Ganó una casa en sorteo de lotería de México y termina huyendo por amenazas del narco

Ganar una casa en un sorteo oficial del gobierno federal mexicano, anunciado como un acto de justicia social, terminó convirtiéndose en una experiencia de miedo, amenazas y desplazamiento forzado.

El caso de una mujer que obtuvo una vivienda confiscada al crimen organizado y rifada por la Lotería Nacional y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) expone serias fallas del Estado para proteger a civiles y garantizar la seguridad jurídica de los bienes que entrega.

La ganadora, identificada como Esperanza, obtuvo el inmueble durante el sorteo especial 291 de la Lotería Nacional, realizado el 15 de septiembre de 2024. La vivienda, valuada en unos $200,000 dólares, se ubica en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, una zona del occidente de México marcada por la presencia histórica de grupos criminales y altos índices de violencia.

El inmueble había sido asegurado por autoridades federales mediante un proceso de extinción de dominio, una figura legal que permite al Estado confiscar bienes vinculados a actividades ilícitas. Tras ese procedimiento, la propiedad fue transferida al INDEP y posteriormente entregada a la familia ganadora como parte de la política federal de rifar y subastar bienes incautados al crimen organizado.

De acuerdo con un reportaje de N+, Esperanza recibió la posesión de la vivienda en diciembre de 2024. Sin embargo, no se le otorgó la escritura pública, sino únicamente un documento que acreditaba su derecho como ganadora del sorteo. Esta situación dejó a la nueva propietaria en una posición legal vulnerable y dependiente de la actuación posterior de las autoridades.

La familia no se estableció de manera permanente en la casa, ya que su residencia habitual se encuentra en otra ciudad. Solo acudieron de forma temporal para recibir el inmueble y realizar adecuaciones básicas de seguridad, como la instalación de cámaras y el reforzamiento de puertas, conscientes del origen del bien y del contexto de violencia en la región.

Un premio convertido en amenaza

La situación cambió drásticamente en abril de 2025, cuando vecinos del fraccionamiento residencial Huerta de Peña alertaron sobre un intento de ocupación irregular. Un grupo de personas llegó al inmueble con herramientas y un cerrajero, e intentó forzar el acceso. De acuerdo con los testimonios, se identificaron como “los antiguos dueños” y aseguraron que la casa les pertenecía.

Uno de los hombres lanzó una advertencia directa a la ganadora: “No te metas en esta situación. No quiero tener problemas conmigo. Esa propiedad es mía y la voy a recuperar”, relató Esperanza. El ingreso no se concretó gracias a la puerta de seguridad reforzada y a que la vivienda se encuentra dentro de un fraccionamiento con caseta de vigilancia, pero el mensaje fue inequívoco.

Según el reportaje, la casa había permanecido bajo resguardo de autoridades federales hasta su entrega. No obstante, una vez transferida a la ganadora, no existió acompañamiento institucional, vigilancia permanente ni un protocolo de protección, pese al historial criminal del inmueble y de su antiguo propietario.

La vivienda perteneció originalmente a José Gabriel Zúñiga Ovalle, alias “El Delta” o “El Alfa”, identificado por autoridades federales como uno de los líderes del Cártel de la Laguna, una organización criminal asociada con el grupo de los Beltrán Leyva. Esta célula operaba principalmente en Durango y Coahuila, bajo la coordinación de Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, una figura relevante del narcotráfico en el norte de México.

Zúñiga Ovalle fue detenido en 2013 en Jalisco y vinculado con delitos de alto impacto, entre ellos el asesinato de un precandidato a la presidencia municipal de Lerdo, Durango, y el secuestro de empleados del periódico El Siglo de Torreón. Tras su detención, se inició un proceso judicial que culminó en la extinción de dominio de varios de sus bienes.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México resolvió que ni el acusado ni sus familiares pudieron demostrar la procedencia lícita de los recursos con los que se adquirió el inmueble. La sentencia concluyó que la propiedad fue comprada con ganancias de actividades ilícitas, lo que permitió su incorporación a las arcas federales.

Sin embargo, en 2025, tras recuperar su libertad, el nombre de Zúñiga Ovalle volvió a aparecer relacionado con la disputa por la casa rifada, lo que encendió las alarmas sobre la efectividad real de la extinción de dominio y la protección a terceros de buena fe.

Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno mexicano impulsó la política de rifar y subastar bienes incautados como símbolo del combate a la corrupción y al crimen organizado. Entre 2018 y 2024, más de 1,300 propiedades fueron sorteadas o subastadas, muchas de ellas provenientes de procesos de extinción de dominio.

El caso de Esperanza evidencia los riesgos de esta estrategia cuando no va acompañada de garantías de seguridad, certeza jurídica y apoyo institucional. “Estamos solicitando que nos den el premio económico. Yo no quiero esa propiedad. ¿Para qué quiero un premio así si prácticamente están poniendo mi vida en peligro?”, declaró.

Para expertos en seguridad y derechos humanos, el episodio refleja una falla estructural del Estado mexicano: transferir bienes de alto riesgo a civiles sin asegurar su protección. Para la ganadora, la rifa terminó no como un acto de justicia, sino como una amenaza directa que la obligó a abandonar lo que alguna vez fue presentado como un premio.

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