Expertos alertan sobre impacto en territorios como Puerto Rico de nuevas órdenes ejecutivas de Trump contra la ciudadanía por nacimiento

NUEVA YORK – Mediante las nuevas órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump contra la ciudadanía por nacimiento, la Administración buscaestablecer diferencias entre ese derecho en los territorios, que es estatutario (otorgado mediante ley del Congreso), versus el que aplica a los estados y que se considera de rango constitucional, coincidieron expertos legales y una representante de organizaciones sin fines de lucro.

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Para el profesor Andrés L. Córdova Phelps, la distinción que hace Trump a través de la orden ejecutiva 14418, titulada “Continuando con la protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, expone la vulnerabilidad de la ciudadanía por nacimiento otorgada por ley que aplica a jurisdicciones como Puerto Rico.

“Usa un lenguaje interesante al decir, ‘excepto que hayan nacido en los territorios cuya ciudadanía es estatutaria’. Ese lenguaje es preocupante porque da a entender que la ciudadanía de los puertorriqueños, Islas Vírgenes, Guam, Islas Marianas del Norte es estatutaria y, por lo tanto, no tiene la protección de la Decimocuarta Enmienda (de la Constitución de Estados Unidos)”, analizó el catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en entrevista con El Diario.

El también expresidente del comité asesor de Puerto Rico de la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos (USCCR) planteó que territorios como Samoa Americana, donde sus residentes cuentan con nacionalidad estadounidense, pero no ciudadanía, podrían enfrentar mayores retos a la luz de las dos nuevas órdenes firmadas por el mandatario.

“Eso quiere que, de todos los territorios que no tienen ciudadanía americana (estadounidense), la que no está reconocida estatutariamente es la de Samoa Americana. Los samoanos son nacionales de EE.UU. Ese lenguaje, decir los que tienen ciudadanía americana por virtud de estatuto federal, parece sugerir que la ciudadanía de los puertorriqueños, Islas Vírgenes y Guam no está protegida por la Decimocuarta Enmienda”, reflexionó Córdova Phelps.

“En el caso de los territorios, en la medida en que tengan la ciudadanía por estatuto, están protegidos por el estatuto, no por la Decimocuarta Enmienda. Yo creo que esa es la tesis de la Administración Trump”, reiteró el presidente de la Junta de Educación Jurídica Continua (JEJC) del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

El presidente firmó dos decretos el 6 de agosto en respuesta al fallo en “Trump v. Barbara” el 30 de junio pasado. El 14418 se refiere a ciertas categorías de hijos de extranjeros que no cubre el dictamen emitido por el Supremo a favor de la ciudadanía por nacimiento con base en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. En una decisión 5-4, el máximo foro determinó que a los hijos de padres indocumentados o con estatus temporal nacidos en EE.UU. les aplicaba ese derecho.

De acuerdo con la nueva orden ejecutiva de Trump, ningún departamento o agencia del poder ejecutivo emitirá documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense a personas, ni aceptará documentos emitidos por gobiernos o autoridades estatales, locales o de otro tipo que pretendan reconocer dicha ciudadanía, cuando ninguno de los progenitores sea ciudadano y se aplique ciertas categorías.

Entre estas se encuentra que uno de los progenitores de la persona sea un extranjero enemigo, definición que incluye a cualquier miembro de una Organización Terrorista Extranjera designada conforme a la sección 1189 del título 8 del Código de los Estados Unidos o a un Terrorista Global Especialmente Designado, según la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional; que uno de los progenitores sea empleado de un gobierno extranjero, como embajadores, o que sean empleados por una embajada o consulado extranjero que sean nacionales de dicho país extranjero.

Otro de los incisos menciona el caso en que uno de los progenitores haya participado en una transacción comercial para comprar o acceder a la ciudadanía por derecho de nacimiento para dicha persona, o participó en actividades fraudulentas para obtener la ciudadanía.

La última categoría identifica a personas que nacen en un territorio o en aguas territoriales de EE.UU. donde la ciudadanía no se confiere mediante ley federal.

La orden 14419, nombrada “Poner fin al turismo de nacimiento”, se refiere, específicamente, a esa práctica al señalar que “socava la integridad del sistema de inmigración de la nación al permitir que ciudadanos extranjeros se aprovechen de su admisión temporal para obtener beneficios migratorios permanentes”.

A través de la firma, Trump instruyó a agencias como el Departamento de Estado (DOS) y a la de Seguridad Nacional (DHS) a adoptar y actualizar normas, políticas y directrices para incluir acciones que impidan la entrada a EE.UU. o la concesión de cualquier visado u otra autorización de viaje a cualquier extranjero que entre o intente entrar al país con el fin de participar en el turismo de nacimiento.

También ordena a las oficinas a revocar el visado o la autorización de viaje y prohibir permanentemente la entrada a cualquier extranjero que entre o intente entrar a EE.UU. el fin de participar en esa práctica, así como denegar la entrada o expulsar a cualquier extranjero que haya participado previamente o planee participar en el turismo de nacimiento, entre otras acciones.

A juicio del académico, en términos prácticos, la orden puede hacer mucho, ya que le da “apoyo normativo” a los funcionarios del Ejecutivo para que actúen en casos en los que las personas no tengan la protección de la Decimocuarta Enmienda (de la Constitución federal).

“Recuérdate que la orden ejecutiva en el primer inciso lo que hace es que ordena a todas las entidades del Ejecutivo a no reconocer la ciudadanía de las personas que tengan algún tipo de evidencia de haber nacido en los EE.UU. si reúnen las características que más adelante detalla la propia orden. Eso quiere decir que todos los oficiales de Seguridad Nacional (DHS), Patrulla Fronteriza (CBP), van a actuar conforme a esa orden ejecutiva”, resaltó el licenciado.

Carlos Chévere Lugo, abogado experto en derecho constitucional y territorial, resaltó que las agencias podrían proceder acorde con las órdenes aún cuando estuvieran violentando la ley.

“Las agencias pudieran seguir el mandato de la orden ejecutiva porque responden al mandato ejecutivo, pero no necesariamente están actuando dentro de la ley, porque no es una ley, es una orden ejecutiva. Si fuera una ley que se originó en el Congreso por uno de los cuerpos, fuera aprobada y firmada por el presidente, pues ahí estaríamos hablando de otra situación”, expuso también en entrevista con este medio el profesor de St. Mary’s University School of Law, en San Antonio, Texas.

El especialista afirmó que, si la ciudadanía en territorios como Puerto Rico fuera considerada de rango constitucional, sus residentes estarían menos expuestos a vaivenes o acciones de corte político.

“Todo este debate sobre la ciudadanía es importante para los territorios, porque constitucionalmente un argumento más fuerte sería poder decir que este es el sentido original y correcto de la Decimocuarta Enmienda. Los territorios se supone que tengan ciudadanía de rango constitucional. Lo que pasa es que eso cambió con los Casos Insulares (jurisprudencia del Tribunal Supremo que se remonta a principios del siglo pasado) y, eventualmente, cuando ellos nos dieron la ciudadanía por ley federal, fue prácticamente para nacionalizarnos. Pero, la ciudadanía no deja de ser importante para los territorios, porque sería de mayor protección que digan que los territorios tienen ciudadanía de rango constitucional, no de una ley federal, porque en cualquier momento puede venir un congresista y pedir que nos quiten la ciudadanía prospectivamente a los que nazcan aquí en el territorio (Puerto Rico)”, alertó.

“Lo que él (Trump) está diciendo es que cuando a él le salga de los pantalones o a cualquier político, podemos quitar la ciudadanía que es por vía estatutaria. La constitucional, tú naces y tienes la ciudadanía y nadie te la puede quitar”, continuó.

Chévere Lugo anticipó que la Administración extenderá la presión tanto como pueda por una decisión judicial que se traduzca en más excepciones a la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.

“Para mí, todas estas clasificaciones siguen siendo inconstitucionales, porque el texto de la Constitución es bastante claro. Lo que él (Trump) está tratando de hacer es seguir forzando la jugada para ver si eventualmente hay otra decisión que diga que las excepciones (a la ciudadanía por nacimiento) son válidas”, adujo.

El licenciado dijo que lo más que le preocupa de las categorías de personas en la orden ejecutiva es la que alude a organizaciones terroristas.

“Eso es bien subjetivo. ¿Qué es una organización terrorista? Cualquier organización que entiendan que no persigue tus intereses o ideología, tú la puedes clasificar dentro del Departamento de Estado como una organización terrorista…”, indicó Chévere Lugo.

Julietta López, vicepresidenta de Asuntos Federales y Movilización de la Red de Hispanic Federation (HF), catalogó como “extremadamente preocupante” la movida de Trump en vista de que el Supremo ya se pronunció al respecto.

“Ya la Corte Suprema se pronunció sobre esto y es un desafío a la Constitución y a la propia Corte Suprema que es intérprete y defensora de la Constitución y la máxima autoridad que tenemos. Claro que el presidente está intentando ver si puede eludir la Corte y la Constitución…”, sostuvo.

López coincidió en que, en el caso de los territorios, la Administración diferencia el alcance de ese derecho con base en origen y geografía.

“Estamos preocupados de cuál va a ser el impacto de la orden en territorios como Puerto Rico, porque la ciudadanía es por estatuto, y la orden en general está tratando a los ciudadanos de manera diferente, según la geografía y origen. Estamos preocupados de que esto sea otra instancia en la que los puertorriqueños, que ya sabemos que están enfrentando desafíos económicos y políticos, vayan a tener problemas accediendo a servicios y a las agencias federales. Tienen acceso porque son ciudadanos. Esto sí va a impactar”, expresó.

Para la portavoz de la organización sin fines de lucro, las órdenes ejecutivas demuestran la campaña de la Administración para tratar de manera distinta a los ciudadanos estadounidenses en dichas jurisdicciones.

“Se sabe que el presidente ha tenido el ojo en Puerto Rico varias veces y quiere tratar a los residentes y ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico diferente a los ciudadanos que viven en los 50 estados. Esto es otra manera en la que él puede seguir diferenciando los puertorriqueños que viven en la isla y los que están en los estados”, apuntó.

La entrevistada, quien laboró en la oficina del líder de la mayoría del Senado, Charles “Chuck” Schumer, añadió que la HF ha pedido al Congreso que legisle para fortalecer las garantías de la ciudadanía por nacimiento en territorios como Puerto Rico.

“Hay que proteger la ciudadanía en lugares como Puerto Rico. En ningún momento, los puertorriqueños pidieron ser ciudadanos. Eso fue algo impuesto. Hay que proteger eso y ver si el Congreso puede codificar los derechos de la ciudadanía por nacimiento. Que, si vives en EE.UU. o en los territorios, tienes acceso a tu ciudadanía porque es tu derecho…Tenemos la amenaza del presidente. Esto es algo que está en nuestra Constitución. Con tanto problema en la economía, con seguro médico, es en lo que (el Gobierno) debería estar concentrado. Pero, en vez de eso, estamos distraídos con lo que está haciendo el presidente”, cuestionó.

Demanda de la ACLU contra órdenes ejecutivas

López agregó que apoyarán cualquier pleito que llegue a los tribunales en desafío a las órdenes ejecutivas.

El martes, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Legal Defense Fund, Asian Law Caucus y el Democracy Defenders Fund solicitaron a un tribunal federal que aclare de manera “inequívoca” que la ciudadanía de los bebés amparados bajo la demanda colectiva está protegida, a pesar de la nueva orden ejecutiva.

Aparte de los decretos de principios de mes, Morgan Griffith, el representante republicano de Virginia, introdujo previamente la legislación “End Birthright Citizenship for Territories Act” (Ley para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en los territorios).

El proyecto de ley reserva la ciudadanía por nacimiento en los territorios únicamente a hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales.

En declaraciones escritas a El Diario, el congresista manifestó que el fin del H.R. 9724 es detener el abuso a las leyes migratorias que facilitan el llamado turismo de parto.

“El pueblo de EE.UU., incluidos los territorios, no merece ser objeto de abusos por parte de ciudadanos extranjeros inescrupulosos que no respetan las leyes de inmigración estadounidenses. Peor aún son aquellos que vienen a EE. UU. para tener a sus hijos sin intención alguna de criarlos para que formen parte del tejido social estadounidense; tal es el caso de los ciudadanos de la República Popular China que viajan en avión a Guam o a las Islas Marianas del Norte para tener a su ‘bebé estadounidense’ y luego regresan a China para criar a estos ‘ciudadanos estadounidenses’ dentro de la China comunista”, mencionó el republicano.

Para Chévere Lugo, las medidas anteriores reflejan discrimen hacia los territorios y la aplicación distinta de los derechos constitucionales.

“Demuestra la discriminación patente que aún existe contra los territorios…Los Casos Insulares pasaron hace casi medio siglo y tenemos que acabar con eso. Esto todavía refleja la alta discriminación que hay contra los territorios y que hay sectores políticos en EE.UU. que ven a la gente que habita en los territorios como lo que hablan de los migrantes”, comparó.

Los Casos Insulares prácticamente le dan al Congreso la facultad de legislar con respecto a los territorios de EE.UU., incluyendo en temas como la ciudadanía.

Los Casos Insulares fueron una serie de decisiones que tomó el Supremo que se remontan al siglo pasado. Bajo los casos se estableció un marco legal que legitima la gobernanza desigual hacia los territorios adquiridos por EE.UU. después del 1898.

Las decisiones definieron y diferenciaron entre “territorio incorporado” y “territorio no incorporado” y se le consideran la justificación legal para tratar a los ciudadanos en territorios como Puerto Rico de manera discriminatoria.

Cuestionan cifras de “turismo de parto”

Los expertos pusieron en cuestionamiento los argumentos relacionados con el turismo de parto en los que se sustentan las recientes acciones de republicanos contra la ciudadanía por nacimiento.

“Yo creo que parece más anecdótico que basado en la evidencia empírica…Dicho eso, también reconocer que, de haber esa práctica, que imagino que ocurrirá de tiempo en tiempo, ocurre a la sombra de la legalidad. Así que poder identificar esa práctica como una común tiene los mismos visos de dificultad empírica de la conducta criminal. Así que yo creo que es más anecdótico que verdaderamente un problema”, analizó Córdova Phelps.

Para el educador, algunos miembros del partido utilizan el discurso como un “gancho electoral”.

“Yo creo que, en el caso del voto hispano, el Partido Republicano ya se le fue la guagua. Yo creo que la realidad que hemos vivido en los últimos dos años, año y medio, es bastante evidente de que no le interesa el grupo hispano y no están mejor servidos por esta Administración…”, puntualizó.

Chévere Lugo se expresó en la misma dirección.

“Usan la demagogia y la desinformación, como vivimos en un mundo posverdad donde cada vez es más difícil distinguir qué es lo cierto y qué es lo falso, usan esos argumentos”, opinó.

Añadió: “No hay estadísticas o no han mostrado estadísticas acerca de eso. Ni siquiera aquí en Puerto Rico pudieran decir que tienen estadísticas de cuántos dominicanos cruzan en yola para simplemente parir aquí en Puerto Rico, por darte un ejemplo. Todo eso, siguen siendo mensajes demagogos de políticos que demuestran su sentir y su discriminación contra los inmigrantes”.

Según datos que citó un informe de la BBC, la estimación de Migration Policy Institute con base en datos del censo, arrojó que cada año nacen en EE.UU. entre 22,000 y 26,000 bebés bajo esa modalidad. Las estadísticas del grupo no partidista apuntaron a que en el 2024 se produjeron 9,600 nacimientos de madres con residencia en el extranjero.

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