Juez en caso de Maduro fijó el inicio del juicio para el 1 de junio de 2027
La tercera comparecencia del exmandatario se produjo durante un espacio de 18 minutos, donde se le vio acompañado de su esposa, Cilia Flores, también imputada
Afirman que Maduro lució una contextura más delgada durante la audiencia. Crédito: Jesus Vargas | AP
El juez federal Alvin Hellerstein, quien está a cargo del caso del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, propuso este miércoles que el juicio empiece el próximo 1 de junio de 2027.
La decisión se produjo durante la tercera audiencia previa al juicio, la cual concluyó luego de 18 minutos, en la que lució vestido con un pantalón color caqui, manga corta. Estaba junto a su esposa, Cilia Flores, quien también está imputada.
Maduro, de 63 años, permanece bajo custodia en un centro penitenciario de Brooklyn luego de su detención por fuerzas estadounidenses en Caracas el 3 de enero.
Cargos contra Maduro
Las autoridades judiciales imputaron al dirigente cuatro cargos federales: conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para la posesión de dicho armamento.
En el mismo expediente se encuentra procesada Flores, su esposa de 69 años, quien enfrenta tres cargos penales. Ambos imputados desestimaron las acusaciones formuladas en su contra. Durante la comparecencia inicial ante la corte de Nueva York, Maduro manifestó ser un “prisionero de guerra”, según señaló AFP.
Financiamiento de la defensa y acuerdo entre partes
La definición de las fechas del proceso se logró después de que el fiscal federal Jay Clayton notificara mediante una carta al juez Alvin Hellerstein la coincidencia entre la acusación y la defensa para iniciar el debate oral a mediados del próximo año.
La fijación del calendario se concretó luego de que la administración de Donald Trump permitiera la liberación de fondos venezolanos destinados al pago de la representación legal de la pareja.
Bloqueos previos derivados de las sanciones financieras a Venezuela impedían el uso de esos recursos, situación que llevó a la defensa a requerir la desestimación del expediente por considerar vulnerado el derecho constitucional a elegir abogado.
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