Advertencias del gobierno de Trump que agitan el panorama electoral estadounidense

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, amenazó a los funcionarios electorales estatales con posibles penas en la cárcel si no cumplen con los métodos de la administración del presidente Donald Trump para determinar si los ciudadanos están inscritos en el censo electoral.

Ampliando el discurso del mandatario el jueves, Mullin expresó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había determinado preliminarmente que había más de 250,000 no ciudadanos en las listas de electores en al menos cuatro estados: California, Nueva Jersey, Nevada y Pensilvania.

El secretario del DHS exigió que los estados consultaran sus listas de votantes en una base de datos federal administrada por la agencia para determinar si había personas no ciudadanas en las mencionadas listas, y advirtió que, de no hacerlo, no podrían acceder a las subvenciones federales.

No obstante, un juez federal bloqueó el uso de la base de datos del DHS, que históricamente se usaba para evaluar los beneficios de inmigración, al decidir que su reutilización para este fin violaba las reglas sobre la divulgación de los registros del Seguro Social.

Asimismo, la base de datos demostró ser propensa a errores al usarse para evaluar los padrones electorales. Por lo general, clasifica a los ciudadanos recién naturalizados como votantes no ciudadanos. Especialistas en derechos electorales aseguran que el uso de la base de datos es defectuoso y podrían resultar en la eliminación de votantes registrados de los padrones.

“Debemos asegurarnos de que las personas que tienen derecho legal a votar lo hagan”, apuntó Mullin desde el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, contiguo a la Casa Blanca. “Si usted es indocumentado e intentó votar, o intentó votar ilegalmente por otra persona, lo encontraremos y lo procesaremos”.

Estas declaraciones se producen en un momento en que la administración republicana está usando cada vez más los mecanismos del gobierno para sembrar dudas sobre el sistema electoral de Estados Unidos mientras se acercan los comicios de noviembre.

“Si su gobierno tuviera pruebas reales de que personas no ciudadanas votaron, habría acusaciones formales”, escribió el experto en derecho electoral Rick Hasen. “Trump ha estado presionando a los fiscales estadounidenses para que presenten tales casos, y el hecho de que no lo haya hecho demuestra que estas afirmaciones probablemente carecen de fundamento”.

El líder de la Casa Blanca sigue insistiendo en que las elecciones de 2020 fueron “sucias” y “amañadas”, aunque integrantes de su propio gabinete dijeron públicamente que no hubo fraude electoral generalizado, y numerosas investigaciones no hallaron ningún fraude generalizado.

“Nunca más podremos presenciar unas elecciones robadas”, dijo Trump el jueves en la noche durante su discurso, alegando que las elecciones “quedaron expuestas a ser manipuladas y robadas, y se perdió la confianza del pueblo estadounidense”.

En enero, el FBI allanó un centro de votación en el condado de Fulton, Georgia, estado que Trump perdió en 2020, y decomisó todas las boletas electorales. El Departamento de Justicia (DOJ) demandó a varios estados para obtener datos del padrón electoral, y su División de Derechos Civiles envió misivas a funcionarios electorales de todo el país, advirtiéndoles de las sanciones penales que podrían enfrentar quienes, a sabiendas, mantengan a personas no ciudadanas en los padrones electorales.

En este sentido, el mandatario ha despedido a decenas de personas de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, que ayuda a garantizar la seguridad de los comicios, y destituyó al resto de la dirección de la Comisión de Asistencia Electoral de EE.UU., que ayuda a financiar las elecciones estatales y sirve como centro de intercambio de información para las más de 10,000 jurisdicciones de administración electoral de la nación, informó NBC News.

Mullin prometió que, tanto antes como después de las elecciones de mitad de periodo, los funcionarios del DHS revisarían meticulosamente los registros electorales en busca de votos no válidos de personas que no son ciudadanas y de personas fallecidas.

El censo electoral estadounidense está diseñado para el registro de votantes, no para la eliminación, lo que significa que siempre hay electores fallecidos en él. Los funcionarios electorales hacen tarea de mantenimiento para actualizar las listas, pero eso lleva tiempo.

Mullin advirtió que el registro ilegal de votantes y el voto ilegal conllevan penas de hasta cinco años de cárcel y multas de hasta $250,000 dólares.

“Si los funcionarios electorales, una vez que les proporcionamos la información necesaria para garantizar la seguridad de sus elecciones, deciden no hacerlo, entonces esas personas también pueden ser responsabilizadas con multas, sanciones e incluso, dependiendo de la gravedad del caso, con penas de prisión”, señaló Mullin.

Aunque los especialistas de derechos electorales aseguran que este tipo de casos de fraude son muy raros, el sistema electoral descentralizado de EE.UU. constituye una salvaguarda contra la injerencia a gran escala.

El secretario del DHS afirmó que el presidente ordenó al equipo de ciberseguridad de la agencia publicar un plan actualizado sobre la infraestructura electoral. Mullin señaló que lo hará público en 30 días.

Explicó que estos esfuerzos no formaban parte de “repasar las elecciones de 2020” y que “no estamos tratando de cambiar el resultado. Estamos tratando de asegurarnos de que el pueblo estadounidense pueda confiar en nuestro sistema de votación”.

En 2025, el DHS renovó la base de datos SAVE que usa para verificar la ciudadanía y el estatus migratorio de las personas, con el objetivo de facilitar a los funcionarios estatales y locales su uso para asegurarse de que los electores fueran ciudadanos estadounidenses.

Permite a los usuarios buscar en diferentes registros a la vez y les da acceso a los números de la Seguridad Social de las personas.

Los funcionarios del DHS insisten en que la base de datos en sí misma no determina si una persona es extranjera; consulta otras bases de datos gubernamentales donde podría almacenarse la prueba de ciudadanía e indica a los inscritos para una evaluación adicional.

Los defensores del voto alegan que las personas que fueron identificadas erróneamente como no ciudadanas fueron eliminadas del censo electoral porque la base de datos puede estar desactualizada.

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