Congresistas piden al DOJ investigar alegaciones de compra de votos a cambio de drogas a presos en Puerto Rico

NUEVA YORK- Miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos liderados por el comisionado residente de Puerto Rico, Pablo José Hernández, le pidieron al Departamento de Justicia federal (DOJ) que realice un escrutinio serio sobre las alegaciones de supuestos votos para la gobernadora Jennifer González a cambio de drogas a presos en cárceles de la isla.

Boletín semanal sobre Puerto Rico y la diáspora: suscríbete aquí.

Por medio de una carta con fecha de este miércoles, Hernández y otros cuatro congresistas emplazaron directamente a la Oficina del Inspector General (OIG) del DOJ para que indague en las gestiones del Departamento relacionadas con una pesquisa que involucraba presunto narcotráfico y fraude electoral.

“Esta investigación debe incluir la decisión del Departamento de no presentar cargos relacionados con el fraude electoral, a pesar de los hallazgos y las pruebas reportadas”, resaltaron los representantes.

En el documento dirigido a Don R. Berthiaume, inspector general interino, el grupo hace referencia al artículo del medio estadounidense ProPublica en el que se reseñó sobre un alegado esquema de intercambio de drogas por votos en el 2024 para beneficiar a la entonces precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Según el reportaje del medio independiente, aunque los investigadores federales recopilaron evidencia que implicaba a miembros de la pandilla “Los Tiburones” y a personal correccional en la trama, funcionarios de la fiscalía federal en Puerto Rico ordenaron descartar del pliego los cargos relacionados con delitos electorales.

“A pesar de las pruebas, el Departamento se negó a presentar cargos. La acusación formal resultante imputó a 34 acusados delitos que incluían la distribución de drogas con resultado de muerte por sobredosis, lavado de dinero y posesión de armas de fuego; si bien describía el presunto esquema de intercambio de drogas por votos, no presentó cargos relacionados con las elecciones”, detalló la misiva.

Los demócratas argumentaron que las alegaciones no parecen haber sido afirmaciones generalizadas o especulativas.

“Por el contrario, los informes indican que las autoridades federales consideraron que las alegaciones eran lo suficientemente creíbles como para emprender medidas de investigación, incluido el uso de citaciones judiciales y la participación de personal federal encargado de hacer cumplir la ley”, continúan.

El grupo planteó que lo anterior contradice el énfasis de la Administración Trump y del alto mando del DOJ en priorizar “la integridad y la seguridad electoral” al momento de aplicar la ley.

“El Departamento ha calificado a las organizaciones de narcotráfico como amenazas, no solo para la seguridad pública, sino también para las instituciones democráticas y las estructuras de gobernanza, en las que las redes criminales buscan obtener influencia política, protección o poder de negociación mediante la corrupción y la coacción”, lee otra parte del documento de cuatro páginas.

Los legisladores federales indicaron que las irregularidades denunciadas públicamente en los procesos electorales de 2020 y 2024 en la isla, que incluyeron falta de papeletas, escasez de funcionarios y retrasos en los procesos, hacen más pertinente que la agencia investigue.

“Las primarias de 2020 fueron parcialmente suspendidas y pospuestas después de que una escasez generalizada de papeletas y fallos logísticos impidieran que numerosos centros de votación abrieran u operaran según lo programado, lo que llevó a la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico a posponer los comicios en ciertos precintos. Preocupaciones similares con respecto a la administración y la integridad del proceso electoral persistieron en los ciclos electorales subsiguientes”, expusieron.

En el escrito se resaltaron los problemas en el proceso de escrutinio posterior a las elecciones cuando surgieron interrogantes en torno al manejo y la adjudicación de ciertas papeletas de voto por correo.

“Se plantearon inquietudes después de que varias papeletas aparecieran planas y sin pliegues, lo cual resultaba incongruente con el estado esperado de las papeletas de voto por correo tras su envío postal y procesamiento. Estas irregularidades provocaron llamamientos públicos para que se realizara una investigación más exhaustiva sobre los procedimientos de voto ausente y voto adelantado, y contribuyeron a una incertidumbre más generalizada en torno a varias contiendas electorales impugnadas”, recordaron.

La jornada electoral del 2024 en Puerto Rico tampoco estuvo exenta de inconvenientes.

“La integridad del proceso de aprobación de candidatos para el acceso a la boleta electoral fue puesta en entredicho después de que se falsificara la firma digital de una votante para que figurara como partidaria de un candidato político al que no apoyaba. El incidente derivó en una queja formal”, mencionaron.

La misiva también se refiere a los reportes de apagones y discrepancias con las máquinas de escrutinio de votación durante las primarias.

“Este incidente llevó a la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (CEE) a realizar una auditoría y reconsiderar su contrato con Dominion Voting Systems”, indicaron.

A pesar de la acción, durante los comicios generales, las máquinas volvieron a registrar resultados incorrectos, pero en la consulta plebiscitaria de estatus.

“Los totales correspondientes a la Libre Asociación y a la Independencia se invirtieron, creando la falsa impresión de que el apoyo a la Independencia se había disparado hasta el 29.52 %. Las inquietudes en torno a la integridad electoral se vieron agravadas, además, por informes que indicaban que personas fallecidas seguían figurando como votantes activos en los padrones electorales oficiales”, especificaron.

Los congresistas señalaron además los “repetidos y bien documentados escándalos de corrupción pública” que involucran a funcionarios, contratistas y entidades gubernamentales tanto en el PNP como en el Partido Popular Democrático (PPD), que son los dos de mayoría.

“Más recientemente, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced se declaró culpable ante un tribunal federal de una violación a las normas de financiamiento de campañas derivada de su campaña de 2020.16 Posteriormente, fue indultada por el presidente Trump, independientemente de la naturaleza electoral del delito”, resaltaron.

Los representantes afirmaron que, en vista de lo anterior, las alegaciones contenidas en el reporte de ProPublica ameritan una indagación a fondo por parte del DOJ.

“La confianza pública en las instituciones democráticas no depende únicamente de rechazar las afirmaciones infundadas, sino también de demostrar que las alegaciones fundamentadas se gestionan de manera coherente, independientemente de los actores políticos involucrados. En ese contexto, la conducta del Departamento suscita interrogantes sobre si aplicó de manera consistente sus propias políticas, procedimientos y prácticas de larga data”, añadieron.

Hernández, Nydia Velázquez (Nueva York), Robert García (California), Adriano Espaillat (NY) y Jesús “Chuy” García (Illinois) pidieron a la agencia examinar si la decisión de no ejercer la acción penal fue congruente con la política, los procedimientos y la práctica de larga data del Departamento.

Solicitaron aclarar si el DOJ aplicó en este caso los mismos estándares de investigación y enjuiciamiento que en instancias de fraude electoral y corrupción pública en otras jurisdicciones.

El grupo también cuestionó si Justicia consideró plenamente las implicaciones más amplias de abstenerse de presentar cargos relacionados con las elecciones.

Otro detalle sobre el que los demócratas esperan respuestas es el grado de coordinación, “si lo hubo, entre el Departamento, la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Prisiones y otras agencias federales con respecto a las alegaciones descritas, y si alguna comunicación, remisión o recomendación influyó en las decisiones de investigación o de presentación de cargos”.

Además cuestionaron el grado de coordinación, si lo hubo, entre Justicia federal y Justicia de Puerto Rico, y de qué manera dicha coordinación influyó en las decisiones relativas a la investigación o el enjuiciamiento.

De igual manera, pidieron detallar los intercambios entre el DOJ y los funcionarios del gobierno de Puerto Rico, incluyendo la CEE, y si influyó en las decisiones investigativas o de procesamiento.

Finalmente, los legisladores solicitaron a la agencia revelar si “alguna interferencia política, influencia indebida o presión” por parte de los encargados del Departamento u otros funcionarios gubernamentales afectó el manejo de la investigación, el proceso de toma de decisiones de procesamiento, o la decisión de no presentar cargos adicionales relacionados con las elecciones ni de emprender pasos investigativos adicionales.

El artículo de ProPublica, con fecha del 5 de mayo, señaló que investigadores habrían reunido “evidencia sólida” de fraude electoral que implicaba tanto a presos como a empleados del sistema correccional en la isla. Como parte de la pesquisa, buscaban determinar si González o miembros de su campaña estaban involucrados, según el reporte. El informe citó bajo anonimato a cuatro personas con conocimiento del caso que no estaban autorizadas a hablar públicamente.

Las fuentes manifestaron que, días después de que la funcionaria ganó las elecciones, en noviembre, recibieron una orden de personal de la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico para que excluyeran los cargos contra los presos en relación con el presunto esquema de votos a cambio de drogas.

La gobernadora ha negado los señalamientos bajo el argumento de que el reportaje es uno de encargo y difamatorio ante la proximidad de las elecciones de medio término.

En declaraciones en una conferencia de prensa aseguró: “Aquí no hay nada”

“Si tienen investigaciones del pasado cuatrienio, que las hagan, que las lleven a feliz término. Pero yo no tengo absolutamente nada que ver con las cosas que se señalan ahí, mucho menos mi campaña”, agregó.

“Hacer esas alegaciones de droga, de cambio de votos, es lo más alejado de la realidad que alguien puede ver. Primero, que yo no he visitado las cárceles, las alegaciones que se hacen no ha habido nada de ese tipo y, si las hubiera, si en efecto hubiera habido esas investigaciones, fueron durante el pasado cuatrienio, y a mí no me consta. Yo era comisionada residente en Washington. Yo era una funcionaria federal”, respondió a periodistas”, sostuvo la mandataria.

Sigue leyendo:

• Expertos coinciden en que se deben investigar alegaciones de supuestos votos a cambio de drogas en cárceles de Puerto Rico
• ¿Drogas a presos a cambio de votos para gobernadora de Puerto Rico?; diáspora pide pesquisa federal tras reporte de ProPublica  
• Republicano Grothman respalda pesquisa en el Congreso sobre alegado esquema de votos a cambio de drogas a presos en Puerto Rico
• (Entrevista) Presidenta de la CEE en Puerto Rico sobre alegaciones de irregularidades y fraude: “No hemos escondido nada”