Descartan transición a SNAP para Puerto Rico en “Farm Bill” del Senado
Center on Budget and Policy Priorities alertó que, en términos de SNAP, bajo las provisiones, estados podrían retirarse por completo del programa
El republicano John Boozman es el presidente del Comité de Agricultura, Nutrición y Silvicultura del Senado federal. Crédito: Archivo | AP
NUEVA YORK – Un análisis de Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) arrrojó que la propuesta de “Farm Bill” (Ley Agrícola) ante la consideración del Senado de Estados Unidos complicará la crisis de hambre que se agravó tras la aprobación el año pasado de la ley de reconciliación presupuestaria H.R. 1 (“One Big Beautiful Bill Act”) en el Congreso.
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Ty Jones Cox, vicepresidenta de Asistencia Alimentaria de la entidad, planteó que el borrador presentado por John Boozman, presidente del Comité de Agricultura, Nutrición y Silvicultura, este martes no toma en cuenta la “urgente necesidad” de asistencia alimentaria para familias de bajos ingresos.
“Dicha ley (H.R. 1) impuso los recortes más drásticos en la historia del programa SNAP, pero el daño que se está produciendo en todo el país ya es mucho mayor de lo que muchos anticipaban; más de 4 millones de personas han perdido el acceso a SNAP hasta el mes de marzo. Aún más personas perderán la asistencia alimentaria vital que necesitan para adquirir alimentos a menos que el Congreso aplace de inmediato la medida sin precedentes de la ley H.R. 1”, indicó Cox mediante declaraciones escritas.
A su juicio, la propuesta o cualquier legislación similar debe ser rechazada, ya que implicaría la pérdida de ayuda para más beneficiarios.
Uno de los cambios mayores contenidos en H.R. 1 fue el traslado de parte de los costos de SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) a los estados.
“A partir de octubre de 2027, la ley H.R. 1 recortará drásticamente la financiación federal para los beneficios de SNAP y trasladará estos costos a la mayoría de los estados. La cantidad que cada estado deberá pagar se basa en su tasa de error en los pagos, una medida de los pagos en exceso y por defecto que refleja, en gran medida, errores involuntarios. En su afán por reducir la tasa de error registrada, algunos estados han adoptado medidas drásticas que dificultan enormemente que las personas elegibles accedan a la ayuda que necesitan para comprar alimentos. Irónicamente, cuando las familias elegibles quedan totalmente excluidas de SNAP debido a estas medidas, dicho ‘error’ no se contabiliza en la tasa de error del estado”, explicó la experta.
Según la analista, el número de personas de bajos ingresos que reciben SNAP disminuyó en más de 4 millones entre la promulgación de la ley H.R. 1, en julio de 2025, y marzo de este año.
“Esto representa una caída del 10% en tan solo ocho meses y el descenso más pronunciado en décadas. Tan solo en los 13 estados con datos disponibles, el número de niños que reciben SNAP ha disminuido en más de 800,000 desde la promulgación de la ley”, calculó.
La vicepresidenta de Asistencia Alimentaria anticipó que, a raíz de este cambio, algunos estados podrían retirarse por completo del programa, lo que eliminaría la asistencia alimentaria para niños, personas mayores, personas con discapacidad, trabajadores con salarios bajos y otras poblaciones vulnerables.
“Alrededor del 11% de los estados que respondieron a una encuesta de la Asociación Estadounidense de Servicios Humanos Públicos (APHSA) señalaron el riesgo potencial de retirarse de SNAP debido a este traslado de costos, y el 5% indicó que existe el riesgo de suspender las operaciones del programa”, citó Cox en el escrito con fecha de este martes.
La especialista también mencionó que nuevos obstáculos burocráticos o exceso de trámites evitan que más personas adquieran la ayuda.
La miembro de la CBPP emplazó al Congreso a otorgar más tiempo a los estados para mejorar la precisión de sus pagos, factor que determinará la parte de los costos de SNAP que deben asumir.
“Durante más de 50 años, SNAP ha reflejado un compromiso nacional para combatir el hambre, asegurando que las personas elegibles de bajos ingresos reciban la ayuda que necesitan, independientemente de dónde vivan. Si el Congreso no actúa ante esta emergencia, estos recortes federales podrían llevar a algunos estados a abandonar dicho compromiso. Las familias con dificultades, que son quienes menos pueden permitírselo, serán las que paguen el precio”, puntualizó el autor.
En otro comunicado de prensa, Boozman, republicano por Arkansas, planteó que la “Ley Agrícola 2.0” (Farm Bill 2.0), provee a agricultores, ganaderos, silvicultores y comunidades rurales las herramientas y recursos necesarios para prosperar.
Según el presidente del comité senatorial, la legislación mejora los programas agrícolas que se aprobaron mediante la “Ley de Recortes de Impuestos para Familias Trabajadoras”.
“Seguimos ampliando ese éxito con prioridades bipartidistas que fortalecen la economía agrícola estadounidense, aumentan la inversión en las comunidades rurales y fomentan un sector agrícola más resiliente”, indicó a través de un comunicado de prensa.
“Me enorgullece presentar este borrador de discusión que refleja las aportaciones y prioridades de republicanos, demócratas y, lo que es más importante, de la América rural. Este proyecto de ley está diseñado para las personas que alimentan a EE.UU., y espero continuar las conversaciones con mis colegas sobre cómo podemos servirles mejor a ellos y a las comunidades que consideran su hogar”, finalizó Boozman.
En declaraciones a El Diario en mayo pasado, un portavoz del Comité de Agricultura del Senado adelantó que el proyecto de Farm Bill que contemplaban los republicanos en ese organismo sería similar al aprobado en la Cámara de Representantes.
“El presidente (John) Boozman ha indicado que el proyecto de ley del Senado será similar al de la Cámara”, dijo la fuente.
El informe de The Hill resaltó que la versión del Senado excluye las prioridades de los demócratas.
Por su parte, POLITICO destacó el retiro de disposiciones polémicas sobre biocombustibles, etiquetado de pesticidas, entre otros.
La legislación también descarta provisiones para agilizar las evaluaciones ambientales de ciertos proyectos de gestión forestal para manejar mejor el riesgo de incendios forestales.
La versión del Senado también dejaría fuera la ley “Save Our Bacon” a la que líderes como el de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, se opusieron.
La medida, introducida por el representante republicano de Iowa, Ashley Hinson, busca eliminar nuevos requisitos en California para atender las condiciones crueles de vida del ganado en otros estados, animales que luego son vendidos a la referida demarcación.
En un mensaje por la red social X, Schumer rechazó la medida.
“Este proyecto de ley socavaría las leyes estatales de seguridad alimentaria y bienestar animal, eliminaría protecciones aprobadas por los votantes y privaría a estados como Nueva York del derecho a establecer normas básicas”, expuso.
Para el senador de Nueva York, “es un regalo para los grandes conglomerados agrícolas y los monopolios cárnicos; perjudica a los agricultores familiares que cumplieron con las normas, al tiempo que otorga a las corporaciones más grandes mayor poder para presionar a los agricultores y a las familias”.
El demócrata argumentó que el Congreso debería reducir los costos de los alimentos y no recompensar a los monopolios que hacen lo contrario.
La versión aprobada por la Cámara de Representantes no descartó los recortes a SNAP en la “Gran y Hermosa Ley de Presupuesto”.
El texto, que pasó el cedazo del pleno a finales de abril, logró los votos luego de la exclusión de provisiones relacionadas con pesticidas.
La transición a SNAP en Puerto Rico queda fuera
La propuesta para una transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al SNAP en Puerto Rico no fue incluida, como abogaron demócratas y diversas organizaciones dentro y fuera de la isla.
Aunque fue descartada de la legislación aprobada, la Administración de la gobernadora Jenniffer González, se adjudicó haber logrado que lenguaje a favor de una eventual transición se añadiera en el reporte del Comité de Agricultura que acompaña el H.R. 7567.
El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, y senadores como la demócrata de NY, Kirsten Gillibrand, estaban insistiendo para que en la legislación de la Cámara Alta se incluyera la “Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act” o “Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional para Puerto Rico” que presentaron ambos.
Sin embargo, sus esfuerzos no prosperaron.
La principal objeción de los republicanos, tanto en Cámara como en Senado, es el costo del cambio de programas.
La transición en Puerto Rico le costaría a EE. UU. entre $341 y $426 millones durante el periodo de implementación. Una vez establecido, el costo anual ascendería a unos $4,500 millones para los beneficios, más de $249 a $414 millones para la administración, estimó el Departamento de Agricultura federal (USDA).
Los que impulsan la transición argumentan que al gobierno estatal y federal les sale mucho más caro lidiar con los costos en cadena de la inseguridad alimentaria en la isla, donde cerca de la mitad de sus habitantes batallan contra la pobreza.
Tan reciente como el 11 de junio pasado, Hernández celebró en el pleno de la Cámara el primer auspicio republicano en el Senado a su legislación por parte de Roger Wicker.
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