¿Qué dicen las declaraciones juradas del exsecretario del DDEC en P.R. contra Francisco Domenech y otros por alegada corrupción?

NUEVA YORK – El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, dijo que refirió a 11 entidades, incluyendo a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (Opfei), la de Ética Gubernamental (OEG) y al FBI (Negociado de Investigaciones Federales) las declaraciones juradas del exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, en las que vincula al jefe de Gabinete, Francisco Domenech, con actos de corrupción.

“Hoy envié copia de las declaraciones juradas y documentos imputando delitos y violaciones éticas al Secretario de la Gobernación y otros, que prestaron el Lcdo. Sebastián Negrón Reichard y el Lcdo. Ernesto J. Zayas…”, lee una publicación que compartió Rivera Schatz este viernes por Facebook.

Zayas García fue director de la Oficina de Incentivos para Negocios del DDEC.

Zayas García y Negrón Reichard, quienes renunciaron junto a otros ocho en medio de denuncias de presiones indebidas por parte de La Fortaleza, sometieron los documentos al Senado como parte de la investigación ordenada a través de la resolución 548.

En la entrada en la red social, el vicepresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) añadió que también envió el material a la gobernadora Jenniffer González, al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez; a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez; a la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), a la Oficina de la Inspectora General, el Departamento de Hacienda y al Inspector General de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias).

“A todos ellos para su conocimiento y la acción que estimen pertinente. El Senado continúa con la investigación sobre el asunto”, concluyó el líder senatorial su mensaje.

Entre otras cosas, Negrón Reichard indicó que procedió como “denunciante de actos de corrupción pública” en relación con contratos y supuestas intromisiones del secretario de la Gobernación y otros funcionarios.

El exsecretario del DDEC expuso presuntas irregularidades en la presentación de una solicitud de propuesta financiada con fondos federales. En el documento, se menciona el proceso competitivo RFP-DDEC-OGPe-2026-06 y alegadas “presiones sobre los miembros del comité evaluador para inclinar la adjudicación hacia un proponente determinado”.

Mencionó la “alegada intervención del Secretario de la Gobernación y de otros funcionarios en la evaluación e investigación interna que adelantaba el DDEC”.

Negron Reichard también denunció la paralización de las suspensiones sumarias que la autoridad nominatoria ya había firmado al amparo de sus hallazgos.

El exfuncionario señaló alegadas “represalias, amenazas o actos de intimidación” contra las empleadas denunciantes y demás servidores públicos del DDEC.

La información de Negrón Reichard estaría relacionada con un proceso en el que el entonces secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Norberto Almodóvar Vélez, y su jefa de personal, Charlene Neuman, presuntamente buscaban que se favoreciera a JJ Investment Group. Las empleadas Lissette Rodríguez Tomassini y Marisabel Rodríguez habrían afirmado que esa era la propuesta que respaldaban desde Fortaleza.

Según el texto, en noviembre de 2025, Almodóvar Vélez le entregó a Rodríguez Tomassini, empleada de confianza de la OGPe, “una propuesta no solicitada de la entidad JJ Investment Group para reemplazar al contratista existente en OGPe para prestar servicios de medios relacionados con los Códigos de Construcción, subvenciones con fondos federales FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias)”.

Ante la indicación de Rodríguez Tomassini de que se requería un proceso competitivo para la contratación de un nuevo suplidor, OGPe inició el trámite en febrero.

El 28 de marzo, Negrón Reichard recibió un mensaje de la empleada en la que esta planteaba su preocupación sobre el RFP (Solicitud de Propuesta).

En una llamada telefónica posterior, la mujer le indicó al entonces secretario del DDEC que Almodóvar Vélez le expresó en varias ocasiones que la propuesta de la referida empresa era la favorecida desde La Fortaleza.

“Rodríguez Tomassini me indicó que, durante el proceso de evaluación de propuestas correspondientes al RFP para servicios de medios subvencionados por el ‘grant’ federal, el secretario auxiliar, Norberto Almodóvar, en varias ocasiones le expresó que la propuesta de JJ Investment Group era la favorecida por ‘Fortaleza’”, lee el documento legal.

El escrito añade: “Mientras el proceso competitivo se desarrollaba, comenzó un patrón de comunicaciones, intervenciones y presiones indebidas por parte del secretario auxiliar y su jefa de personal, Charlene Neuman, indicando que la propuesta de JJ Investment Group era la apoyada por la gobernadora y La Fortaleza, por lo que la misma debía ser favorecida”.

Negrón Reichard añadió que, durante el tiempo que sirvió como secretario del DDEC, “siempre enfrenté resistencia en que se me permitiera hacer cambios en OGPe, debido a la relación cercana y directa entre el Secretario de la Gobernación (Francisco Domenech), la Subsecretaria de la Gobernación (Itza García) y el Secretario Auxiliar”.

“El Secretario Auxiliar actuaba como si se reportara directamente a La Fortaleza”, añadió el declarante.

Negrón Reichard alertó a la gobernadora Jenniffer González

En otra parte del escrito, Negrón Reichard señaló que, el 31 de marzo, le mandó un texto a la gobernadora pidiéndole una cita urgente y se reunieron ese mismo día en la tarde.

“Así traje la situación a la atención a la gobernadora. Ella reaccionó visiblemente molesta, negando haber pedido favorecer a cualquier compañía. Le expresé mi gran preocupación con la situación y el hecho de que utilizaran su nombre y el de Fortaleza para adelantar propuestas de medios de manera claramente irregular y en violación a las normas que rigen los procesos de contratación pública. La gobernadora me preguntó quiénes estaban licitando, y me indicó que no sabía quiénes eran. Le indiqué que yo entendía que estaba envuelto el Sr. Michael Ayala, contratista del Gobierno, a lo que ella contestó que no sabía que él estaba cabildeando”, narró.

Negrón Reichard relató que la gobernadora además le preguntó si se había otorgado el contrato, a lo que contestó que no en vista de las “banderas rojas” levantadas por las empleadas.

En esa ocasión, el entonces secretario del DDEC le manifestó a la gobernadora que lo que le había comentado era “razón suficiente” para retirarle la confianza a Almodóvar Vélez.

La gobernadora contestó que debían reunirse con Domenech para discutir el tema.

“La gobernadora estuvo de acuerdo en tomar una medida cuanto antes ante la proximidad del anuncio sobre la reforma de permisos”, precisa la declaración.

González además le habría expresado que tenía que pensar a qué agencia movería a Almodóvar Vélez, y que estaba pensando que fuera al Departamento de Vivienda.

Esta semana, trascendió en medios de la isla que Almodóvar Vélez había sido movido de la OGPe a Vivienda como empleado de destaque.

El relato de Zayas García

Zayas García declaró sobre “cabildeos y presiones indebidas a favor de Opus Miramar”, firma representada por Politank, la empresa de consultoría que fundó Domenech.

“La intervención del Lcdo, Francisco Domenech a favor de empresas e intereses activamente representados por la firma Politank, tanto lo que esta representaba con anterioridad como los atendidos desde el 2 de enero de 2025, y la posible intervención ilegal de otros funcionarios en esos mismos asuntos, incluyendo, sin limitarse a ello, la otorgación de decretos contributivos y contratos relacionados con el proyecto Opus Miramar, sus entidades afiliadas y otros”, lee parte de la declaración.

El declarante planteó que Domenech pudo haber mentido ante la Comisión Total del Senado en la que testificó y en la que aseguró que no tenía participación en la empresa.

“La compatibilidad entre lo que el Lcdo. Domenech declaró bajo juramento ante la Comisión Total del Senado, en cuanto a la venta de Politank y a su alegada no intervención en los asuntos de dicha firma, y la conducta que se le atribuye con posterioridad, a fin de determinar si incurrió en falsedad o en otra conducta sancionable”, añade el texto.

Zayas García señaló que Politank solicitó reuniones desde mayo de 2025 para discutir créditos contributivos relacionados con el área turística del Centro de Convenciones, en las que participaron el CEO Manuel Torres Nieves, el asesor Kenneth McClintock Hernández, y representantes de Centuria.

El reporte del periódico Metro precisa que los encargados de Opus Miramar, desarrollo residencial de lujo, presentaron una solicitud de decreto bajo la Ley 60 (Código de Incentivos de Puerto Rico) para un proyecto en el Distrito de Convenciones con una inversión de $300 millones y un crédito contributivo de $120 millones.

Según Zayas García, el proyecto enfrentaba problemas de cumplimiento por la proporción de actividad turística requerida.

“El 5 de septiembre de 2025, se tuvo una reunión por Teams con Kenneth McClintock y Manuel Torres de Politank. En esa reunión se nos indicó que necesitaban obtener decreto para proseguir con el proyecto y que ‘era un asunto que ya estaba discutido con La Fortaleza’”, contó el exdirector de la Oficina de Incentivos para Negocios.

Zayas García respondió que el asunto se estaba atendiendo con prioridad, “pero que aún así tienen que demostrar que el modelo de negocio cumple con los elementos de un proyecto turístico y someter toda la información necesaria para poder preparar el informe de elegibilidad…”, lee otra parte de la declaración.

El exfuncionario declaró que, en una reunión del 18 de mayo pasado, Domenech lo interrumpió para hablar sobre Opus Miramar.

Añadió que el jefe de Gabinete de la gobernadora “litigó” a favor de Opus Miramar y presionó para agilizar los procesos.

Domenech rechaza señalamientos en su contra

Mediante declaraciones escritas, Domenech rechazó los señalamientos de ambos exfuncionarios.

“(Están) plagadas de mentiras, medias verdades, documentos acomodaticios, caracterizaciones subjetivas y tergiversaciones. Estos, presentan conclusiones que deberán ser evaluadas a la luz de la evidencia y del debido proceso de ley”, consideró.

A juicio de Domenech, las alegaciones no tienen fundamentos legales ni elementos creíbles.

“Estas alegaciones falsas, que básicamente son lo mismo que habían presentado Negrón Reichard y Zayas en sus cartas no juramentadas, responden a un acto de desesperación por el exsecretario del DDEC, sin fundamentos legales ni elementos creíbles, carentes de evidencia objetiva, que no sea la propia que ellos han creado. Esto, luego de que el pasado 17 y 22 de junio este servidor radicara dos declaraciones juradas, totalmente fundamentadas con hechos objetivos constatables por un voluminoso archivo de evidencia documental producidas por otras entidades gubernamentales”, agregó.

“Durante todo momento he actuado conforme a mi deber como secretario de la Gobernación: velar por el cumplimiento de la ley, proteger la integridad de las instituciones públicas, asegurarme que se implementen las instrucciones sobre la política pública de la Gobernadora, salvaguardar el debido proceso de ley que le asiste a todos los servidores públicos y asegurar que las determinaciones del Gobierno se tomen dentro del marco legal, reglamentario y ético aplicable”, puntualizó.

La Opfei anunció ayer que la exjueza superior Ana Paulina Cruz será la fiscal investigadora que indagará en la denuncia que hizo Domenech contra Negrón Reichard.

“Nombramos una fiscal investigadora, que va a hacer el trabajo que hubiera hecho el Departamento de Justicia. La investigación preliminar que hace el Departamento de Justicia, pues la ley nos requiere tenerla, una investigación preliminar al Panel, antes de nosotros tomar la determinación de lo que vamos a hacer”, dijo la presidenta del Opfei, Ygrí Rivera, a El Nuevo Día.

Domenech había presentado declaraciones juradas en las que acusó al exsecretario de intervenciones indebidas y conflictos de interés para beneficiar desde el DDEC a compañías asociadas al bufete de su abuelo Reichard & Escalera LLC.

El secretario de la Gobernación también implicó a la esposa de Negrón Reichard en los señalamientos.

“Existía un periodo de 30 días – del 1 de marzo al 1 de abril-, durante el cual la solicitud de decreto de la esposa de Negrón Reichard estuvo activa ante la Oficina de Incentivos del DDEC sin que este hubiese presentado mecanismo de inhibición alguno. En vista de lo anterior, solicité a la Oficina de Ética Gubernamental que investigara si, durante ese periodo, Negrón Reichard intervino, directa o indirectamente, en el proceso de evaluación de su esposa y qué rol tuvo en cuanto al mismo el licenciado Ernesto Zayas García…”, expuso Domenech.

Comisionado residente pide despido de Domenech

El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, emitió una declaración en la que emplaza a la gobernadora a que remueve a Domenech de la posición.

“Por el bien de Puerto Rico, urge que la gobernadora despida a Francisco Domenech y su claque”, planteó.

Añadió: “Las alegaciones de corrupción —creíbles y constantes— laceran la reputación de Puerto Rico en Washington y ponen en peligro fondos federales, como los del Plan Vital que vencen en 2027”.

“La resistencia a hacer cambios obliga a preguntarse: ¿qué encubre, y a quiénes protege, La Fortaleza?”, puntualizó.

Las denuncias de Negron Reichard ya habían resonado en Washington en medio de una audiencia el mes pasado ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado en la que se examinó la condición de los territorios.

En su turno de preguntas, el republicano Mike Lee, presidente del comité, cuestionó a la gobernadora sobre los motivos detrás de la renuncia del funcionario.

González catalogó de falsas las alegaciones de su exmiembro de Gabinete.

“El sí preguntó sobre ese contrato y yo lo instruí a cancelarlo, porque él sugirió un problema con el contrato y estaba preocupado con la situación. Así que yo le dije que, si estaba perturbado con el contrato, que lo cancelara e hiciera otro. Ningún contrato fue otorgado. Así que esas son falsas alegaciones y al momento están siendo investigadas por el Departamento de Justicia”, afirmó la gobernadora.

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