¿Consumidores en Puerto Rico recibirán reembolsos tras decisión del Tribunal Supremo contra aranceles de Trump?

NUEVA YORK – La incertidumbre sigue siendo la palabra que mejor describe el panorama en Puerto Rico a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que declaró ilegales los aranceles de la Administración Trump.

El pasado 20 de febrero, en una votación 6 a 3, los jueces del máximo foro dictaminaron que los aranceles exceden las facultades otorgadas al presidente Donald Trump a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para regular el comercio durante emergencias nacionales creadas por amenazas extranjeras.

Al igual que en otras jurisdicciones, partes interesadas en la discusión en el territorio estadounidense no manejan información precisa sobre el impacto que tendría la decisión del máximo foro en asuntos como los reembolsos por los gravámenes ya pagados, por ejemplo.

Sin embargo, para el economista José Caraballo Cueto, es muy poco probable que los consumidores reciban algún beneficio de cualquier reembolso cobrado ilegalmente por el gobierno federal, esto sumado al hecho de que el presidente Donald Trump inmediatamente después de la decisión impuso otro arancel de 15% con base en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

“Yo tenía esperanza de que los quitara y respetaran la ley y el orden, pero no lo ha hecho. El mismo día que el Tribunal Supremo lo quita, vuelve y establece otro arancel basándose en otra ley distinta a la que fue parte del litigio. Si esto se vuelve a litigar, en lo que se vuelve a litigar y llega hasta el Tribunal Supremo, van a pasar varios meses, así que, por lo pronto, el bolsillo de los consumidores va a seguir sintiendo el efecto de estos aranceles”, expuso Caraballo Cueto a preguntas de El Diario.

A juicio del profesor de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras, serían los importadores o las entidades que introducen bienes, productos o servicios desde un país extranjero al mercado nacional, en este caso a la jurisdicción de Puerto Rico, los que podrían resultar beneficiados de cualquier reembolso.

“Ahí realmente los que ganaron con esta decisión fueron los grandes mayoristas, distribuidores, porque ya ellos le pasaron ese aumento a los detallistas, que son las tiendas en las que las personas compran, y los detallistas a su vez se lo pasaron a los consumidores. Ya le pasaron el aumento; ahora van a cobrar ese arancel como si ellos hubiesen sido los que los pagaron, así que ellos son los que salen ganando con esta decisión del Supremo. Por lo pronto, la situación con los aranceles permanece”, explicó.

“Ojalá que eso sea lo que pase, que le devuelvan a los consumidores, pero, por lo que veo, van a devolverle dinero a los importadores solamente”, añadió el experto.

El catedrático asociado de Administración de Empresas puso como ejemplo el caso de la cadena Costco, que en la isla también le vende productos a negocios.

“Costco, por ejemplo, es uno de los demandantes. Cotsco importa mercancía de China y de distintos países. Cuando Costco sacó esa mercancía de los muelles, pues tuvo que pagar ese arancel y ese costo ya se lo pasaron a sus clientes, y supongamos que su cliente es una cafetería porque, ciertamente e Costco compran consumidores, pero también compran negocios. Así que le pasó ese aumento a una cafetería y la cafetería después se los pasó a sus consumidores. Pero, ahora, al que le van a devolver el arancel es a Costco solamente, no a los clientes de Cotsco, y, en ese sentido, son los que salen ganando…Por ahora, no he visto una decisión para que ese dinero vaya a los consumidores, que es lo que yo recomiendo que se haga”, argumentó.

El tema de los aranceles tendría efectos significativos en Puerto Rico debido a que el archipiélago depende en más de 80% de las importaciones.

“En Puerto Rico, la economía es más abierta que en otras áreas; se importa más proporcionalmente hablando que en otras jurisdicciones, así que se afecta proporcionalmente más con estos aranceles. De hecho, ya está sobre los $300 millones el dinero que se ha recaudado por estos aranceles, y son $300 millones que salieron del bolsillo de los consumidores en Puerto Rico (según datos de la CBP u Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos / en el año fiscal 2025)”, se refirió.

El abogado experto en finanzas Rafael Ferreira anticipó pleitos en los tribunales por el tema de los reembolsos.

“Lo que hay es incertidumbre porque lo que el Gobierno ha logrado cobrar en estos aranceles que se declararon inconstitucionales fue alrededor de $175,000 millones. Y ahora el (Departamento del) Tesoro tiene que reembolsarle a todos estos importadores esa cantidad. El detalle es que esto no va a ser llenando un formulario. Esto va a implicar que cada comercio, cada empresa, va a tener que radicar un litigio y ya Trump hizo público que le va a hacer la vida difícil a cada comerciante para que no logre su reembolso”, señaló en entrevista con la emisora Radio Isla.

El especialista anticipó que “a los consumidores no les va a llegar” dinero de vuelta.

“Podría ser que a muchos comercios les llegue. Va a costar sangre, sudor y lágrimas, porque van a tener que ir a los foros pertinentes y ya Washington D.C. dijo que no cederían fácilmente a ese reembolso, que cada comercio va a tener que probar su caso. Lo más triste de esto, es que (Trump) no lo consiguió de una manera, pero lo consigue de otra. Es como dicen por ahí dar la vuelta para conseguir el mismo objetivo”, afirmó Ferreira.

Tras ser contactado por este periódico, el economista José Alameda proveyó datos de una presentación al Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico titulada “Implicaciones de la decisión del Tribunal Supremo sobre los aranceles bajo la ley IEEPA”.

De acuerdo con el análisis, “el fallo de la Corte Suprema subraya que el Presidente no puede utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para imponer aranceles radicales de manera unilateral, dejando en evidencia que la facultad tributaria corresponde exclusivamente al Congreso”.

Citando información de Tax Foundation, el catedrático de Economía en la UPR de Mayaguez señaló que la sentencia implica que los aranceles de la IEEPA del presidente Trump, incluidos los del “Día de la Liberación”, son ilegales.

“Esos aranceles han recaudado más de $160,000 millones de dólares para el gobierno federal hasta el 20 de febrero de 2026, y habrían recaudado $1.4 billones de dólares entre 2026 y 2035”, lee otra parte de la presentación.

El escrito hace una distinción entre los efectos de los aranceles de la IEEPA y los de la Sección 232, que no se vieron impactados por la sentencia.

Dicha sección es parte de la Ley de Expansión Comercial de 1962, bajo la que se impusieron aranceles del 50% para el acero, 25% para el aluminio, entre otros.

“Con la IEEPA declarada ilegal, estimamos que los aranceles restantes de la Sección 232 impuestos en 2025 aumentarán $635, 000 millones de dólares en ingresos entre 2026 y 2035 de forma convencional y reducirán el PIB estadounidense en un 0.2%, detalló el informe.

“Aunque la sentencia alivia los aranceles de la IEEPA, que estimamos reducirían el PIB (Producto Internacional Bruto) estadounidense a largo plazo en un 0.3%, los aranceles de la Sección 232 siguen vigentes”, aclara el texto.

“Estimamos que recaudarán $635,000 millones en la próxima década y costarán a los hogares estadounidenses una media de $400 dólares en 2026. Antes era $1,000 a $1,300”, continúa el análisis.

El reporte plantea que la Administración Trump también podría invocar la Ley Arancelaria de 1930 (Sección 338) aparte de la de Comercio de 1974 y la de Expansión Comercial de 1962.

Pero, según Alameda, “todas presentan grandes limitaciones”.

“Cada uno es o bien estrecho, temporal o específico, en comparación con IEEPA, y no puede usarse para recrear el muro arancelario generalizado de Trump”, especificó.

El Diario también contactó al equipo de prensa del Centro para la Nueva Economía (CNE), organización que ha investigado este tema y con presencia en Puerto Rico.

Sin embargo, se nos informó que, debido a la incertidumbre que existe aún sobre como el gobierno federal procesará y distribuirá los reembolsos arancelarios, no emitirían comentarios al momento.

La entidad continúa monitoreando de cerca la discusión.

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