Colima, de las puertas abiertas a las fosas clandestinas

MEXICO – El 23 de noviembre de 2013, los colimenses tuvieron muy claro que las cosas  no volverían a ser como antes, cuando las autoridades se ufanaban de que en Colima ––ubicada entre Jalisco y Michoacán–– las casas nunca cerraban las puertas con llave porque era el estado más seguro del país.

Las cifras de años atrás justificaban la estrategia turística y política: en nueve años (del 2000 al 2009) se perpetraron sólo 50 asesinatos en toda la entidad. Esto es alrededor de tres muertes violentas cada año en tiempos en que la Ciudad de México se cometía el mismo número de delitos pero… cada día.

Aquel fin de semana del invierno de 2013 una página en Facebook con el nombre de “Sinaloa ya está en Colima” saltó de las redes sociales a los medios de comunicación y de ahí a la opinión pública con un mensaje preciso: el cartel homónimo estaba dispuesto a declarar la guerra al cartel predominante: el Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“No sé permitirá el cobro de piso a los comerciantes; se exterminará a los extorsionadores, violadores, secuestradores, asaltantes de transeúntes e integrantes del CJNG. Sinaloa ya está en Colima. Ya llegó la barredora, la que trabaja las 24 horas”.

Desde entonces quedó demostrado con creces que tanto esta organización criminal como sus archirrivales que habían controlado la zona hasta el momento trabajarían día y noche para lograr sus objetivos y dejar un reguero de cuerpos y fosas clandestinas que hasta la fecha siguen horrorizando a la otrora pacifista sociedad.

En las últimas horas se localizaron 11 fosas clandestinas con 19 cuerpos en la comunidad de Santa Rosa que podrían multiplicarse por cientos dados los reportes de desaparecidos que oficialmente suman 593 más la cifra negra.

En 2018, Colima sumó 725 asesinatos (más de dos al día) en la entidad más pequeña del país que no rebasa el millón de habitantes y ya se convirtió en la más peligrosa para las mujeres con 3.37 feminicidios por cada 100,000 mujeres.

“Del pleito entre cárteles nunca sale ilesa la sociedad”, advirtió José Fernández Santillán, analista de seguridad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. “Los gobernantes lo saben y por eso centran su discurso en el combate a éstos en lugar de hablar de los daños colaterales”.

En el año 2016, cuando los homicidios se dispararon a uno cada 11 horas, el gobernador José Ignacio Peralta, dijo ante el congreso que “daría resultados” para hacer frente al problema o “renunciaría”; tres años después, sostiene que “sigue investigando” y ni siquiera nombra a los cárteles en conflicto por su nombre aunque reconoció la presencia de fosas clandestinas y prometió tratar de identificar a las personas.