Congresistas Delia Ramírez y Analilia Mejía presentan proyecto para aumentar salario mínimo federal a $25 la hora

Diversas organizaciones, algunas en Puerto Rico, respaldaron la “Ley de Salario Digno para Todos” (“Living Wage for All Act”)

Conferencia de representante Delia Ramírez

La congresista de Illinois, Delia Ramírez, en conferencia de prensa este miércoles, para anunciar proyecto de ley para aumentar el salario mínimo federal. Crédito: Facebook: congresista Delia Ramírez | Cortesía

NUEVA YORK – Unas 20 organizaciones respaldaron la legislación “Ley de Salario Digno para Todos” (“Living Wage for All Act”) que busca aumentar el salario mínimo federal a $25 dólares la hora, al tiempo que eliminaría todos los salarios por debajo de esa cifra.

El proyecto de ley, presentado este miércoles por las representantes demócratas Delia Ramírez (Illinois) y Analilia Mejia (Nueva Jersey) busca que se le dé paso a un aumento escalonado bajo el que las grandes empresas tendrían que llegar a la meta más rápidamente que las pequeñas.

La propuesta de ley dispone que los grandes empleadores deben alcanzar los $25 para el 2031, mientras que los más pequeños deberán completar la transición para el 2038.

La pieza legislativa además integra un mecanismo para mantener alineado el salario mínimo con los salarios típicos en el conjunto de la economía. A medida que la economía crezca y los salarios aumenten, el salario mínimo debe aumentar, explicaron las congresistas.

La medida eliminaría todos los salarios por debajo del mínimo sin excepción. Esto incluye trabajadores que reciben propinas, los jóvenes y los que batallan con alguna discapacidad.

Desde el 2009, el salario mínimo federal se ha mantenido en $7.25 la hora.

Ante el alza en el costo de vida, que incluye alimentación, vivienda, servicios como cuidado infantil y de atención médica, las promotoras de la legislación proponen que se establezca un “salario mínimo fundamentado en la realidad económica”.

El esfuerzo de las congresistas, al que se unieron más de 20 demócratas, va a tono con varias campañas para establecer pagos mínimos de $25, $27 y $30 en estados y ciudades como California, Illinois, Nueva York, Washington D.C. y Maryland.

En la conferencia de prensa ayer para anunciar el proyecto de ley, Ramírez planteó que el salario mínimo actual no es uno digno.

“Mientras crecía, veía a mis padres inmigrantes y a mis vecinos desempeñando múltiples trabajos con salario mínimo solo para sobrevivir. Hoy, las empresas reportan ganancias récord, mientras que la gente trabajadora lucha por sobrevivir. El salario mínimo no es un salario digno. Eso no es justo. Si queremos abordar la crisis de asequibilidad, también debemos abordar la crisis salarial. El Congreso debe dejar de complacer a los reyes y a los caprichos de quienes aspiran a serlo, y comenzar a trabajar para la gente trabajadora”, expuso la congresista.

Mejía, por su parte, argumentó que mientras los costos de la vivienda, la gasolina y los alimentos se han disparado, el salario mínimo federal no ha aumentado desde 2009.

“Esto es inaceptable. Nadie que trabaje a tiempo completo debería tener dificultades para sobrevivir. Necesitamos una economía que refleje las realidades de 2026, no una estancada hace más de una década. Por eso lideré la lucha para elevar el salario mínimo de Nueva Jersey a $15 dólares por hora”, declaró la representante quien juramentó recientemente a la Cámara.

“Este proyecto de ley transformaría millones de vidas, garantizando que la gente trabajadora perciba un salario verdaderamente digno, en lugar de verse obligada a elegir entre poner comida en la mesa y cuidar de su salud. Los estadounidenses merecen una economía que funcione para todos, no solo para la clase multimillonaria”, anticipó.

Al momento, el H.R.8555 cuenta con 25 coauspiciadores.

También obtuvo el respaldo de organizaciones como National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), American Federation of Teachers (AFT), National Education Association (NEA), Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU), Center for Popular Democracy, PolicyLink, One Fair Wage, SEIU International, Our Revolution, Alliance for a Just Society, Patriotic Millionaires, National Urban League, New Disabled South, Keystone Progress Education Fund, Voices for Progress (V4P), Chicago Education Advocacy Cooperative, Trabajadores Unidos Workers United y National Organization for Women (NOW).

April Verrett, presidenta Internacional del SEIU, consideró la medida un “poderoso testimonio del movimiento liderado por los trabajadores” para imponer un nuevo estándar mínimo para lograr salarios dignos.

“Mientras la crisis de asequibilidad continúa asfixiando a las familias trabajadoras, los miembros del SEIU se están organizando y luchando por establecer estándares aún más elevados en todo el país. Aplaudimos a la pepresentante Ramírez por esta audaz propuesta de $25 por hora: un importante paso adelante impulsado por trabajadores que exigen el dinero, el poder y el respeto que se han ganado”, declaró.

Para Saru Jayaraman, presidenta de One Fair Wage, el nuevo llamado por un salario digno es una evolución nacional de la campaña de la “Lucha por los 15” (“Fight for $15”).

“En todo el país —desde California hasta el Medio Oeste y la Costa Este— los trabajadores se están organizando para exigir $25 y $30, porque eso es lo que se necesita para poder vivir. Las encuestas demuestran que esta iniciativa no solo goza de popularidad, sino que es necesaria. Y la expresión “para todos” significa exactamente eso: ningún trabajador se queda atrás. Así es como se ve el momento en que la política comienza a ponerse a la altura de la realidad; y cuando la democracia genera mejoras genuinas en la vida de las personas, estas se vuelven tangibles. Un salario digno es la forma en que hacemos realidad esa promesa”, consideró la activista.

Stuart Appelbaum, presidente del RWDSU, aseveró que la asequibilidad va de la mano con el salario que reciben las personas.

Este proyecto de ley tiene como objetivo exigir rendición de cuentas al sector corporativo de EE.UU. y evitar que los multimillonarios, las grandes corporaciones —como Amazon— y los directores ejecutivos eludan su responsabilidad culpando a otros factores de una crisis de asequibilidad que ellos mismos están contribuyendo a agravar. Mientras los precios suben y los beneficios empresariales crecen, a los trabajadores se les sigue pagando salarios de pobreza en lugar de un verdadero salario digno. Esto debe cambiar si realmente nos tomamos en serio la dignidad y la equidad en nuestra economía”, emplazó.

Kimberly Johnson, directora de relaciones gubernamentales de NEA, indicó que el país necesita la legislación como nunca antes.

“Mientras la Administración Trump arrebata cada vez más recursos a las aulas y comunidades que más los necesitan —todo ello al tiempo que otorga mayor poder y privilegios a los ricos y a quienes gozan de buenas conexiones—, los trabajadores de todo nuestro país necesitan esta legislación ahora más que nunca”, afirmó la líder.

Para su colega, Becky Pringle, presidenta de la entidad, un salario digno se traducirá en mejor atención y servicios a los estudiantes.

“Al pagar a los educadores y a los profesionales de apoyo educativo un salario digno, estos obtendrán el respeto, los salarios competitivos y el respaldo que merecen para dotar a sus estudiantes de las habilidades necesarias para cumplir sus sueños. En un momento de enorme desigualdad de ingresos y riqueza, la Asociación Nacional de Educación se enorgullece de defender a la clase trabajadora y de respaldar la Ley de Salario Digno para Todos. Una inversión en los trabajadores es una inversión en el futuro de las escuelas públicas y de nuestra nación”.

La oficina de prensa de Ramírez confirmó a El Diario que las disposiciones de la ley aplicarían a territorios como Puerto Rico.

En la isla, organizaciones como Construyamos Otro Acuerdo y La Tejedora respaldaron la iniciativa legislativa.

Según información en la página web del Departamento del Trabajo de EE.UU. (DOL), el salario mínimo federal de $7.25 por hora aplica en Puerto Rico para empleados cubiertos por la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA). Sin embargo, la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico (Ley 47-2021) estableció un salario mínimo superior o de $10.50 por hora, que entreo en efecto el 1 de julio de 2024. Por ser mayor que el federal, prevalece.

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