¿Pueden demandarte por una deuda de tarjeta de crédito si recibes ingresos por discapacidad?

El aumento de las deudas y los altos intereses han puesto a millones de personas en una situación financiera complicada, especialmente a quienes dependen de ingresos por discapacidad. Pero una duda frecuente es si estas personas pueden enfrentar demandas por no pagar sus tarjetas de crédito.

Actualmente, la deuda total en tarjetas de crédito en Estados Unidos supera los $1.28 billones, mientras que las tasas de interés promedio rebasan el 21%, lo que provoca que los saldos crezcan rápidamente con el tiempo.

En este escenario, cada vez más personas caen en mora, lo que activa cobros, llamadas, cartas y, en algunos casos, acciones legales.

Contrario a lo que muchos creen, recibir ingresos por discapacidad no impide que un acreedor presente una demanda.

Si una persona deja de pagar su tarjeta, la cuenta puede entrar en incumplimiento y el banco tiene el derecho legal de llevar el caso ante un tribunal, sin importar la fuente de ingresos del deudor.

Sin embargo, lo que sí cambia es la capacidad de cobro. Existen dos tipos principales de beneficios por discapacidad: el Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI) y el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

Ambos cuentan con protección federal que, en la mayoría de los casos, impide que los acreedores, incluidas las compañías de tarjetas de crédito, embarguen directamente estos pagos.

Esto significa que, incluso si el acreedor gana el juicio, generalmente no puede tomar el dinero proveniente de estos beneficios para saldar la deuda.

Estas protecciones buscan asegurar que las personas puedan cubrir sus necesidades básicas.

No obstante, existen matices importantes. Si el dinero de discapacidad se deposita en una cuenta bancaria y se mezcla con otros ingresos, puede resultar más difícil demostrar qué fondos están protegidos.

Aunque los bancos están obligados a resguardar cierta cantidad de beneficios federales, pueden surgir errores o disputas, especialmente si un acreedor intenta congelar la cuenta tras obtener una sentencia.

Además, una demanda puede avanzar aunque el acreedor tenga limitadas opciones de cobro.

Una sentencia judicial puede abrir la puerta a otras acciones, como colocar gravámenes sobre propiedades o intentar recuperar fondos que no estén protegidos por la ley.

Ante este panorama, expertos recomiendan actuar de forma anticipada. Opciones como negociar una reducción de deuda con los acreedores, acudir a asesoría crediticia o establecer planes de pago pueden evitar que el caso llegue a los tribunales.

En situaciones más complejas, también puede considerarse la bancarrota bajo el Capítulo 7, que permite eliminar deudas no garantizadas como las de tarjetas de crédito, aunque con implicaciones a largo plazo.

Si ya existe una demanda, es fundamental responder a tiempo, ya que ignorar los documentos legales puede derivar en una sentencia automática que favorezca al acreedor.

En conclusión, aunque los ingresos por discapacidad ofrecen una protección importante frente a embargos, no detienen el proceso legal.

Por ello, entender los derechos y actuar a tiempo es clave para evitar consecuencias mayores.

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