Qué dice la resolución aprobada por el Partido Demócrata (DNC) contra proyecto para limitar ciudadanía por nacimiento en territorios

NUEVA YORK – El Comité Nacional Demócrata (DNC) aprobó una resolución el sábado en la que rechazó la legislación presentada por el congresista republicano Morgan Griffith para limitar la ciudadanía por nacimiento en territorios como Puerto Rico y emplazó al Congreso a actuar para viabilizar una solución permanente al problema del estatus.

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“El Comité Nacional Demócrata se opone inequívocamente a la Ley para Poner Fin a la Ciudadanía por Nacimiento en los Territorios y a cualquier legislación que pretenda menoscabar, restringir, redefinir o cuestionar la ciudadanía o los derechos constitucionales de las personas nacidas en Puerto Rico o en los territorios de los Estados Unidos”, reza parte de la declaración.

La resolución que coauspiciaron 62 miembros del comité fue presentada por el presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico (PDPR), Luis D. Dávila Pernas.

Los demócratas ratificaron el documento en el pleno del DNC como parte de su reunión de verano en Austin, Texas.

Dos días antes, el Comité de Resoluciones del DNC le dio paso a la medida.

La “Resolución que reafirma el compromiso del Partido Demócrata de proteger los derechos constitucionales y la ciudadanía en los territorios de los Estados Unidos” establece que el H.R. 9724 confirma que los habitantes de Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes, Islas Marianas del Norte y Samoa Americana continúan viviendo bajo regímenes territoriales en los que el Congreso ejerce una autoridad “extraordinaria” sobre aspectos fundamentales de su relación política y constitucional con EE.UU.

“La reciente presentación de la Ley para Poner Fin a la Ciudadanía por Nacimiento en los Territorios (“End Birthright Citizenship for Territories Act”) demuestra que el Congreso sigue afirmando su autoridad para legislar de manera diferente respecto a la ciudadanía en los territorios de EE.UU. en comparación con los ciudadanos que residen en los 50 estados”, señala la medida.

Este trato desigual, argumenta el escrito, se basa en la Cláusula Territorial de la Constitución federal y en la “infame” doctrina de incorporación territorial de los Casos Insulares del Tribunal Supremo.

“Los expertos en derecho constitucional han señalado que, dado que la ciudadanía estadounidense en Puerto Rico deriva de una ley federal y no de la condición de estado, el Congreso ha reclamado históricamente la autoridad para modificar, limitar o redefinir aspectos de dicho marco legal de formas que no son posibles respecto a los ciudadanos que residen en los estados, lo que subraya la continua incertidumbre constitucional generada por el estatus territorial”, plantea la resolución.

Los suscribientes consideran que la “ciudadanía de segunda clase” que aplica a los territorios es también un asunto de derechos civiles “que exige un liderazgo nacional renovado, congruente con el compromiso histórico del Partido Demócrata con la igualdad, democracia y la justicia para todos los estadounidenses”.

Los demócratas además resaltan que la reciente legislación introducida por el representante de Virginia no es una propuesta legislativa aislada, sino “un recordatorio de que el estatus territorial en sí mismo deja los derechos fundamentales vulnerables a futuras acciones del Congreso, reforzando así la urgente necesidad de resolver de manera definitiva el estatus político de Puerto Rico”.

A través de la resolución, se establece además que el DNC trabajará con el liderato demócrata en los cinco territorios para promover la igualdad de ciudadanía, el autogobierno democrático y la plena protección de los derechos constitucionales de todos los que residen en los territorios de EE.UU.

Reafirman compromiso con la Ley de Estatus de Puerto Rico

La resolución provista a El Diario también incluye encasillados en los que el organismo reafirma su apoyo con la plataforma de gobierno de 2024 para que el Congreso “vuelva a considerar y promulgue la Ley de Estatus de Puerto Rico (Puerto Rico Status Act)” que dispone un plebiscito entre opciones no territoriales que lleve a solución permanente del estatus político.

El H.R. 8393 fue aprobado en la Cámara de Representantes en diciembre de 2022. El proyecto de ley incluye como alternativas viables de estatus la independencia, la estadidad y la libre asociación.

“Al recuperar las mayorías de gobierno en la Cámara de Representantes y el Senado de EE.UU., así como en la Casa Blanca, la promulgación de una ley que resuelva permanentemente el estatus político de Puerto Rico será una prioridad legislativa conforme a los compromisos contenidos en la Plataforma del Partido Demócrata y a los principios históricos de igualdad de ciudadanía, igualdad de representación y autogobierno democrático”, establece la resolución.

El texto añade que, dado que los puertorriqueños han expresado “reiterada y democráticamente” su apoyo a la admisión de la isla como estado de la Unión, el DNC “reconoce que la estadidad sigue siendo el único estatus político que garantiza permanentemente la igualdad de derechos constitucionales, la igualdad de representación en el gobierno federal y la permanencia de la ciudadanía estadounidense en igualdad de condiciones con cualquier otro ciudadano estadounidense”.

Según el texto, Puerto Rico ha rechazado la condición territorial y ha votado a favor de esa opción de estatus en cuatro plebiscitos consecutivos (2012, 2017, 2020 y 2024).

“En este último, se utilizaron las mismas definiciones de estatus adoptadas por el Congreso en la Ley del Estatus de Puerto Rico, y el 58.61% de los votantes optó por la estadidad”, destaca la resolución.

Dávila Pernas agregó que en tanto Puerto Rico continúe siendo un territorio, la aplicabilidad de la ciudadanía estadounidense está sujeta a los poderes del Congreso.

“El proyecto de ley que pretende limitar la ciudadanía por nacimiento en los territorios demuestra que el riesgo de perderla es real y no teórico. La única manera de asegurar nuestra ciudadanía de forma permanente es logrando la igualdad política conferida por la estadidad. Ningún puertorriqueño debería tener que preguntarse si un futuro Congreso puede alterar los derechos fundamentales que definen su ciudadanía americana”, planteó el PDPR.

En declaraciones escritas a El Diario, Griffith defendió su legislación bajo la premisa de que no se debe abusar del privilegio.

La medida surgió en respuesta a la decisión del Supremo en contra de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump con la que buscaba restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de padres indocumentados o con estatus temporal.

“El fallo de la Corte Suprema en el caso ‘Trump v. Barbara’ dificulta la implementación de tales reformas sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento dentro de los propios estados. Sin embargo, gracias a otras decisiones de la Corte Suprema y de los tribunales de apelación —una de ellas tan reciente como 2021—, podemos aplicar estas reformas en los territorios simplemente mediante un proyecto de ley”, indicó el congresista a este medio.

Para respaldar su argumento, el legislador federal se refirió al llamado “turismo de parto” o “de nacimiento”, que es la práctica de viajar a un país para dar a luz y que el recién nacido adquiera automáticamente la ciudadanía de la nación. Según el republicano, la modalidad es común en Guam y las Islas Marianas del Norte con nacionales de China.

La medida reserva la ciudadanía por nacimiento en los territorios únicamente a aquellos hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales.

Expertos en el tema de ciudadanía por nacimiento en los territorios han alertado que la falta de precisión en el borrador del proyecto de ley deja la puerta abierta para una implementación generalizada de la restricción.

El 6 de agosto pasado, Trump anunció dos nuevas órdenes ejecutivas que buscan limitar ese derecho.

Una de estas establece ciertas categorías de hijos de extranjeros que no cubre el dictamen emitido por el Supremo con respecto a la ciudadanía por nacimiento bajo la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.

La última categoría identifica a personas que nacen en un territorio o en aguas territoriales de EE.UU. donde la ciudadanía no se confiere mediante ley federal. Al momento, de los territorios, el único que no cuenta con ciudadanía por ley federal es Samoa Americana, donde sus residentes son nacionales de EE.UU.

El segundo decreto responde al llamado turismo de nacimiento. La medida administrativa instruye a agencias como el Departamento de Estado (DOS) y a la de Seguridad Nacional (DHS) a adoptar y actualizar normas y políticas para incluir acciones que impidan la entrada a EE.UU. o la concesión de cualquier visado u otra autorización de viaje a cualquier extranjero que entre o intente entrar al país con el fin de participar en esta práctica.

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