¿Qué retos enfrentan los municipios de Puerto Rico para adelantar proyectos de reconstrucción con fondos federales?

NUEVA YORK – Mantener un equipo enfocado en el desarrollo de proyectos de reconstrucción con fondos federales es una de las estrategias que ha ayudado a que Jayuya, municipio en el centro de Puerto Rico, avance con los procedimientos, aseguró el alcalde Jorge González Otero.

El personal asignado a dichas labores se dedica principalmente a manejar los requisitos estrictos de agencias como FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencia) para que se pueda obligar y desembolsar el dinero para obra permanente.

“Nosotros, con base en la experiencia (del huracán) George en el 1998 conformamos un equipo donde trabajamos todos los programas; hacemos todos los trabajos con gente nuestra y hemos desarrollado un expertis en la realización de los expedientes más tediosos… Ellos tienen tantas y tantas exigencias que empezar con un equipo nuevo a trabajar con todas estas regulaciones se hace bien difícil”, declaró el alcalde en entrevista con El Diario.

“Si no tienen el expertis o la gente preparada para trabajar con esta documentación que es tan necesaria para poder corresponder a lo que ellos exigen, es bien difícil”, insistió González Otero.

Jayuya, no solo es uno de los municipios con la mayor cantidad de fondos asignados, también de proyectos encaminados. El ayuntamiento administra 604 proyectos con una inversión estimada en $364.6 millones. De ese número, 324 están en construcción, equivalentes a $200 millones en financiamiento federal.

Sobre la cantidad de proyectos de reconstrucción completados, el alcalde estimó el número en un 40%.

Además de los complicados procedimientos de FEMA que deben seguir para que la obligación de dinero se traduzca en la ejecución de los proyectos, el alcalde añadió la permisología que exigen entidades como el Cuerpo de Ingenieros como otro de los retos para adelantar las construcciones.

“Los permisos con el Cuerpo de Ingenieros es bien difícil. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que es la construcción de 400 metros en el Río Grande de Jayuya, en el Complejo Deportivo Filiberto García, que tenemos una obligación de más de $20 millones. Pusimos la primera piedra hace dos años y pico y todavía no hemos recibido el permiso. El viernes pasado (15 de mayo) llegó la notificación de que se había aprobado después de 2 años. Nosotros con el equipo comprado para poder hacer ese proyecto; dos excavadoras, todos los materiales, la piedra, la gente contratada y tardó dos años”, resaltó el ejecutivo municipal.

En enero de 2024, FEMA anunció el inicio de los trabajos de reconstrucción del Estadio Municipal Marcos A. Massini y la estructura deportiva.

Los inconvenientes con entidades como el Cuerpo de Ingenieros no se limitan a Jayuya.

En Arecibo, en el norte de la isla, por ejemplo, el arreglo de una tubería sanitaria que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se estimó que tomaría ocho meses, se ha extendido por más de ocho años.

Un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en abril pasado señaló que, de una inversión inicial de, aproximadamente, $1 millón, los gastos ascendieron a unos $20 millones.

Aparte de la evaluación del Cuerpo de Ingenieros, la contratación de personal no capacitado y una subestimación de los costos por parte de la división de Infraestructura de la agencia, provocaron los retrasos.

Un reporte de septiembre de 2024, titulado el “Estado de la Reconstrucción”, reveló que el total de fondos obligados era $4, 853, 405, 138, lo que representaba la suma total de los recursos destinados para las diversas iniciativas en curso.

A pesar de los esfuerzos de los municipios y otras partes involucradas, el monto por trabajo de reconstrucción completado era de $388, 340, 383 para esa fecha.

“Aunque esa cifra es significativa, sigue siendo una fracción del total obligado, lo que subraya la importancia de continuar monitoreando y gestionando eficientemente para asegurar que los proyectos se completan con éxito”, expuso el informe.

El documento arrojó que Aibonito se posicionaba como el pueblo con mejor desempeño con un 100%.

“Sigue Cataño con un índice casi perfecto de 99.7% y luego San Lorenzo con 98.8% respectivamente, mostrando un compromiso constante con la eficiencia y la gestión en sus procesos de recuperación. Guaynabo y San Sebastián también se ubican en el top 5, alcanzando un 98.6% y 97.3% respectivamente. Otros municipios destacados incluyen a Cabo Rojo, Toa Baja, Bayamón, Rincón y Vieques, todos con índices superiores al 96%”, lee el estudio.

Jayuya, con base en el reporte del IRE (Índice de Recuperacion de Ejecución Global), se ubica en la posición 68.7% para un rango de 40. Arecibo tiene un IRE de 65.0% para un rango de 44.

El estudio se realizó con análisis de datos públicos accesibles a través de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), que es la encargada de desembolsar los fondos a municipios, agencias y organizaciones sin fines de lucro, principalmente, a través del programa de Asistencia Pública.

Otro asunto que ha complicado la ejecución de proyectos de reconstrucción en los municipios es el modelo de reembolso bajo el que las autoridades municipales deben poner de su dinero primero para los proyectos que luego serían reembolsados por FEMA.

En el 2022, COR3 implementó una estrategia de adelanto de dinero llamada “Working Capital Advance”.

Esto permite que los municipios soliciten un adelanto de hasta el 75% de los fondos obligados por FEMA antes de comenzar la obra.

En este tema, González Otero dijo que COR3 ha mejorado “muchísimo”.

“Antes todo era por reembolso, no había un reembolso. Eso de adelantar los fondos es un gran avance. Imagínate, yo que tengo más de $400 millones obligados, ahora mismo yo tengo en construcción más de 40 proyectos a la vez. Si no se hacen adelantos, no podría trabajar los mismos. Ningún municipio, ni aún teniendo el presupuesto de Carolina, es bien difícil si no hay adelantados”, afirmó el también presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR).

La inflación y la falta de mano de obra son otros asuntos con los que tienen que lidiar varios municipios en el proceso de reconstrucción.

González Otero confirmó que lo anterior lleva a un incremento en el costo de los proyectos.

“ Cuando los alcaldes van a subastar los proyectos, pues no llegan contratistas a los mismos. Esa es una. Por distintas razones, o por falta de compañías o porque le tienen miedo a la paga de los mismos. Lo otro es que el costo de los proyectos se va por encima del dinero obligado y un proyecto que tiene obligado $1 millón, en la subasta está por $2 a $3 millones, que se ha ido por encima. Se debe también a dos problemas: se hizo una mala cotización de los proyectos o los mismos se han agravado porque ya han pasado ocho años de María. Si tenías un deslizamiento que se llevó la carretera y hay que hacer un muro y el muro es de 20 pies de ancho x 10 de profundidad, pues se ha agravado y ahora son 40 pies de ancho x 20 de profundidad. Eso pasa. Son situaciones distintas que han afectado la situación en muchos municipios”, puso como ejemplo.

El citado reporte también se refirió a los inconvenientes anteriores.

Dentro de la encuesta se incluyó una pregunta dirigida a identificar los retos relacionados con la baja participación de las empresas en las subastas. En específico, se examinó la cantidad de subastas que habían sido declaradas desiertas o aquellas donde no se recibe suficiente competencia o las propuestas recibidas no cumplen con los requisitos mínimos.

Los municipios reportaron que, en promedio, 37% de las últimas 10 subastas que han publicado fueron declaradas desiertas debido a la insuficiencia de competencia o la inadecuación de las propuestas recibidas.

“El fenómeno de baja participación y subastas desiertas no solo retrasa la ejecución de los proyectos, sino que también crea un ambiente de incertidumbre para los municipios, que dependen de estos procesos para asegurar el cumplimiento de las normativas federales y estatales, y, más importante aún, para avanzar con la recuperación y desarrollo de sus comunidades”, alertó el escrito.

Para lidiar con las situaciones anteriores, el alcalde de Jayuya recalcó en que cada municipio debe tener personal asignado de manera permanente para el manejo de proyectos, al igual que COR3.

“No puedes poner una persona hoy y otra mañana…Tienes que tener un personal asignado a la reconstrucción. No lo puedes tener en (la Oficina de) Obras Públicas o en otro departamento. Lo otro es que la gente que nos regular a nosotros, que es el COR3, tiene que asignar personal fijo. No puede estar en un cambio de gente… A veces llegan gente que no conocen el sistema. En lugar de ser un facilitador, se convierten en una piedra en el camino”, planteó.

“Si hay un retraso en el reembolso (en el COR3), hay un retraso en la construcción, porque uno depende del otro. Nosotros no tenemos un fondo grande para poder seguir trabajando. Nosotros necesitamos que haya continuidad para que los trabajos se puedan desarrollar con mucha más velocidad y que no afecte a los contratistas, porque una vez que los contratistas no creen en un municipio, es bien difícil que vayan a la subasta”, argumentó.

Los datos más recientes en la página web de COR3 sobre el estatus de los fondos de recuperación y reconstrucción apuntan a que, bajo el programa de Asistencia Pública, la totalidad de los fondos asignados o $38,631,548,115 desde el huracán María han sido obligados. Sin embargo, el total de fondos desembolsados es de $12,523,013,161.

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