ciudades para frenar el aumento de las redadas migratorias.

El Departamento de Justicia calificó la demanda como “legalmente frívola” y sostuvo que el Departamento de Seguridad Nacional actúa dentro de sus atribuciones legales.

El fiscal general Keith Ellison, por su parte, denunció que el gobierno federal viola la libertad de expresión y otros derechos constitucionales con lo que describió como redadas sin precedentes.

Aseguró además que los agentes involucrados están mal entrenados y que esta “invasión” debe detenerse.

La demanda, presentada el 12 de enero, busca una orden judicial que limite o suspenda las acciones de control migratorio. 

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