Corte Suprema de EE.UU. permite a Trump continuar el polémico salón de baile en la Casa Blanca

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes a la administración de Donald Trump a continuar con la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, valorado en $400 millones de dólares, mientras avanzan las demandas que cuestionan la legalidad del proyecto. La decisión supone una importante victoria para el presidente, quien impulsa una profunda remodelación del complejo presidencial.

La resolución, adoptada aparentemente por 5 votos contra 4, dejó sin efecto una orden provisional que había frenado las obras a comienzos de agosto, publicó AP. El proyecto había sido detenido previamente por tribunales federales bajo el argumento de que la construcción requería la aprobación del Congreso.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, se apartó de la mayoría y redactó una dura opinión disidente. Los tres magistrados de tendencia liberal se sumaron a su posición.

Roberts advirtió que el proyecto es “probablemente ilegal” porque la administración no puede ejecutarlo de manera unilateral sin autorización del Congreso. “La decisión de hoy no representa una victoria para la separación de poderes”, escribió.

La mayoría del tribunal no resolvió si el salón de baile es legal o si Trump tiene autoridad para ordenar su construcción. En cambio, determinó que el National Trust for Historic Preservation, la organización que presentó la demanda, probablemente no cuenta con legitimidad jurídica suficiente para impugnar las obras.

La organización conservacionista sostiene que el presidente carece de autoridad unilateral para ejecutar el proyecto, que ya ha implicado la demolición del Ala Este de la Casa Blanca. Sus abogados acusaron a la administración de intentar acelerar los trabajos para dificultar una eventual intervención de los tribunales.

Trump acelera las obras

La administración Trump ha defendido ante los tribunales que el presidente posee amplias facultades para renovar la Casa Blanca y otros edificios federales. También ha sostenido que el salón de baile es necesario por razones de seguridad nacional, un argumento que adquirió mayor relevancia durante el litigio pese a que no fue el eje inicial del anuncio del proyecto.

Trump había presentado originalmente la obra como un proyecto que sería financiado mediante donaciones privadas. Los documentos judiciales señalan que los equipos trabajan hasta 20 horas diarias en la construcción del salón, que tendrá unos 8,400 metros cuadrados.

La administración prevé que la estructura esté terminada en noviembre, mientras que una parte importante de la fachada quedaría lista en abril. La finalización completa está prevista para agosto de 2028.

El juez federal Richard Leon había ordenado en abril detener las obras en superficie, aunque permitió que continuaran determinados trabajos relacionados con búnkeres e instalaciones militares subterráneas.

Leon, designado por el expresidente republicano George W. Bush, fue posteriormente respaldado por un tribunal federal de apelaciones dividido. Dos jueces nombrados por presidentes demócratas concluyeron que el proyecto correspondía al Congreso y no podía ser ejecutado únicamente mediante la autoridad presidencial. El tercer juez, designado por Trump, consideró que el grupo conservacionista no tenía legitimidad para presentar la demanda.

El procurador general D. John Sauer defendió esta última posición ante la Corte Suprema y calificó de “extraordinaria e ilegal” la orden que suspendió las obras. También argumentó que completar el proyecto es “vital para la seguridad nacional”.

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