Demócratas en el Congreso presentan enmienda a ley de defensa para que EE.UU. informe sobre ejercicios militares en P.R.
La enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional también busca que los federales especifiquen el estado de las labores de limpieza en Vieques
Acceso cerrado cerca del faro de Puerto Ferro , en Punta Verdiales, en la costa sur de la isla de Vieques, Puerto Rico. Crédito: Archivo | AP
NUEVA YORK – Un grupo de demócratas liderados por la congresista Nydia Velázquez presentaron una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2027 con el fin de que el Gobierno informe sobre la reanudación de los ejercicios militares en Puerto Rico y el estado de la limpieza de los terrenos en Vieques.
En un comunicado de prensa este jueves, la legisladora de Nueva York resaltó que, al momento, más de 8,100 efectivos del Ejército de Estados Unidos se encuentran en la isla en actividades que se extenderían hasta agosto de este año.
Si se aprueba la enmienda, el Departamento de Defensa, encabezado por Pete Hegseth, tendrá que presentar un informe al Congreso en un plazo de 180 días en el que explique las razones de seguridad nacional que justifican la reanudación de los ejercicios.
El reporte también deberá incluir respuestas sobre si los ejercios implican la eliminación de municiones en la isla municipio y cómo podrían retrasar las labores de descontaminación de los terrenos.
Por otro lado, la enmienda ordena a la agencia publicar un panel de control accesible al público para monitorear los fondos destinados a la limpieza, así como los cronogramas y el estado de la remediación en cada sitio que tendría que actualizarse semestralmente.
En noviembre pasado, informes locales apuntaron a que se había autorizado al personal militar a destruir municiones inservibles en Vieques, isla que fue ocupada por la Marina de EE.UU. por más de 60 años.
“El Congreso ha destinado más de $327 millones de dólares para la limpieza de Vieques, y sus habitantes siguen esperando que se restauren sus tierras y aguas. Ahora, miles de efectivos militares se encuentran en la isla sin apenas información sobre sus actividades o cómo estas obstaculizan el proceso de limpieza. La gente de Vieques merece respuestas”, cuestionó la representante de origen boricua.
La enmienda fue copatrocinada por las representantes Delia Ramírez (Illinois), Alexandria Ocasio-Cortez (NY) y por el comisionado residente Pablo José Hernández (D-PR).
El año pasado, Velázquez envió junto a Ramírez una carta al Departamento de Defensa en la que hizo referencia a informes de prensa que señalaban que, desde el 13 de enero de 2025, se había autorizado al personal militar a destruir municiones que no forman parte de la limpieza ordenada por el gobierno federal en Vieques. Para la congresista, lo anterior es preocupante en vista de la larga historia de contaminación militar y desplazamiento, así como los riesgos persistentes que representan los artefactos explosivos sin detonar.
La misiva nunca fue respondida.
NDAA es una legislación que se aprueba anualmente para garantizar el financiamiento del Departamento de Defensa y ramas anexas.
El H.R. 8800 fue introducido en la Cámara de Representantes el 13 de mayo por Mike Rodgers, republicano de Alabama.
La medida autorizará asignaciones presupuestarias para el año fiscal 2027 destinadas a las actividades militares del Departamento de Defensa, a la construcción militar y a las actividades de defensa del Departamento de Energía (DOE); para establecer los efectivos del personal militar para dicho año fiscal; y para otros fines, especifica el texto de la legislación.
Múltiples enmiendas han sido sometidas para evaluación.
El próximo lunes, el Comité de Reglas de la Cámara Baja se reunirá en el Capitolio para evaluar la legislación.
La presencia militar en el territorio no ha menguado desde que las autoridades federales anunciaron un despliegue especial en agosto del año pasado en anticipo a lo que se tradujo en el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.
A finales del mes pasado, el principal oficial de asuntos públicos del Fuerte Buchanan, Carlos M. Cuebas, anticipó un incremento en el personal militar en el archipiélago en los próximos meses.
“El verano históricamente representa la temporada de entrenamientos anuales para las unidades y es muy razonable pensar que, en las próximas semanas, vamos a ver movimiento de vehículos militares en algunos lugares de Puerto Rico. Aquí hay presencia del Ejército en Aguadilla, Mayagüez, Yauco, Ponce, Salinas, Juana Díaz, Ceiba y Puerto Nuevo (en San Juan). Con mucha razonabilidad va a haber movimientos de vehículos y personal militar, aunque eso no necesariamente significa que van para ningún sitio, sino que están preparándose en caso de que sea necesario”, declaró al periódico El Vocero el teniente coronel retirado.
Fuerte Buchanan es la única base militar activa del Ejército de EE.UU. en Puerto Rico y todo el Caribe.
En ese sentido, el portavoz argumentó que la intención es que los efectivos estén listos para movilizarse “en cualquier momento y cualquier lugar”.
“Fuerte Buchanan habilita y facilita entrenamiento y desplazamiento como sede del Ejército de EE.UU. en Puerto Rico y el Caribe. Aquí en la isla, todos los días del año hay 15,000 militares que, en su gran mayoría, son residentes permanentes de Puerto Rico, y el Fuerte Buchanan habilita ese proceso de movilizar unidades a cualquier lugar del mundo. Ahora mismo tenemos unidades en el área Latinoamérica, Medio Oriente e históricamente hemos tenido presencia en cualquier teatro de operación”, explicó Cuebas.
Las declaraciones del veterano se dieron en medio de especulaciones sobre intervenciones más directas de EE.UU. en Cuba.
Los opositores plantean que la presencia de los militares es reflejo de la falta de soberanía de Puerto Rico y que EE.UU. utiliza a la isla como trampolín de guerra. Los que favorecen las prácticas militares consideran que el despliegue beneficia económicamente a Puerto Rico y sostienen que la colaboración es esencial para la seguridad regional. Por la condición de territorio, la isla no cuenta con su propia milicia, pero miles de soldados de origen boricua han servido en las Fuerzas Armadas estadounidenses desde principios del siglo pasado.
A finales de mayo, Velázquez presentó una resolución sobre poderes de guerra junto al también demócrata de NY, Gregory W. Meeks, para poner fin a cualquier acción militar no autorizada de EE.UU. en Cuba.
La resolución respondió a lo que los congresistas entienden que ha sido un aumento en la escalada de acciones por parte de la Administración Trump para presionar por un cambio político en Cuba que incluyen bloqueo petrolero, amenazas del presidente de que “tomará” la isla.
También en mayo, EE.UU. acusó al expresidente cubano Raúl Castro de delitos relacionados con la muerte de cuatro personas tras el derribo de dos avionetas civiles en Florida en 1996.
Algunos sectores interpretaron la acusación como una estrategia adicional para justificar una acción militar en la isla.
Esta semana, el gobierno estadounidense impuso nuevas sanciones a empresas estatales cubanas claves para su economía.
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dijo que las sanciones afectan a cinco entidades cubanas, entre las que se encuentran tres vinculadas con el Grupo de Administración Empresarial S.A., ligado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.
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