Gobierno de Trump ordena investigar a abogados de inmigración por presunto fraude en solicitudes de asilo

El Departamento de Seguridad Nacional ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas intensificar las acciones contra abogados de inmigración acusados de presentar solicitudes de asilo fraudulentas, según un memorando obtenido por CBS News.

La directiva, firmada el 26 de mayo por el principal asesor jurídico del DHS, James Percival, instruye a la Oficina del Asesor Jurídico Principal del ICE a desarrollar “políticas antifraude” orientadas a una aplicación “rigurosa” de las leyes federales existentes contra el fraude migratorio.

El documento señala que las medidas “deberían incluir acciones coercitivas contra abogados de inmigración que presenten solicitudes de asilo falsas ante los tribunales de inmigración”.

“Millones de migrantes han cometido fraude”

Aunque el memorando no crea nuevas sanciones, sí plantea un uso más agresivo de herramientas administrativas ya contempladas en la legislación estadounidense para perseguir tanto a migrantes acusados de fraude como a los abogados que los representan.

“Durante muchos años, millones de inmigrantes indocumentados han cometido fraude en nuestro sistema de inmigración”, escribió Percival en el documento citado por CBS News. “En ningún otro lugar es esto más frecuente que en los tribunales de inmigración”, señaló.

La normativa federal permite solicitar asilo a cualquier persona que se encuentre físicamente en Estados Unidos, incluso si ingresó fuera de un puerto oficial o carece de estatus migratorio legal.

Sin embargo, para obtener la protección, los solicitantes deben demostrar un temor fundado de persecución por motivos como raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado.

El memorando sostiene que algunos abogados argumentan de manera rutinaria que “prácticamente todos los inmigrantes ilegales” enfrentan persecución o tortura en sus países de origen.

Multas de $4,730 dólares por cada infracción

La ley mencionada por Percival contempla sanciones civiles contra quienes preparen o presenten documentos migratorios falsos. Las multas pueden alcanzar hasta $4,730 dólares por cada infracción inicial y hasta 11.823 dólares en casos posteriores, según cifras del Departamento de Justicia reseñadas por el medio.

Además de las sanciones económicas, el gobierno podría solicitar órdenes de cese y desistimiento y remitir los casos a organismos disciplinarios, lo que podría derivar en la suspensión o expulsión de abogados de los tribunales migratorios.

En situaciones más graves, también podrían presentarse cargos penales.

CBS News recordó que las autoridades estadounidenses ya han procesado anteriormente redes de fraude migratorio. En 2023, fiscales federales en Nueva York informaron sobre declaraciones de culpabilidad de abogados acusados de elaborar solicitudes falsas de asilo y entrenar a clientes para mentir bajo juramento.

La medida forma parte de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, que ha incrementado la presión sobre abogados y organizaciones que representan a migrantes. En marzo, el mandatario ordenó al fiscal general solicitar sanciones contra bufetes y abogados que presentaran litigios considerados “frívolos” contra el gobierno federal.

El memorando de Percival cita directamente esa directriz presidencial y acusa a algunos abogados de aconsejar a migrantes ocultar información o exagerar sus casos de asilo.

La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración calificó previamente medidas similares como una amenaza “peligrosa” para los profesionales del área.

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