Residentes de Miami buscan frenar cesión de terreno para biblioteca de Trump
Una demanda presentada en Florida busca anular la entrega de un terreno estatal valorado en millones de dólares para el futuro complejo presidencial de Trump
El estacionamiento del Miami-Dade College, donde el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, propone ubicar la biblioteca presidencial del presidente Donald Trump. Crédito: Marta Lavandier, File | AP
Dos residentes de Miami y varias organizaciones presentaron una demanda para intentar frenar la cesión de un terreno estatal destinado al proyecto de la biblioteca presidencial de Donald Trump, al considerar que la operación podría beneficiar económicamente al mandatario y violar la Constitución de Estados Unidos.
La acción judicial cuestiona la transferencia de una propiedad frente a la bahía de Miami, ubicada junto a la histórica Freedom Tower, que terminó en manos de la fundación encargada del futuro complejo presidencial de Trump.
Demandantes alegan beneficios privados
Según la demanda, el presidente ha insinuado que el proyecto no estaría limitado a una biblioteca o museo, sino que podría incluir un hotel y otros componentes comerciales.
Los demandantes sostienen que eso convertiría una propiedad pública de alto valor en un proyecto con potencial de generar ingresos para Trump y su familia.
El caso se basa en la llamada Cláusula de Emolumentos de la Constitución estadounidense, una disposición que busca impedir que un presidente reciba beneficios financieros adicionales de gobiernos estatales o extranjeros mientras ocupa el cargo.
Terreno millonario frente al mar
La propiedad en disputa tiene una extensión de 1,06 hectáreas y fue valorada oficialmente en unos 67 millones de dólares, aunque expertos inmobiliarios citados en la demanda aseguran que su precio real podría multiplicarse debido a su ubicación frente al mar en el centro de Miami.
El terreno pertenecía inicialmente al Miami Dade College y posteriormente pasó al estado de Florida antes de ser cedido a la fundación vinculada al proyecto presidencial.
La transferencia fue aprobada por el gobernador Ron DeSantis y el gabinete estatal, bajo la condición de que se desarrollaran componentes de una biblioteca presidencial en un plazo de cinco años.
Vecinos y organizaciones se oponen al proyecto
Entre los demandantes figuran residentes que viven cerca del futuro complejo y que aseguran que la construcción afectaría su calidad de vida y sus vistas al mar.
También participa Constitutional Accountability Center, que argumenta que la operación contradice el objetivo constitucional de evitar conflictos de interés entre los estados y el presidente.
Otra de las partes involucradas es Dunn’s Overtown Farm, una organización sin fines de lucro que buscaba utilizar el terreno para desarrollar una granja urbana.
La demanda pide a un tribunal federal del sur de Florida invalidar la transferencia de la propiedad, al considerarla una “transacción inconstitucional”.
Con información de EFE.
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