Amnistía Internacional pide abolir ICE tras abusos en operativos migratorios de Trump

Amnistía Internacional pidió este jueves al Gobierno de Estados Unidos abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de documentar lo que la organización describe como un patrón recurrente de violaciones de derechos humanos durante operativos migratorios en cuatro zonas del país.

El informe, titulado “Teníamos silbatos, ellos tenían armas”: violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para abolir el ICE, analiza las actuaciones de agentes federales en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington D.C.

La investigación se basa en entrevistas con 154 personas y sostiene que los abusos registrados no fueron hechos aislados, sino parte de patrones que se repitieron durante las operaciones examinadas.

Amnistía documentó denuncias de discriminación racial, detenciones arbitrarias, intimidación, uso injustificado de la fuerza, represión de protestas y condiciones de detención que, según la organización, podrían vulnerar normas internacionales contra la tortura.

Uso de fuerza letal y detenciones incomunicadas

Entre los casos analizados, la organización documentó el uso de fuerza letal contra siete personas en Chicago, Minneapolis-St. Paul y Washington D.C.

Amnistía cuestionó además algunas versiones oficiales sobre los tiroteos y señaló que, en determinados casos, fueron contradichas por videos, testimonios de testigos o investigaciones posteriores.

El informe también recoge acusaciones de detenciones en régimen de incomunicación y posibles desapariciones forzadas. Según la organización, en algunos casos ICE se negó a confirmar si determinadas personas permanecían bajo custodia o a informar sobre su paradero a familiares y abogados.

Amnistía afirma además que agentes federales utilizaron gases lacrimógenos, gas pimienta y otros dispositivos considerados menos letales contra manifestantes, observadores y miembros de equipos de respuesta comunitaria durante operaciones en Chicago y Minneapolis-St. Paul.

La organización denunció asimismo que agentes actuaron con frecuencia con el rostro cubierto, sin identificación visible y en vehículos sin distintivos. Según el informe, las violaciones documentadas rara vez fueron seguidas por investigaciones independientes y efectivas o por mecanismos significativos de rendición de cuentas.

Denuncian perfiles raciales durante las operaciones

Amnistía sostiene que agentes de ICE, la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales seleccionaron a personas que consideraban migrantes basándose, entre otros factores, en su raza, color de piel, nacionalidad, etnia, idioma o acento.

El informe señala que las operaciones también afectaron a ciudadanos estadounidenses, personas con estatus migratorio regular, solicitantes de asilo, refugiados y miembros de comunidades indígenas.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional USA, Nadia Daar, afirmó que las prácticas documentadas muestran que los abusos han alcanzado un nivel que, a juicio de la organización, requiere una respuesta institucional.

“Agentes federales enmascarados y armados atacando impunemente a personas en las calles no hacen que nuestras comunidades sean más seguras: ponen a todo el mundo en peligro”, declaró Daar.

La organización sostiene que las violaciones no pueden atribuirse únicamente a actuaciones individuales de agentes, falta de entrenamiento o fallas aisladas de supervisión. Según su investigación, existe un entorno institucional en el que las prácticas violentas y discriminatorias fueron respaldadas y ampliadas durante la Administración Trump.

Por ello, Amnistía concluye que las reformas parciales no son suficientes y reclama la abolición inmediata de ICE como paso necesario para establecer un sistema de control migratorio que cumpla con las obligaciones internacionales de derechos humanos.

Además de abolir la agencia, la organización pidió poner fin a las políticas de detención y deportación masivas que considera abusivas, eliminar las prácticas de control migratorio basadas en perfiles raciales, investigar de manera independiente las denuncias contra agentes y detener el uso ilegal de tecnologías de vigilancia y reconocimiento facial.

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