(VIDEO) Alcalde de Aguadilla, Puerto Rico, no echa para atrás en políticas “santuario” en el municipio
La Ordenanza Núm. 82 que firmó el alcalde Julio Roldán establece protocolos que limitan la cooperación entre las autoridades municipales y agencias como ICE
Foto de archivo proporcionada por la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) en la que se ve a rescatistas junto a una embarcación con migrantes volcada en el Paso de la Mona, que separa la República Dominicana y Puerto Rico. Crédito: AP
NUEVA YORK – El alcalde de Aguadilla, Puerto Rico, Julio Roldán, aseguró que el municipio continuará asumiendo políticas “santuario” en defensa de los migrantes, a pesar de las amenazas del gobierno central de supuesto retiro de fondos federales.
En entrevista con El Diario, el alcalde de la ciudad, ubicada en la costa oeste de la isla, afirmó que, tras la firma de las ordenanzas que declararon a la demarcación como “ciudad santuario”, no piensa echar para atrás en su compromiso de priorizar el respeto a los derechos humanos y civiles de los migrantes.
A preguntas de este medio sobre cuáles habían sido hasta el momento los efectos prácticos de haber declarado a Aguadilla “ciudad santuario”, respondió: “El primer efecto práctico negativo fue la persecución de varias personas y del liderato del gobierno (de Puerto Rico) donde nos mencionaban que nos iban a quitar los fondos federales por haber declarado ciudad santuario a Aguadilla. Y yo, cuando voy de frente, no me echo para atrás nunca. Fue una decisión que tomé en pro de todos los aguadillanos y en pro de la calidad de vida de todas las personas que viven en nuestra ciudad. Aquí no podemos defender a unos sí y a otros no”.
Roldán, sin embargo, aclaró que los fondos bajo Operación Stonegarden (OPSG), del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al final no le fueron retirados al municipio, como amenazó el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Arturo Garffer, a través de una carta en el verano pasado.
“Nunca los retiraron, nunca hubo tal intención. Simplemente se nos informó eso de parte del Estado. Cuando fuimos al gobierno federal, eso no era cierto”, indicó el alcalde del Partido Popular Democrático (PPD).
El titular argumentó que la amenaza de Garffer “fue para las gradas”.
“Eso fue para las gradas. Yo siempre lo dije que el director del DSP (Departamento de Seguridad Pública) lo que quería era los cinco minutos de fama y los tuvo ahí. Pero nada, siempre la verdad sale a relucir”, afirmó el ejecutivo municipal.
El funcionario municipal añadió que no está en la disposición de reunirse con Garffer debido a que el director del DSP no se comunicó con él antes del envío de la misiva.
“Para nada, porque si él no tuvo el gesto de comunicarse conmigo para darme la noticia de que pudimos haber arriesgado lo fondos federales, simplemente (quería) darme el cantazo públicamente, pues yo no tengo la obligación de sentarme con él para nada”, planteó el entrevistado.
En junio pasado, Roldán firmó una ordenanza que fue aprobada por la Legislatura Municipal que declaraba a Aguadilla una “ciudad santuario”.
La Ordenanza Núm. 82 establece protocolos que limitan la cooperación entre las autoridades municipales y agencias como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), salvo en los casos en los que exista una orden judicial válida o una amenaza comprobada a la seguridad pública.
“Queda prohibido a todo funcionario o empleado municipal, incluyendo personal de la Policía Municipal detener, interrogar o investigar a una persona, únicamente, por su estatus migratorio; compartir información confidencial con agencias federales de inmigración sin una orden judicial válida; participar en redadas, arrestos o actividades coordinadas por ICE o CBP que no estén respaldadas por una orden judicial”, lee parte del documento que presentó el legislador del PPD, Rafael Valle Ortiz.
La ordenanza añade que el Municipio no utilizará fondos, recursos humanos ni materiales para facilitar la implementación de políticas migratorias federales, salvo en cumplimiento de una orden judicial firme.
El decreto estableció además que toda información recopilada por las agencias municipales que incluya datos personales de los residentes, como domicilio, empleo, centro de estudios o historial familiar, será tratada con estricta confidencialidad y no podrá ser divulgada a las agencias federales sin una orden judicial.
La ordenanza especificó que las acciones no representan una violación de leyes federales, sino el legítimo ejercicio de la autonomía municipal.
“Hoy nos posicionamos en el lado correcto de la historia. Esta ordenanza es un acto de humanidad, solidaridad y respeto a la dignidad que todo ser humano merece”, declaró Roldán Concepción al momento de anunciar la ordenanza que fue complementado con la 83 para crear el Equipo de Trabajo de Respuesta Interdisciplinario en respuesta a redadas o intervenciones con migrantes.
Para la redacción de las ordenanzas, el Municipio utilizó dos modelos diseñados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico que tienen como objetivo la protección de los derechos de las personas inmigrantes que residen en el archipiélago.
Tras la acción legislativa, trascendió la carta del secretario del DSP en la que señalaba que
la decisión de las autoridades municipales era incompatible “con los principios de cooperación interagencial que son fundamentales para la implementación y efectividad del programa OPSG”.
El texto, con fecha del 21 de julio, mencionaba que el retiro de fondos aplicaba a los asignados para los años fiscales 2023 y 2024. Para el primero, se habían destinado $150,000, y, para el segundo, $95,903.
En la entrevista con este periódico, Roldán aclaró que en lo que sí colabora el personal del municipio con las agencias federales es en la intercepción de migrantes que arriban ilegalmente en embarcaciones a las costas del municipio.
“No he visto movimiento de federales en Aguadilla arrestando a indocumentados. La policía municipal no va a intervenir a preguntarle a las personas si tienen pasaporte o licencias o si son de aquí o no, pero, si nosotros estamos patrullando las aguas y vemos una embarcación de indocumentados, se están interviniendo con ellos. Eso nunca dejó de hacerse”, explicó.
“Aguadilla se ha convertido en un punto de entrada de indocumentados. Eso ha sido por toda una vida, y nosotros estamos pendientes. Cada vez que entra una embarcación, se intervienen con ellos y se arrestan”, añadió.
El alcalde argumentó que, en esas gestiones, las autoridades municipales trabajan, principalmente, con la CBP.
En cuanto a intervenciones con migrantes que trabajen o residan en el municipio, dijo que no van a intervenir, “porque eso no nos toca”.
“La policía municipal no tiene la capacidad, ni con el Código Municipal que lo establece así, para estar en intervenciones de ese tipo, ni siquiera intervenciones en casos de drogas. Está estructurado en el Código Municipal las funciones”, mencionó.
En ese sentido, el líder del ayuntamiento defendió la autonomía municipal.
“La autonomía municipal es importante, porque los municipios somos esa primera mano para el pueblo y todos los problemas que puede tener el gobierno central los que lo terminan solucionando son los alcaldes. Por eso es que yo siempre he dicho que los municipios deben tener esa autonomía en las escuelas públicas, en los fondos del Departamento de la Familia, porque manejamos estas situaciones y conocemos a nuestra gente”, expuso.
Las ciudades santuarios son jurisdicciones, ya sea ciudades, condados o estados, que limitan la colaboración de las autoridades locales, como la Policía, con los agentes federales migratorios.
Con el fin de adelantar su política de arrestos y deportaciones masivas, la Administración Trump mantiene una guerra contra estas demarcaciones bajo el argumento de que violan leyes federales y ponen en riesgo la seguridad nacional.
A mediados de este mes, Trump amenazó nuevamente con retirar, a partir del 1 de febrero, el financiamiento federal a las ciudades santuario.
De acuerdo con la ley federal, el Gobierno no puede obligar a los funcionarios estatales y locales a ejecutar órdenes de detención migratoria, ya que la aplicación es responsabilidad exclusiva del gobierno federal. La cooperación debe ser opcional
La Corte Suprema también ha indicado que la aplicación de la ley migratoria es responsabilidad exclusiva del gobierno de EE.UU.
En Puerto Rico, Aguadilla y Hormigueros son los dos municipios que se han declarado santuario. La isla está compuesta por 78 pueblos.
La isla es un territorio de EE.UU. y se encuentran bajo la jurisdicción federal.
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