Alcaldes de P.R. llevan a Washington problema de expiración de fondos federales para reconstrucción y alza en costos por inflación

NUEVA YORK – El retraso en los proyectos de reconstrucción con fondos federales es un problema que se repite en los distintos municipios de Puerto Rico y en el que inciden varios factores, como la lentitud en la otorgación de permisos por parte de agencias de Estados Unidos que a su vez se traduce en un incremento en los costos y en la imposibilidad de completar las obras antes de que expiren las asignaciones.

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Lo anterior fue parte del mensaje que llevaron 13 alcaldes de Puerto Rico afiliados al Partido Popular Democrático (PPD) como parte de una jornada esta semana en Washington D.C. en la que se reunieron con congresistas y con representantes de agencias como la Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura (USDA) y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).

“Hay que agilizar la cuestión de los permisos”

“Hay que agilizar la cuestión de los permisos. No se puede seguir esperando, porque la tendencia es que, entre más tiempo, mayor es el costo. Hay que eliminar la burocracia y hacer más fácil el sistema. Tanta agencia dando endosos a los mismos proyectos es bien difícil. Yo creo que debe haber una comunicación más directa con los municipios. Ese sería un gran paso”, planteó en entrevista con El Diario Jorge González Otero, alcalde de Jayuya.

Aunque cada político expuso las particularidades de la situación en su municipio, ciertos problemas comunes trascendieron en el mensaje, indicó el también presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR).

“Cada alcalde presentó su proyecto cumbre y, adicional a eso, llevamos la preocupación de todos. Uno de los temas principales fue el asunto de los arbitrios de construcción para los proyectos federales. Eso fue primordial. La preocupación que se expiren los fondos para la fecha de terminación de los proyectos es otra situación, como los fondos ARPA (Ley del Plan de Rescate Estadounidense del 2021) que expiraron el 30 de junio de este año y se perdió ese dinero porque no se pudo culminar la obra que se estaba esperando trabajar. Lo otro es la falta de personal en agencias federales como EDA (Administración de Desarrollo Económico de los Estados Unidos) y el Cuerpo de Ingenieros (del Ejército de EE.UU. o USACE), que es vital para la realización de todos los proyectos en los municipios…”, mencionó el líder municipal.

González Otero puso como ejemplo el caso del Complejo Deportivo Filiberto García para el que se asignaron $22 millones de dólares en fondos FEMA. La reconstrucción por etapas incluye un nuevo muro de protección, canchas de tenis y otras instalaciones.

“En mi municipio tardó dos años en salir ese permiso (del Cuerpo de Ingenieros) con los fondos ya obligados”, mencionó.

“Ese proyecto empezó antier y tardó dos años con los fondos ya aprobados, el equipo comprado. La consecuencia que trae esto es que nos asignan una cantidad de fondos y cuando transcurre el tiempo los costos se disparan por la volatilidad de los precios en la construcción”, argumentó.

El alcalde añadió que el no cumplimiento o iniciar un proyecto sin la permisología requerida podría implicar multas civiles de hasta $68,446 diarias por infracción, así como sanciones de hasta $50,000 por violaciones a la Ley de Agua Limpia.

La página web de USACE explica que, para proyectos que impliquen intervención en cuerpos de agua, se debe presentar una “Certificación de calidad del agua” de la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA). En casos de zonas costeras, se requiere que los proyectos cumplan con el Programa de Gestión de la Zona Costera de Puerto Rico.

Las disposiciones de la Ley de Especies en Peligro de Extinción también aplican en algunos casos. En estas instancias, los solicitantes deben coordinar con el FWS (Servicio de Pesca y Vida Silvestre) o la NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica) sobre los efectos sobre especies incluidas en la lista o hábitats críticos.

Aparte de la expiración de partidas como las de ARPA, González Otero mencionó las del Programa de Revitalización de Ciudades de HUD.

El programa City-Rev asigna $1,298 millones provenientes del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR) de Puerto Rico para mejorar las comunidades afectadas por los huracanes Irma y María en los municipios. Se supone que el programa provea a las demarcaciones y a organizaciones elegibles los fondos para revitalizar los cascos urbanos y corredores comunitarios.

Este problema de la caducidad de los fondos se suma a otro mayor: el del incremento en los costos de proyectos debido al aumento en la inflación.

“También tienen una fecha de terminación que es para el año que viene y esto también conlleva tiempo en diseño, en permisos; que agencias como Pesca y Vida Silvestre endosen. Tienes esa consecuencia y también tienes la consecuencia de que, cuando se van a subastar, tienen un presupuesto asignado y se va por encima, y quién va a cubrir esa cantidad si el municipio no puede”, explicó el portavoz de los alcaldes.

Desde hace años, los municipios enfrentan la complicación de conseguir a contratistas para desarrollar los proyectos a gran escala debido al alza en los costos que superan el estimado original bajo el que se obligaron los fondos.

El problema es tal que muchas subastas son declaradas desiertas porque no van contratistas a licitar debido al incremento.

“A mí me aprobaron tres proyectos. Los dos que se subastaron ya se fueron por encima del presupuesto que teníamos para cada uno de ellos. Es bien complicada la situación”, describió González Otero.

Aunque tomaron apuntes, el personal de las oficinas congresionales que recibió a los alcaldes, básicamente, los refirieron a las de las agencias del gobierno central.

“Tenemos que hablar con las diferentes agencias. Mañana (el jueves pasado) tenemos reunión con FEMA, Rural Development y HUD para exponerle la situación, porque como eso va al gobierno central no va directamente a los municipios. Esos son fondos controlados por el gobierno central para que se den directrices de qué es lo que se va a hacer, que si de tres proyectos se pueden hacer dos (por ejemplo), porque el secretario de Vivienda dice que hay que esperar, que no nos puede decir cómo se comporta, pero sí ya el comportamiento es que (el costo) va por encima en todas las subastas”, contrastó.

A preguntas sobre qué piezas del rompecabezas se tendrían que ajustar para resolver estos problemas que llevan denunciándose desde hace años, el alcalde respondió: “Yo creo que FEMA no es el tranque. Creo que nuestra oficina local que recibe los fondos COR 3 tiene que agilizar la situación. En lugar de ser un ente facilitador, algunas veces lo que hace es poner piedras en el camino, poner más condiciones, más requisitos y eso, pues, hace la cosa más burocrática. La rotación de empleados en esa agencia es increíble. Cuando la gente empieza a aprender…se va ese técnico y viene otro… Tener contratistas de agencias privadas en la fase de administración, yo creo que eso es bien negativo para el funcionamiento”.

En junio pasado, Eduardo Soria Rivera, director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR 3) renunció al cargo por motivos familiares.

La gobernadora Jenniffer González designó a María Marín Colón como directora interina a partir del 1 de julio.

Marín Colón fungió como subdirectora en esa oficina desde febrero 2025.

También labora como Oficial Principal de Infraestructura y Operaciones en COR 3 desde el 2023.

Un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) divulgado a principios de mes reveló que un 75% de los fondos federales asignados para la red eléctrica en Puerto Rico afectada por los huracanes Irma y María no había sido desembolsado por las autoridades casi nueve años después.

Algunas de las causas para el retraso en los procesos, indica el reporte, son la revisión de proyectos, la rotación de personal, la complejidad en la financiación y la situación financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE).

Este periódico contactó el lunes a COR 3 para solicitar unas declaraciones en respuesta a los hallazgos de la GAO. A esta fecha, no hemos recibido el material.

El alcalde de Jayuya insistió en que los municipios pueden ayudar a LUMA Energy, compañía privada encargada de la transmisión y distribución de energía, para que avance con ciertas labores, pero que no se lo permiten.

González Otero mencionó el despeje de vegetación en las líneas eléctricas, uno de los proyectos con fondos obligados por FEMA que enfrenta retrasos.

“Yo creo que no se han buscado todas las alternativas correspondientes. Es parte de la situación. Nosotros, por ejemplo, le hemos dicho a la gente de LUMA que los municipios pueden ser el ente amigo para poder desarrollar muchos de los trabajos que tienen que desarrollar. Nos hemos reunido en muchas ocasiones y no ha surgido ninguna coordinación para, por ejemplo, el desganche de las líneas eléctricas, nosotros estamos disponibles. Primero se nos dijo que no porque no teníamos la expertis. Después de un año dijeron que sí, que lo podíamos hacer. Va más de un año y no se ha hecho nada, pues quiere decir que hay falta de toma de decisiones”, señaló el encargado del ayuntamiento ubicado en el centro de la isla.

El Diario también indagó sobre las conversaciones de miembros de la AAPR con personal del Departamento de Energía federal (DOE) sobre la redirección a la red eléctrica de fondos que habían sido asignados por el Congreso para paneles solares y baterías en hogares de bajos recursos y/o con pacientes vulnerables, así como centros de salud comunitarios.

El alcalde indicó que aunque “nosotros (la Asociación) entendemos que tenían que ir al servicio original (sistemas de energía solar)”, el DOE se mantiene en la posición de que los fondos para los programas “Acceso Solar” y “Comunidades Resilientes” no serán restituidos para su propósito inicial.

Datos adicionales de la jornada de cabildeo

Los otros alcaldes que participaron:

Fabián Arroyo Rodríguez – Lares
⁠ O’Brain Vázquez Molina – Guayama
José Hiram Soto Rivera – Adjuntas
Eric Enrique Bachier Román – Arroyo
Christian E. Cortés Feliciano – Aguada
Julia María Nazario Fuentes – Loíza
Rolando Ortiz Velázquez – Cayey
Alfredo Alejandro Carrión – Juncos
Ángel B. González Damut – Río Grande
Jorge Ramos – Mayagüez
Jesús Gerardo Márquez Rodríguez – Luquillo
Efrain “Franco” Barreto – Moca

Además del comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, la comitiva acudió a reuniones en las oficinas de los siguientes congresistas:

Don Davis – North Carolina (D)
Nellie Pou – Nueva Jersey (D)
Bennie Thompson – Mississippi (D)
Andrew Garbarino – Nueva York (R)
Ryan Mackenzie – Pennsylvania (R)
Ritchie Torres – Nueva York (D)
Don Bacon – Nebraska (D)
Eugene Vindman – Virginia (D)
Val T. Hoyle – Oregon (D)

La asociación también intercambió con la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser; con Ebone Clifton, directora de Programas de Servicios a los Miembros y Participación de National League of Cities, y con miembros del Grupo 21.

También mantuvieron reuniones con Carmen Feliciano, vicepresidenta de Políticas en Unidos US y con Gabriella Boffelli, directora ejecutiva de la oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington (PRFAA).

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