EE.UU. celebra la salida de Venezuela de la CPI y pide a otros países abandonar el tribunal
La administración del presidente Donald Trump afirmó que la CPI mantiene una investigación sobre Nicolás Maduro desde 2018 "sin ningún resultado"
El Departamento de Estado dijo que Venezuela se suma a los esfuerzos de Washington para "desmantelar" a la CPI. Crédito: Shutterstock
El gobierno de Estados Unidos celebró este sábado la decisión del régimen de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) y aprovechó el anuncio para reforzar sus críticas contra el organismo, al que volvió a calificar de “corrupto”, “sin valor” y carente de legitimidad.
En un comunicado, el Departamento de Estado dio la bienvenida a la medida anunciada por Delcy Rodríguez aseguró que el chavismo se suma a los esfuerzos impulsados por Washington para “desmantelar” la Corte.
La administración del presidente Donald Trump afirmó que la CPI mantiene una investigación sobre Nicolás Maduro desde 2018 “sin ningún resultado” y sostuvo que el tribunal ha destinado recursos a investigar y acusar a ciudadanos de países con sistemas judiciales que considera “competentes e independientes”, pese a que esos Estados nunca aceptaron su jurisdicción.
Afirmó que esa actuación evidencia una “extralimitación”, además de un “sesgo político” y una “aplicación selectiva de la justicia”. El gobierno estadounidense reiteró que la Corte “no es creíble, independiente ni legítima”.
El comunicado también destacó que Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos, enfrenta procesos ante la justicia estadounidense por los delitos que presuntamente cometió. Asimismo, instó a todos los Estados parte a abandonar el Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la CPI.
La reacción de Washington se produjo un día después de que el régimen venezolano anunciara su decisión “firme e irrevocable” de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el proceso formal de retirada de la Corte.
El canciller venezolano, Félix Plasencia, argumentó que la CPI ha concentrado de manera “desproporcionada” sus investigaciones en países africanos y latinoamericanos, y acusó al tribunal de actuar con un sesgo ajeno a la justicia.
Añadió que, por instrucciones de Rodríguez, la notificación ya fue remitida al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.
Por su parte, Delcy Rodríguez sostuvo que la Corte ha desarrollado un historial de actuaciones dirigidas contra países del llamado “sur global” y defendió que Venezuela apuesta por un modelo de justicia internacional sustentado en el respeto a la soberanía de los Estados y al derecho internacional.
La investigación continúa
Tras el anuncio venezolano, la CPI lamentó la decisión y recordó que la salida del país no tendrá efecto inmediato.
El tribunal explicó que, de acuerdo con el Estatuto de Roma, Venezuela continuará siendo Estado parte durante un año a partir de la notificación formal de la denuncia, período en el que seguirá obligada a cooperar con las investigaciones y procedimientos ya abiertos.
La investigación sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela permanece abierta desde 2018, luego de una remisión presentada por varios Estados. El caso se centra en hechos ocurridos desde 2017 y, aunque el entonces régimen de Nicolás Maduro intentó detener el proceso alegando que la justicia venezolana ya investigaba esos hechos, la Corte autorizó en 2023 la reanudación de las pesquisas.
La posición de Estados Unidos frente a la CPI ha estado marcada durante años por el rechazo a su jurisdicción. Washington nunca ratificó el Estatuto de Roma y sostiene que el tribunal no tiene autoridad para juzgar a ciudadanos estadounidenses.
Durante su primer mandato, Trump impuso sanciones contra funcionarios de la Corte por investigar posibles crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán. Aunque esas medidas fueron posteriormente levantadas por el presidente Joe Biden, Estados Unidos mantuvo su oposición a cualquier intento de la CPI de ejercer jurisdicción sobre nacionales de países que no forman parte del tribunal.
En su segundo mandato, Trump retomó una política de confrontación con la Corte, especialmente tras las actuaciones relacionadas con Israel, insistiendo en que el organismo actúa con motivaciones políticas y excede las competencias para las que fue creado.
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