Departamento de Energía de EE.UU. confirma que no restituirán fondos federales para sistemas de placas solares en Puerto Rico
"Como resultado de las acciones del DOE, Puerto Rico no ha sufrido un apagón a escala insular desde abril de 2025", dijo el DOE a El Diario
Chris Wright es el secretario de Energía de Estados Unidos. Crédito: Archivo | AP
NUEVA YORK – El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) indicó que el dinero bajo el Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF) se continuará utilizando para “mejorar la resiliencia de la red eléctrica de la isla” y que no será restituido para programas de placas solares con baterías a hogares y clínicas de salud en la isla.
“El DOE continuará apoyando a los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico. Los fondos asignados al PR-ERF permanecerán en Puerto Rico y seguirán utilizándose para mejorar la resiliencia de la red eléctrica de la isla, en consonancia con la autoridad otorgada por el Congreso en la Ley de Asignaciones Consolidadas del Año Fiscal 2023”, indicó la agencia por medio de declaraciones escritas a El Diario.
Según el comunicado del DOE, la redirección de los fondos busca “respaldar soluciones prácticas, reparaciones de sentido común y actividades de emergencia” con el fin de reconstruir el sistema, hacerlo más confiable y asequible para una mayor cantidad de familias y empresas, y “no solo para unos pocos privilegiados”.
“Reequilibrar los fondos hacia la modernización de las centrales eléctricas y los trabajos críticos en la red implica solucionar primero los problemas fundamentales, para así poder abordar desafíos más complejos. El DOE ha determinado que redirigir los recursos restantes para subsanar las debilidades de infraestructura en los sectores de generación y transmisión mejorará la confiabilidad y la resiliencia del suministro eléctrico para todos los residentes de la isla”, expuso el personal del DOE en el escrito.
Como parte de la reasignación de los fondos federales, la agencia señaló que trabajan activamente con el Gobierno de Puerto Rico y otras partes interesadas a nivel local en la identificación de proyectos prioritarios que aborden “vulnerabilidades críticas de todo el sistema”.
La oficina argumentó que hay obras que no están cubiertas por FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) u otros programas federales que requerirán de inversión.
“Además, (el DOE) está implementando una estrategia a largo plazo que estabiliza el sistema actual para prevenir fallos, optimiza su rendimiento en aras de la eficiencia y la confiabilidad, y propicia su crecimiento mediante mejoras estratégicas en la generación y la infraestructura. Como resultado de las acciones del DOE, Puerto Rico no ha sufrido un apagón a escala insular desde abril de 2025”, resaltaron desde Energía federal.
De acuerdo con el DOE, los objetivos son satisfacer la demanda energética y abastecer de electricidad a la isla para trazar “un camino hacia la asequibilidad, la prosperidad, la seguridad nacional y el liderazgo energético”. La oficina añadió que se enfocan en medidas de mayor envergadura que “fortalezcan el rendimiento del sistema eléctrico, aumenten la resiliencia en áreas geográficas más amplias y reduzcan el riesgo de interrupciones del suministro”.
Las expresiones del DOE se dieron a raíz de una solicitud de este periódico en vista de los cuestionamientos de varios sectores sobre la cancelación de unos $700 millones asignados en diciembre de 2022 por el Congreso para sistemas de energía solar.
Partes interesadas, incluyendo organizaciones dentro y fuera de la isla y congresistas, han cuestionado la decisión administrativa del DOE, ya que alegan, entre otras cosas, que violenta el mandato legislativo sobre el uso que debe tener la partida que ascendía a $1,000 millones.
Al llamado se sumó recientemente la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR), que representa a más de 50% de los ejecutivos municipales en la isla.
En una carta a principios de este mes al secretario del DOE, Chris Wright, los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) manifestaron su preocupación e indignación por el freno en el financiamiento para los programas “Acceso Solar” y “Comunidades Resilientes”.
Los alcaldes plantearon que, contar con estos sistemas, es una salvaguarda para hogares vulnerables de bajos ingresos y/o personas discapacitadas o con enfermedades que requieren maquinaria médica con electricidad para sus tratamientos.
“Yo respetuosamente le comunico nuestra profunda preocupación, en realidad, indignación, por las recientes decisiones del Departamento de Energía de cancelar más de $700 millones en fondos bajo el Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF), aproximadamente, $365 millones cancelados el 30 de septiembre de 2025 y otros $350 millones el 9 de enero de 2026. De los, aproximadamente, 12,000 hogares aprobados (para recibir financiamiento) que se quedaron sin los sistemas solares con baterías, una mayoría sustancial reside en las municipalidades representadas por la Asociación”, lee parte de la misiva con fecha del 7 de mayo.
“Nuestros miembros son los primeros que responden, los primeros administradores, y muchas veces, el primer y último punto de contacto para esa familia. Es desde este punto que le comunicamos nuestra profunda preocupación sobre las cancelaciones del 30 de septiembre y el 9 de enero y respetuosamente la solicitamos al Departamento que reconsidere su decisión”, añadieron los funcionarios liderados por el presidente de la entidad, Jorge González Otero.
En una entrevista con este rotativo la pasada semana, González Otero afirmó que esperaban reunirse con el personal de la agencia federal a principios del próximo mes.
La información provista por el DOE no especifica sobre reuniones pautadas con oficiales electos en la isla u otros funcionarios próximamente.
Los demócratas en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes también le enviaron una carta a Wright y a su equipo en la que le requirieron información como parte del inicio de una investigación sobre el programa y su cancelación.
En el texto de la solicitud firmada por más de 40 congresistas se cuestionó la decisión de la agencia de redirigir los fondos sin especificar el uso que se les daría.
“La falta de transparencia del DOE, el uso ineficiente y reiterado de los fondos, el desprecio por la intención del Congreso y la cancelación potencialmente ilegal de contratos —sumados al consiguiente aumento de la pobreza energética y a la pérdida de seguridad energética— plantean serias interrogantes sobre el uso que el Departamento está haciendo del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (ERF). Solicitamos una sesión informativa como primer paso en nuestros esfuerzos por comprender los fundamentos de las decisiones adoptadas por el Departamento”, pidieron en el escrito del 23 de abril.
El esfuerzo estuvo encabezado por Jared Huffman (California), miembro de alto rango en el Comité de Recursos Naturales; Nydia Velázquez (Nueva York), Alexandria Ocasio-Cortez (NY) y el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández.
Esta semana, una fuente familiarizada con la discusión en el comité expresó a este medio que la pesquisa continúa.
La Ley de Asignaciones Consolidadas 2023 fue promulgada en diciembre de 2022. El paquete presupuestario incluía el financiamiento para los referidos programas.
Un resumen de la ley de los demócratas en el Comité de Asignaciones de la Cámara especifica que para “eficiencia energética y energías renovables”, el proyecto de ley asignaba una cifra récord de $3,500 millones, lo que representaba un aumento de $260 millones con respecto al nivel del año fiscal 2022.
“Esta financiación permite disponer de energía limpia, asequible y segura, y garantiza el liderazgo estadounidense en la transición hacia una economía global de energía limpia”, lee la descripción.
La Legislatura en Washington D.C. estableció que los fondos estarían disponibles hasta que se agotaran “para llevar a cabo actividades destinadas a mejorar la resiliencia de la red eléctrica de Puerto Rico, incluyendo subvenciones para hogares de bajos y moderados ingresos y hogares con personas con discapacidad para la compra e instalación de energías renovables, sistemas de almacenamiento de energía y otras tecnologías para la red eléctrica”.
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