Asociación de Alcaldes de Puerto Rico discutirá con personal del DOE cancelación de fondos federales para sistemas solares en la isla
"Esto impacta a la gente que más necesita, a los más vulnerables, a la gente más pobre", afirmó el alcalde de Jayuya, Jorge González Otero
El alcalde de Jayuya, Puerto Rico, Jorge González Otero. Crédito: Alcadía de Jayuya, Puerto Rico | Cortesía
NUEVA YORK – Jorge González Otero, presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR), reveló que sus miembros se reunirán con personal del Departamento de Energía federal (DOE) para discutir el freno en el financiamiento para sistemas de energía solar a familias vulnerables bajo el llamado “Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico” (ERF).
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En entrevista exclusiva con El Diario, el alcalde Jayuya anticipó que el encuentro está pautado para principios de junio.
“Tengo algo positivo: recibimos contestación y vamos a tener una reunión con la oficina (DOE) en la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico”, afirmó González Otero a este rotativo.
El pasado 7 de mayo, la Junta de Directores de la AAPR envió una carta al secretario del DOE, Chris Wright, en la que le pidieron reconsiderar la decisión de interrumpir cientos de millones de dólares en fondos federales para la instalación de sistemas solares con baterías en hogares de bajos ingresos y con discapacitados.
El 9 de enero, el DOE canceló $350 millones de dólares para el programa “Acceso Solar” que buscaba impactar a comunidades de la llamada última milla que son las que más tienen que esperar para que se restablezca el servicio eléctrico luego de una interrupción.
Previamente, en septiembre del año pasado, el DOE anunció la redirección de $365 millones que habían sido asignados para “Comunidades Resilientes”. Este programa se creó con el fin de proporcionar sistemas de energía solar en centros de salud comunitarios y en otras áreas comunes en propiedades multifamiliares públicas y subsidiadas.
La AAPR representa a los alcaldes afiliados al Partido Popular Democrático (PPD), opositor al oficialista Nuevo Progresista (PNP). Actualmente, la Asociación representa a un 52% de los alcaldes en el archipiélago.
Al otro lado se encuentra la Federación de Alcaldes de Puerto Rico (FAPR).
Hasta ayer, la AAPR no había tenido comunicación con líderes de la FAPR sobre este asunto. El ejecutivo municipal anticipó que hoy espera encontrarse con algunos como parte de la discusión del presupuesto del año fiscal 2027.
“Vamos a estar visitando a la Junta de Control Fiscal (FOMPR) para (discutir) el presupuesto y les voy a comentar sobre la reunión que tenemos con esta oficina y si ellos están interesados en participar”, adelantó.
El alcalde atribuyó la disposición del DOE a dialogar a la gran preocupación de diversos sectores, incluyendo el de los alcaldes, sobre las 12,000 familias en toda la isla que quedaron desprovistas de los sistemas.
“Cancelar $700 millones así, ‘de golpe y porrazo’, redirigirlo nuevamente a la estabilización de la red cuando, para mi entender, esa agencia (Autoridad de Energía Eléctrica o AEE) tiene fondos de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias)…Esto impacta a la gente que más necesita, a los más vulnerables, a la gente más pobre, a la gente que tienen a personas con discapacidad en los hogares. Yo creo que eso tocó la fibra de esta gente (DOE)”, expuso González Otero.
El entrevistado añadió que ha sido muy difícil para las familias afectadas lidiar con el súbito cambio en los procedimientos debido a la cancelación de buena parte de los $1,000 millones asignados por el Congreso para la isla en diciembre de 2022.
“La redirección de los fondos hacia las actividades de estabilización de la red eléctrica nosotros nos tenemos ninguna constancia (a dónde van). En caso de una emergencia, no sabemos cómo ellos lo van a estar manejando, máxime cuando (la Autoridad de Energía Eléctrica o AEE) tiene fondos FEMA que van dirigidos a resolver esta problemática. Yo creo que la situación de que se hayan quedado más de 12,000 hogares (sin los sistemas), que ya ellos tenían puestas sus esperanzas en que iban a recibir un sistema energético solar que iba a satisfacer las deficiencias de la Autoridad, eso es bien difícil para ellos”, declaró.
González Otero resaltó que a su alcaldía han llegado familias indagando sobre sus casos.
“En Jayuya, han venido muchas familias a preguntar, ‘¿en qué estatus estamos nosotros?’, porque ya tenían aprobado ese equipo; los que estaban contratados para dar ese servicio se quedaron en el aire…Yo creo que son la gente más pobre y más vulnerable la que se afectó sin tener una contestación”, agregó.
Estos hogares cobijan a parientes con condiciones graves de salud y hasta encamados.
“Nosotros tenemos gente adulta, más de 100 personas que hemos tenido que darle servicio de ama de llave. Eso demuestra la amplia necesidad de la cantidad de gente que necesitan los sistemas para poder recibir los tratamientos”, mencionó.
Varias de estas personas residen en zonas de difícil acceso o en comunidades a más de media hora del centro del pueblo, especificó el alcalde.
“Son gente que necesita un sistema garantizado que, por lo menos, le supla la energía en lo que se reparan los sistemas eléctricos cuando se caen”, aseguró.
Reiteró que saben de primera mano del impacto de la cancelación de los fondos porque, actualmente, la mayoría de municipios en la isla están bajo administraciones del PPD.
“De los 78 municipios, 47 son del PPD. Pero entiendo que es la misma necesidad en todos los municipios de Puerto Rico, máxime en el centro. En esta zona, semanalmente, hay comunidades a las que se le va la luz, y cuando se va la luz, se va el agua, y tienen otras necesidades de tener equipo que necesita sistema eléctrico”, señaló.
González Otero explicó que, cuando ocurren desastres como huracanes, los pueblos del centro de la isla son los últimos a los que llegan las autoridades estatales y federales.
“Empiezan por áreas urbanas. Si hay sectores que tienen 200 familias y otra tiene 10, aunque la de 10 tenga más necesidad de salud, le van a dar servicio primero a las que tienen 200 familias”, contrastó el funcionario.
El líder del ayuntamiento añadió que, en esos casos, son las autoridades municipales las que asumen las labores inmediatas de respuesta.
“Somos los únicos que tenemos que limpiar los accesos hacia los pueblos y hacia las áreas que nos dan servicios de salud. Aquí llegan cuando nosotros (los municipios) hemos resuelto todas las necesidades básicas. Para (el huracán) María, hubo sectores aquí que estuvieron más de 15 meses sin luz…Imagínate la gente que queda en la colindancia de Jayuya y Villalba o de Jayuya y Utuado o en la colindancia de Jayuya y Ponce. Estaban marginados”, planteó.
Con respecto a la gestión para las instalaciones de sistemas solares bajo los programas federales, dijo que las organizaciones sin fines de lucro tenían una relación estrecha con las administraciones municipales.
“Tanto es así que nosotros (en Jayuya) le proveíamos una oficina con todos los servicios cuando la gente venía aquí a solicitar (los sistemas). Nosotros los referíamos a esas organizaciones. Había una comunicación directa cuando uno visitaba y notaba las necesidades de alguna comunidad, se comunicaba sobre eso. Había una estrecha relación y comunicación con estas organizaciones”, aseguró.
Los fondos del PR-ERF fueron aprobados por el Congreso como parte de la Ley de Asignaciones Consolidadas para el Año Fiscal 2023 que fue promulgada por el presidente Joe Biden.
La Legislatura en Washington D.C. estableció que los fondos estarían disponibles hasta que se agotaran para llevar a cabo actividades destinadas a mejorar la resiliencia de la red eléctrica de Puerto Rico, incluyendo subvenciones para hogares de bajos y moderados ingresos y hogares con personas con discapacidad para la compra e instalación de energías renovables y sistemas de almacenamiento de energía.
El DOE debía coordinar los procedimientos con FEMA y con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).
Para el alcalde, la palabra vulnerable es clave para entender el mandato legislativo sobre el uso de los fondos.
“Estos fueron $1,000 millones de dólares (asignados por el Congreso) para los más vulnerables, que esa es la palabra clave; los más necesitados, los más pobres. Personas con necesidades especiales, con enfermedades, que necesitan de los sistemas eléctricos para recibir servicios. Quién fiscaliza eso. Esa es una preocupación que tenemos”
“Pero ese fue el mandato del Congreso que tenía que seguir el DOE. Y, si el DOE no lo siguió, estaría en violación de una ley del Congreso”, cuestionó este periódico.
“Entendemos que es así, pero esa son preguntas que le vamos a hacer a la gente del DOE cuando estemos reunidos; quién está fiscalizando si se está cumpliendo con la reglamentación y la directriz de esta ley, que es la ley federal 117 – 328”, respondió.
A juicio del político, es importante que, en la implementación de programas como este, los municipios tengan una participación más directa en coordinación con las organizaciones no gubernamentales.
En la carta, los miembros de la Asociación expusieron que el texto de la ley no es uno “aspiracional”, sino una directriz sobre a quién deseaba beneficiar el Congreso.
“El estatuto identifica poblaciones beneficiarias específicas, hogares con ingresos bajos o moderados y hogares con individuos con discapacidades. Redirigir esos fondos para transmisión, distribución y actividades de generación centralizada, si bien indudablemente necesarias por derecho propio, no alcanza a las familias que el Congreso identificó”, lee parte de la misiva.
Los alcaldes asociados argumentaron que el retiro de los fondos da al traste con tres años de trabajo entre la Oficina de Despliegue de la Red Eléctrica (GDO) del DOE, municipios, organizaciones comunitarias y otros socios federales que en coordinación lograron “resultados tangibles” o la instalación de los paneles para unas 6,000 familias y la identificación de otros 12,000 hogares.
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