Deportados al peligro: ecuatorianos que regresan al país del que huyeron, marcado por la violencia

La violencia y la falta de oportunidades en Ecuador empujan a miles de personas a dejarlo todo, ya sea dentro del país o cruzando fronteras, en busca de estabilidad y tranquilidad.

La guerra entre grupos del crimen organizado ha desatado un crecimiento significativo de inseguridad en las calles desde 2019 según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO). Los casos de extorsión, también denominados “vacunas” y el aumento de secuestros convirtieron al 2024 en un año de éxodo, teniendo a Estados Unidos como destino principal.

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Ese año marcó un récord de salidas. Según la agencia estadounidense de Inmigración y Control de Aduanas (CBP), más de 120,000 ecuatorianos fueron detenidos, expulsados o deportados en su intento por cruzar la frontera. La magnitud del éxodo también quedó reflejada en un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), publicado en junio de 2024, que estimó que cerca de 800,000 ecuatorianos residían en Estados Unidos.

Juan y Andrés, quienes prefirieron cambiar su nombre, son migrantes que comparten sus historias, ponen voz y rostro a aquellas cifras. Ambos huyeron del Ecuador en busca de refugio y mejores días. A los dos “el sueño americano” se les terminó: fueron deportados en 2025.

Según una investigación publicada por InSight Crime, más de 80,000 personas durante 2024 en Ecuador se vieron obligadas a abandonar su hogar por la violencia que aqueja al país. Juan es uno de ellos. Asegura que estaba amenazado de muerte y que huir hacia otro país fue su única opción.

Aunque 2024 marcó un alto número de salidas sin retorno, la tendencia migratoria de los ecuatorianos viene en aumento desde 2021. La OIM, en su informe Análisis del Flujo Migratorio de Población Ecuatoriana indica que debido a la afluencia de personas de esta nacionalidad emigrando hacia Estados Unidos a través de países centroamericanos, México y Guatemala impusieron visa ese mismo año.

Juan: amenazas, detención y deportación

Precisamente en 2023 Juan decidió huir de Ecuador. Oriundo de la capital económica del país, Guayaquil, él emprendió su viaje hacia Estados Unidos en mayo de ese año. Entre el calor habitual de la ciudad y la violencia que la aqueja, no solo el comercio caracteriza a este puerto principal del país; también es un punto clave en las rutas del narcotráfico, como lo asegura el medio Primicias en un reportaje titulado: Guayas y Los Ríos: “cantones bodegas”. La ciudad es hoy una zona de disputa entre organizaciones criminales y sitio de constantes ataques armados, afectando a la sociedad civil. Juan pasó de ser testigo de ese panorama a ser una víctima más.

Juan sostiene que su salida del país en 2023 no respondió sólo a razones económicas. Según relata, el ex de su pareja de ese entonces lo había amenazado de muerte y decía pertenecer a Los Choneros, organización criminal catalogada como grupo terrorista en Ecuador. Sin medidas de protección, comprendió que permanecer significaba riesgo para su vida.

Ante esa amenaza directa y sin protección posible, por miedo a represalias si denunciaba el caso, entendió que quedarse significaba arriesgarlo todo y migrar se convirtió en la única salida.

Desde Ecuador, su trayecto le tomó 15 días hasta llegar a México. Salió por tierra. Describe su travesía como tranquila, salvo en el Darién. En medio de la selva, los sonidos de la naturaleza y los animales, ver cuerpos sin vida lo marcó.

Cruzó Centroamérica y atravesó México hasta Piedras Negras. Pasó el Río Bravo, conocido como Río Grande del lado estadounidense, llegó al puerto de entrada de Eagle Pass y se entregó a la Patrulla Fronteriza. “Yo me entregué a migración, pero ellos ponen como que a mí me han capturado”, dice. No imaginó lo que vendría: 38 días en las llamadas “hieleras”, centros de detención de corto plazo que, asegura, operan en condiciones inhumanas.

“Los agentes nos botaron todas nuestras pertenencias a la basura, nos llevaron esposados de manos y pies”, asegura. La comunicación fue escasa según él, además afirma que solo les ordenaban firmar documentos bajo la amenaza de deportarlos.

Al salir del centro de detención, recibió documentos de miedo creíble y parole humanitario, además de las fechas para presentarse ante la Corte y la agencia de Inmigración Control de Aduanas (ICE). En Houston lo dejaron en el aeropuerto: “Me dijeron que tenía una hora para irme, caso contrario, ICE me volvería a detener” agrega.

Juan accedió a una llamada telefónica. Sus familiares le compraron un pasaje de avión. Salió desde el aeropuerto George Bush hacia Carolina del Norte. El sistema migratorio le dio la condición de quedarse como asilado hasta que en la corte demuestre con sustento su condición. Todo este proceso fue entre el 26 de junio y a inicios de julio de 2023. Para los primeros días de julio de ese mismo año ya estaba reunido con su hermano.

Juan estaba con la idea de llegar a Florida donde su hermano antes residía, pero en 2023 comenzaron los controles migratorios en ese estado, asegura. Su hermano, quien debía recibirlo, se mudó a Carolina del Norte para evitar a ICE.

Durante el 2024 se presentó a su primera y segunda corte migratoria sin inconvenientes. El trámite se había convertido en una actividad que no le generaba preocupación más allá de lo habitual. Trabajó en el sector de techado (roofing) y llevó una vida estable. Sin embargo, algo cambió en el país.

El 5 de noviembre de 2024, Donald Trump se impuso sobre Kamala Harris en las elecciones. El 20 de enero se convirtió en el presidente 47 de los Estados Unidos.

Para su tercera corte, que debía realizarse el 4 de febrero, la historia de Juan cambiaría de rumbo. Ese día, pese a haber acudido a la corte, no se pudo presentar ante el juez. La cantidad de personas duplicó la capacidad habitual en la entidad.

Juan contabilizó un aproximado de 200 personas ese día. Lo que él describe como el doble de lo acostumbrado a ver ahí. Muchas personas se quedaron sin poder entrar y rendir sus versiones en sus casos migratorios.

El 5 de febrero, Juan volvió a la corte con la esperanza de reagendar su cita. Nunca ocurrió. “Me quedé solo en la sala. Pude salir, las puertas estaban abiertas, pero decidí esperar. Entonces abrieron una puerta trasera y me llamaron a custodia”, comenta. Él comprendió que su proceso en libertad, ahí había terminado. Pero comenzaría un nuevo capítulo tras las rejas. ¿La justificación para su detención? Infracciones menores: exceso de velocidad, licencia caducada y envases de alcohol en su vehículo. “Yo fui antes a un bufete de abogados. Me dijeron que ICE no tenía derecho a detenerme porque mi proceso estaba activo. Si ellos me decían que no me presente porque me iban a detener, yo no me presentaba”, recuerda con una voz triste.

Según datos de Trac Immigration (Transactional Records Access Clearing House), organización de la Universidad de Syracuse de Nueva York que se dedica a recopilar datos migratorios, de los 59,762 inmigrantes detenidos por ICE, 42,755 (71.5 %) no registran antecedentes penales. Información actualizada hasta el 21 de septiembre de 2025. Entre quienes sí tienen condenas, la mayoría corresponde a faltas menores, como infracciones de tránsito.

Juan fue llevado a un centro en Georgia, donde se enfrentó al hacinamiento y a condiciones que califica de “hostiles”. “Era una celda para 60 personas y llegamos a estar 108. Algunos dormían en el piso”, relata. Recuerda que él estuvo enfermo; fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza. La atención médica apareció después de cinco días, cuando él ya se había curado.

“Me parte el alma recordar a un hombre de entre 85 y 90 años”, dice Juan. “Entró cojeando y no recordaba su nombre.” Según otros detenidos, padecía Alzheimer y había llegado allí porque creía que le iban a rentar un departamento. Los médicos, asegura, jamás lo atendieron.

Según relataron otros compañeros de celda, el adulto mayor no se había podido subir al bus porque estaba esposado de pies y manos. El agente lo empujó y el señor cayó, lastimándose la pierna.

Uno de los momentos más críticos ocurrió el 2 de abril de 2025. Un detenido sufrió un preinfarto y fue sacado cargado por sus compañeros de la celda. El hecho desató un motín que se prolongó toda la noche. “Hubo gas lacrimógeno, pelea entre guardias y detenidos. Nos quitaron las llamadas, toda comunicación”, explica.

Desgastado y sin recursos para pagar los $9,500 que requerían los abogados, Juan tomó la decisión más dura: pedir su deportación. “Renuncié a todo. Al asilo, a la fianza, a todo”, comenta.

Su audiencia se postergó al 12 de mayo. Allí descubrió documentos firmados a su nombre sin saberlo. “Me entregaron un documento en blanco con mi firma”, dice. “La jueza me mostró el mismo documento, pero ya lleno y con sellos. Yo nunca vi eso”, afirma.

También su relación de pareja terminó durante el tiempo de encierro. “Yo allá perdí todo; perdí mi carro, perdí mis cosas, lo que me había esforzado en tener. Quedó en la nada”, lamenta.

Tres semanas después le notificaron su deportación. Fue trasladado desde Georgia a Texas, luego a Luisiana, hasta finalmente embarcarse en un vuelo hacia Guayaquil. “Nos trajeron amarrados todo el tiempo. Desde que llegué a Luisiana lo único que comí fue un sándwich con mortadela y queso amarillo. No nos soltaron hasta media hora antes de aterrizar en Ecuador”, agrega.

En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, el vuelo aterrizó el 3 de junio. Su “sueño americano” había terminado y junto con él, los días de un mejor futuro fuera de Ecuador. Se había perdido todo, incluso la oportunidad de despedirse de su padre, quien falleció en enero de 2025 a causa de un cáncer terminal. “Él fue la persona que me ayudó para irme a Estados Unidos, quien financió el viaje. Y yo no pude darle un adiós. Siento que el esfuerzo que él hizo conmigo fue en vano”, dice con tristeza.

Al llegar a su lugar de origen, Juan recibió USD 50 de la Cruz Roja. Lo recibieron Migración y la Policía Nacional y procesaron su entrada al país.

El Gobierno ecuatoriano informó, el 29 de enero de este año, que los deportados recibirán USD 50 para cubrir sus necesidades inmediatas al llegar al país, además de un bono mensual de USD 470 por tres meses como parte de un incentivo temporal.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso la creación de un enlace en la página web del Ministerio de Inclusión Económica y Social para que los migrantes se registren. Sin embargo, cada solicitud debe pasar por la verificación del Registro Social, un filtro que define quién accede y quién queda fuera del beneficio.

Hoy, en Guayaquil, Juan se encuentra en la encrucijada de salir a buscar empleo y mantenerse a buen recaudo, pese a que quien lo amenazaba murió, no descarta la posibilidad que alguien del grupo criminal o allegado al difunto, aún puedan lastimarlo. No planea migrar por el momento. “La verdad que no. Con todo lo que sufrí, no quiero arriesgarme otra vez”, asegura.

Su consejo a quienes siguen en Estados Unidos sin documentos es claro: “Ahorren lo más que puedan y manden a su país. Porque ahorita con las leyes que ha puesto Donald Trump, no hay nadie que se pueda salvar, perdí todo hasta la oportunidad de despedirme de mi padre”.

De acuerdo con una encuesta de la organización 3iSolution, el 40 % de las víctimas de desplazamiento en Ecuador afirmaron haber experimentado extorsión, y todas reportaron haber sufrido algún tipo de agresión, ya sea robos, violencia sexual, daños a sus bienes o incluso amenazas de muerte.

La experiencia de Juan es una entre muchas. Andrés pasaría por algo similar, sin embargo su encierro en un centro de detención se daría desde el 2024.

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Andrés: más de un año detenido pese a una orden de liberación

Andrés migró el 30 de octubre de 2022, motivado por la inseguridad y la falta de oportunidades. Como tantas otras personas de sudamérica que emprendieron la travesía hacia el norte del continente, atravesó la selva del Darién.

Ahí, él describe el camino con las características que son de conocimiento común: las condiciones extremas e inhóspitas propias de la selva, la violencia y presencia de grupos criminales y el clima extremo. Vio cuerpos sin vida y observó escenas que lo marcaron profundamente: “encontramos (él y otro compañero) a una chica que tendría unos dos meses muerta; en el momento que la agarramos se desprendió todo su cuerpo, porque ya estaba en descomposición” agregó.

Pese a las escenas que su memoria guardó por su paso en el Darién. El viaje debía seguir. El objetivo era claro: llegar a Estados Unidos. Cruzó Centroamérica y, ya en México, abordó al denominado tren “La Bestia”, el ferrocarril de carga que miles de migrantes abordan viajando en el techo de los vagones. Lo utilizan para avanzar hacia la frontera norte sin importar el sol, la lluvia, el desierto o las curvas que suelen convertirse en sinónimo de peligro. Andrés se subió sin imaginarse que este trayecto duraría aproximadamente cinco días. Allí se expuso al hampa, pues indica que debían bajarse y volverse a subir en ciertos tramos en donde robaban, además de presenciar la muerte de un compañero que cayó del vagón y fue arrollado.

Finalmente llegó a Ciudad Juárez, donde avanzó hasta el muro y se entregó a migración estadounidense. Tras 24 horas de detención en Texas, lo enviaron a un albergue y luego le facilitaron un bus gratuito hasta Nueva York. De allí se desplazó a Miami, pero tuvo que regresar por miedo a las redadas que ICE estaba realizando allá “Cuando llegué a Miami, permanecí allí unos días. En ese momento (finales de noviembre, inicios de diciembre de 2022), el presidente (Joe Biden) estaba deportando a los inmigrantes”, indica que Florida representaba para él un punto crítico para un migrante.

Tanto Juan como Andrés, aseguraron en sus testimonios desplazarse dentro de Estados Unidos debido a los controles migratorios que ellos perciben como peligrosos. A propósito de aquello, un reportaje publicado por Univision Noticias titulado: “Más de 600,000 migrantes deportados o con orden de deportación en los últimos seis meses”, asegura que en solo la primera mitad del año fiscal 2024, las autoridades migratorias de Estados Unidos expulsaron aproximadamente a medio millón de personas. A esa cifra se suman 137,000 inmigrantes más que recibieron órdenes de deportación.

Efectivamente, ante el clima que él percibió en Florida, regresó a New Jersey. Durmió en la calle aproximadamente un mes, hasta que se logró establecer económicamente ahí. Para inicios del 2023 él ya tenía un trabajo; hacía publicidad en el consulado ecuatoriano de New Jersey en la mañana mientras, en la tarde laboraba en un restaurante. Su situación mejoró para ese entonces.

En febrero de 2024, Andrés fue detenido en New Jersey tras una denuncia que asegura fue falsa y trasladado al Elizabeth Detention Center. Días después, en una audiencia virtual, un juez ordenó su libertad en un plazo de 72 horas y fijó una nueva fecha de corte. Sin embargo, esa disposición nunca se ejecutó: agentes de ICE lo retuvieron nuevamente dentro del mismo centro, aun cuando él presentó el documento judicial que confirmaba su liberación. Permaneció cerca de un año y tres meses detenido, entre febrero de 2024 y marzo de 2025, periodo que describe como marcado por el hacinamiento, la discriminación y las deficiencias médicas.

El juez desestimó la demanda pero el corto tiempo que llevaba en el país y los problemas recientes, no lo favorecían para la liberación.

El problema se produjo a raíz de un conflicto con una amiga a la que había ofrecido ayuda temporal. Según su testimonio, permitió que la joven permaneciera un mes en el apartamento que él rentaba en New Jersey. Al cumplirse el plazo acordado, le pidió que desaloje el lugar, argumentando que no podía seguir cubriendo los gastos de renta.

Andrés afirma que advirtió a la mujer que, de negarse a desalojar, llamaría a la policía para evitar problemas. Sin embargo, cuando salió de su domicilio para dirigirse a uno de sus trabajos, unos agentes policiales lo detuvieron.

De acuerdo con su declaración, la mujer había presentado una denuncia en su contra, acusándolo de agresión física y de amenazas con un cuchillo, hechos que él niega rotundamente. Como resultado de esa denuncia, permaneció detenido durante un año y tres meses.

“Es mucho maltrato físico, más que todo racismo. La comida, la atención médica no sirve. Siempre queríamos que fueran los derechos humanos para que vean cómo uno vive ahí, la alimentación y todo”, asegura.

Durante el 2024, año que él estuvo detenido, Andrés dice que había cuarenta y cuatro personas por celdas. Pero esa situación cambiaría en 2025, pues la cantidad de detenidos empezó a aumentar a raíz de las nuevas políticas migratorias. Relató que en los primeros meses de 2025: enero, febrero y marzo, las condiciones dentro del centro de detención empeoraron. “Cómo detenían más, los tiraban a dormir en el suelo. Había exceso de presos y exceso de migrantes”, narra.

A pesar de las denuncias de maltrato y las duras condiciones que afirma haber vivido, el ecuatoriano reconoce que existían ciertos protocolos de atención médica para los detenidos con enfermedades crónicas como él. “Sí, siempre, porque yo soy diabético, entonces yo tenía que ser atendido. Todos los días llegué a tomar mis pastillas”, explica.

Pese a que recibía su medicación por su condición de diabetes, el ecuatoriano fue tajante al calificar la asistencia sanitaria. “El servicio médico vale mierda. No sirve porque siempre te dan lo mismo”, expresa con indignación.

Recordó, además, un episodio dentro del centro de detención: “Un día fue un compañero al odontólogo y parecía un carnicero el doctor. Le dio miedo y no se sacó las muelas porque estaba todo lleno de sangre”. Según su relato, las condiciones de higiene eran deplorables y el personal médico no contaba con una presentación adecuada. “Ese doctor parecía un carnicero, como cuando vas a comprar carne al camal. Todo manchado. Te da hasta miedo sacarte una muela, imagínate”.

En 2025, sin esperanza de obtener un estatus migratorio, pidió una salida voluntaria. Pasó por tres cárceles distintas antes de ser deportado junto a decenas de migrantes en un vuelo con destino a Guayaquil. “Llegamos esposados, todos veníamos amarrados. Solo nos soltaron quince minutos antes de aterrizar”, comenta.

Al llegar al país, al igual que Juan, recibió $50 de ayuda humanitaria, pero insiste y asegura que el bono de USD 470 que prometió el gobierno ecuatoriano nunca lo vio: “ese dinero se lo quedó el Gobierno, hubo fraude” asegura.

Hoy, de vuelta en Ecuador, no ha logrado conseguir empleo estable. Se mantiene con trabajos remotos. Cuando se le pregunta si volvería a migrar, él sin dudarlo, fuerte y claro dice: sí. Pero tiene claro que Estados Unidos queda fuera del mapa por el momento, esta vez su radar apunta hacia Canadá. “Acá no se puede. Si pones un negocio, te extorsionan; si no pagas, te matan”, dice con resignación y decidido a continuar pese a las adversidades que le ha presentado la vida.

Al preguntarle qué le diría al gobierno de Estados Unidos, Andrés responde con una mezcla de resignación y comprensión hacia las políticas migratorias. Considera que el presidente Donald Trump “está haciendo lo correcto”, actuando conforme a las demandas de su pueblo y en respuesta a los problemas de inseguridad.

Desde su perspectiva, reconoce que entre los migrantes hay “de todo: personas buenas, malas, ladrones, matones, sanguinarios”. Por ello, sostiene que las autoridades norteamericanas tienen el derecho de actuar con firmeza frente a quienes cometen delitos. “Si yo voy a emigrar a otro país, debo portarme bien, porque estoy en un país ajeno”, reflexiona.

Sin embargo, también señala que el sistema migratorio necesita ser más justo y preciso en sus procesos. A su juicio, “pagan justos por pecadores”.

“Lo único que digo a quienes están allá es que se cuiden y no se metan en problemas. Porque las redadas de ICE no perdonan” agrega como una reflexión final.

Las historias de estos migrantes ecuatorianos son apenas dos entre miles y miles que siguen llegando al país en cada vuelo de repatriación. La abogada Cristina Huayamave, especialista en Derechos Humanos y movilidad humana, analiza el fenómeno desde su experiencia.

El desafío de reintegrar a los deportados

Según Huayamave, el deterioro de la seguridad en Ecuador ha impulsado un desplazamiento constante dentro y fuera del país. Ella asegura que cuando los tentáculos del crimen organizado alcanzan nuevas zonas, las personas dejan de ver como alternativa mudarse de ciudad, buscan irse del país. “Lo único que les queda es migrar”, explica.

Sin embargo, la realidad para estas personas que huyen y viven un retorno forzado como la deportación puede agravar aún más su situación. La jurista explica que este grupo está retornando a un espacio de peligro, donde el control del crimen organizado convierte el regreso en una nueva forma de riesgo. Advierte que no existen políticas integrales que faciliten su reinserción y que, en muchos casos, los migrantes vuelven a comunidades con escuelas cerradas por extorsiones, programas sociales desfinanciados y trabajadores de la reconstrucción del tejido social amenazados. La experta enfatiza que los bonos o ayudas económicas no reemplazan una política social sostenida, pues sin acompañamiento adecuado las personas pueden quedar en la misma situación o incluso en una más precaria.

Desde su visión, el principal desafío para las autoridades es reactivar el tejido social y devolver esperanza a la población, porque cuando esta se pierde, dice, las opciones se reducen: migrar o someterse a la delincuencia organizada (pagar las extorsiones que ellos exigen o unirse al reclutamiento).

Afirma que cuando las alternativas están relacionadas al crimen organizado, empieza a haber una sensación de desesperanza en la población que difícilmente puede crecer o desarrollarse.
El nivel de desesperanza es alto y hay olas migratorias fuertes, según la experta. “Hay un ánimo social bajo. Y eso se puede ver; no hay turnos para sacar pasaportes y la gente está sacando pasaportes porque se quiere ir”, finaliza.

Juan y Andrés regresaron al Ecuador del que huyeron, un país aún azotado por la violencia. Para ellos, nada parece haber cambiado desde su partida. Todo sigue igual o quizá peor. La sensación de violencia e inseguridad pareciera incrementarse.

Según OECO, en los primeros seis meses de 2025, la violencia alcanzó un nuevo récord en el país: 4,619 homicidios intencionales, un 47% más que en el mismo periodo de 2024. Nunca antes el país había registrado una tasa tan alta en un solo semestre, según asegura OECO.

A esa violencia se suma el retorno constante de quienes, como Juan y Andrés, fueron deportados. Según la Cancillería del Ecuador, hasta el 3 de noviembre de 2025 se registraron 7,598 deportaciones, un número que sigue creciendo con cada vuelo de repatriación.

(*) Este reportaje es parte de Deportation Tracker, un proyecto del Border Center for Journalists and Bloggers, con el apoyo de Global Exchange

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